Después de que el viernes el presidente Gustavo Petro lanzó el globo de que iba a convocar una Asamblea Constituyente, ayer explicó en una entrevista en El Tiempo y en un trino qué es lo que quiere hacer. La conclusión que se puede sacar entre líneas es que ya se bajó de la idea de convocar una Constituyente, pero que usará la idea como una herramienta más de agitación popular con miras al 2026.
En la entrevista cuando Andrés Mompotes, director de El Tiempo, le pregunta qué ruta tiene en mente para convocar la Constituyente y qué pasos y fechas prevé, el presidente se descarga de la responsabilidad de presentar un proyecto de ley para convocar una Asamblea Constituyente, que sería el camino institucional para reemplazar la Constitución de 1991 por otra, y lo delega en las organizaciones sociales:
“Es un proceso constituyente. El primer paso, y ese fue el discurso de Puerto Resistencia (en Cali), es organizar los comités municipales, es decir que las organizaciones de base municipales se movilicen, se junten; convocar al pueblo a la movilización, a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la Constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes.”
Con esa delegación de la responsabilidad en el “pueblo” el presidente parece haber llegado a la misma conclusión de los expertos en política: si el presidente no ha tenido la fuerza política para sacar adelante una ley ordinaria como su reforma a la salud, menos la tendría para armar la mayoría calificada que necesita para que el Congreso le apruebe una Constituyente. Sin decirlo, la entrevista de El Tiempo indica que Petro ya desistió de la idea de meterse a convocar una Constituyente por el camino institucional. Pinchó el globo.
El mecanismo del cabildo popular que propone en la entrevista es inútil para cambiar la Constitución. Según la ley de participación ciudadana, el cabildo sirve para que una junta administradora local, el concejo municipal o la asamblea departamental discutan un tema de interés de un grupo de la comunidad.
Pero la ley es explícita en que vía un cabildo abierto “no se podrán presentar iniciativas de ordenanza, acuerdo o resolución local.” Si no se puede ni sacar una ordenanza vía un cabildo, mucho menos cambiar la Constitución.
Lo máximo que logra un cabildo es poner un tema en la agenda, y obligar al funcionario respectivo a contestar una pregunta o a comprometerse con una política específica.
Pero para convocar a un cabildo, se necesitan las firmas certificadas por el respectivo registrador del 5 por mil de los que aparecen en el respectivo censo electoral. Para convocar un cabildo abierto en el Concejo de Bogotá, por ejemplo, se necesitarían 30 mil firmas. No son demasiadas, salvo que no es claro el incentivo para organizarse y conseguirlas puesto que lo que se lograría con ello está lejos de una Constituyente como la que dice querer Petro.
Quizás por las exigencias formales del procedimiento, en su trino posterior ya no habló de cabildos sino de “coordinadoras municipales de fuerzas populares que desaten la organización y la movilización general de la ciudadanía”.
En junio de 2023, y como un intento de sostener su gobernabilidad ante su ruptura con los partidos en el Congreso y su puja con el establecimiento económico, Petro ordenó a sus ministros hacer asambleas populares en todos los municipios. “Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va”, dijo el 7 de junio.
Presidencia nunca tiró línea sobre cómo debían hacerse esas asambleas, pero como contó La Silla en su momento dijo que deberían hacerse en los temas de salud, trabajo, pensiones, pequeña minería, servicios públicos, jóvenes y educación superior. Más o menos los mismos temas sobre los que ahora dice que debería girar la Asamblea Constituyente.
En ese momento comenzó con las de educación superior con el objetivo de reformar la ley 30
Comienzan las asambleas estudiantiles para construir la reforma a la ley de educación superior. Esperamos las asambleas juveniles barriales. pic.twitter.com/FCGip0Hbp2
Pero varios representantes del movimiento estudiantil reclamaron en su momento que la primera asamblea popular que realizó en Santander era un encuentro de una sola organización llamada Universitarios Unidos, que además es afín a Colombia Humana, el partido del presidente.
“El presidente presenta el encuentro de una sola organización como una asamblea de estudiantes. Eso fue un poco tergiversar”, le dijo a La Silla en ese momento José Álvarez, delegado de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en las reuniones con el Ministerio de Educación.
Como tenían solo un mes para convocar estas reuniones y los estudiantes estaban de vacaciones, las asambleas populares por la educación no trascendieron. Si se hicieron asambleas para los otros temas delineados por el presidente, no parecen haber tenido gran impacto.
Ahora el presidente vuelve a insistir en ellas, pero no ya como “una orden” a sus ministros sino como una convocatoria al pueblo para que se de un fenómeno similar al de la Séptima Papeleta que dio luz a la Constitución de 1991.
Cuando Mompotes le pregunta en su entrevista cómo piensa sacar su iniciativa sin presentar una ley ante el Congreso, Petro invoca lo sucedido en los noventa recién desmovilizado el M-19, guerrilla a la que perteneció: “Si el pueblo decide, el poder constituido tiene que aceptar, no lo puede desconocer. El poder constituido es subordinado. Recordemos cómo se dio el proceso en el gobierno (Virgilio) Barco con (Carlos) Pizarro, y cómo la sala constitucional de la Corte permitió el poder constituyente.”
Sin embargo, la Constitución del 91 que derivó de ese proceso extraconstitucional cerró ese camino y concentró en el Congreso la posibilidad de convocar una Constituyente.
Por eso, el propósito que Petro pareciera tener en mente para la Constituyente es más parecido a reeditar las movilizaciones de 2019 y 2021, de donde -como quedó explícito en el preámbulo de la agenda de negociación con el ELN y en Cali el viernes- él deriva su mandato popular.
Por eso no es casual que haya lanzado su idea justo en Puerto Resistencia, epicentro de las protestas más duras en Cali lideradas por la Primera Línea y delante de la Minga, que es la organización social que ha demostrado ser más presta a movilizarse cuando él convoca al pueblo al as calles: “Por eso yo digo que comenzamos un proceso constituyente, y comienza en la base de la sociedad y en todos los lugares de Colombia. El primer escenario geográfico, por el escenario organizativo que existe, es el suroccidente. Por ello estuve en Cali. Apenas dijimos que el poder constituyente es de la minga y no de la gente armada, se produjo el sábado pasado un hecho violento en Toribío (Cauca)”, afirmó en alusión al atentado del EMC contra indígenas.
Las protestas de 2019 y 2021 fueron tan potentes porque lograron movilizar no solo a los sectores más vulnerables sino sobre todo a la clase media colombiana. Por ahora es un sector que Gustavo Petro no ha logrado persuadir, según las encuestas, y su escasa presencia en las marchas oficialistas.
Incluso, como lo cuenta esta historia, un grupo tan cercano a él como el de Es por Cali, que se movilizó alrededor de Puerto Resistencia el viernes, no está seguro de montarse en la idea de la Constituyente porque lo desconcentra de sus reivindicaciones más inmediatas y concretas ante la Alcaldía de Eder para mejorar su calidad de vida.
Si el presidente insiste en unir la idea de la Constituyente con la del perdón social que promovió en campaña será aún más difícil subir a la clase media a esta idea.
Y es que la propuesta de la Constituyente va amarrada a la idea de un tribunal de punto final que en el último mes han propuesto los líderes de Comunes, Salvatore Mancuso y miembros del gobierno.
Es una idea que le solucionaría al gobierno la ausencia de una oferta para las organizaciones criminales que forman parte de la Paz Total e, incluso, para el ELN que ha dicho que no está dispuesta a someterse ante ningún tribunal de justicia como la JEP.
“Las reformas a la justicia hechas después del 91 se hicieron para la venganza, el punitivismo, y el encubrimiento de los grandes crímenes. La reforma a la justicia que yo propongo debe ser alrededor de la verdad, la restauración a las víctimas y la reconciliación definitiva”, dijo en la entrevista, como otro de los puntos de la Constituyente.
Pero las encuestas muestran que lo que quieren la mayoría de colombianos es mayor seguridad y la fórmula que propone Petro incluye altas dosis de impunidad que es posible que tenga más tracción en el Congreso que en la calle.
En todo caso, con la bandera de la Constituyente Petro regresa al discurso contra las “mafias” que lo catapultó como senador y luego a la Presidencia. Y que había dejado de lado luego de que se alió con representantes de varios de esos clanes mafiosos para ser elegido. Ahora, vuelve repotenciado con el ropaje de la Constituyente y con los ojos puestos en el 2026.
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