Hace un año la tierra se hundió en el municipio de Rosas, Cauca, donde comienza el sur del país. Se tragó la vía Panamericana, que no solo conecta los polos de Colombia, sino de Suramérica. También sepultó a “La Soledad”, una vereda entera en la que vivían más de 200 familias.
El 12 de enero, tres días después del derrumbe, Petro ordenó “comprar la tierra en menos de 15 días” para reubicar a los damnificados. También tasó en tres meses el tiempo necesario para construir de nuevo la Panamericana. El gobierno declaró emergencia nacional, y el presidente hizo su primera apuesta para demostrar el poder del Estado con la llegada “del pueblo” al poder.
La Silla Vacía visitó la zona un año después, y hoy los avances son evidentes, pero no le siguen el ritmo a los anuncios del presidente. Después de cinco prórrogas y adiciones por $28 mil millones, se espera que la vía quede lista a finales de febrero, ocho meses después de lo previsto. Por otro lado, la mayoría de las 264 familias afectadas todavía no tienen casas, aunque más de 200 ya tienen asignadas las fincas donde se van a construir.
Mientras en la superficie las cosas marchan a paso lento, por debajo, la tierra amenaza con volverse a mover.
Después de una curva peligrosa, a una hora de Popayán por la vía Panamericana que conecta con Pasto, comienzan a verse los acantilados que acorralan a Rosas. Ni los árboles pueden agarrarse de las empinadas pendientes. Los campesinos de la zona dicen que derrumbes milenarios partieron por la mitad las montañas y por eso se ven así, como paredes de piedra.
Volteando a mano izquierda, debajo de un puente metálico, está la entrada al municipio. Tiene cerca de 12 mil habitantes, pero en su zona urbana hay 2 mil. Un aviso gigante anuncia su nombre en el atrio de la iglesia, que junto con un kiosco y dos hileras de bancas, conforman el parque principal.
Debajo de Rosas está la falla del Romeral, un fenómeno geológico que afecta la cordillera y mantiene en constante movimiento las tierras por las que pasa la vía continental. Por ella, la municipalidad es noticia cada cuatro años: en 2010, 70 familias quedaron damnificadas; en 2019, un deslizamiento sepultó a 33 personas en el sector de Portachuelo; y en enero del año pasado, desapareció una vereda completa y se desmoronó la Panamericana.
264 familias de las veredas La Soledad, Chontaduro, Párraga Viejo y Portachuelos, quedaron a la deriva. Pero esta vez no hubo muertos, gracias a la acción oportuna de las autoridades.
El 13 de marzo, un mes después del derrumbe, el presidente Petro inauguró la variante provisional, que remendó la conexión del sur con el resto del país. Fue la primera gran obra que hizo como presidente. En medio de los aplausos de la multitud que fue a verlo en la galería del pueblo, dijo que en tres meses quedaría lista la obra completa.
Sin embargo, hubo dudas desde el comienzo. La declaratoria de emergencia, propiciada por la larga temporada de lluvias de 2022, le permitió a Invías contratar las obras directamente, sin necesidad de una licitación pública o de estudios técnicos. El contrato se hizo con la empresa Ingeniería de Vías, propiedad del ingeniero Pedro Contecha, amigo del entonces director de Invías, Juan Alfonso Latorre. Contecha también le prestaba su avión privado al ministro de Trasporte, Guillermo Reyes, según reveló La Silla Vacía. Poco después ambos salieron del cargo.
La cotización inicial fue de alrededor de $60 mil millones de pesos, que incluían la construcción de la variante temporal y la vía definitiva. Pero, de acuerdo con una investigación de La Silla, en las obras de la variante provisional hubo irregularidades. Los primeros informes mostraban desfases en los soportes del contratista en materia de excavación y transporte de materiales. El Invías abrió una investigación interna.
Después de habilitar el remiendo, comenzaron a coser las costuras de la vía definitiva. El plazo inicial fue de seis meses, pero después de un año, cinco prórrogas y una adición de $28 mil millones, todavía le falta un pedazo. “Las fuertes lluvias que se presentaron en octubre, noviembre y diciembre afectaron el desarrollo de esta obra”, le dijo a La Silla Víctor Ríos, subdirector de Gestión de Riesgo de Invías.
De acuerdo con el documento que justifica la adición, el incremento en tiempo y plata respondió a “mayores cantidades de obra”, que incluyen dos puentes que no fueron considerados desde un principio. Inicialmente, se estimaron 1.8 km, incluyendo un puente de 80 metros de longitud, pero se entregarán 2,3 con un puente de 125 metros. Por eso, y por los derrumbes que nunca dejaron de caer, el costo subió a $92 mil millones, cerca del máximo adicional que permite la ley.
“Este es un proyecto de emergencia. Cuando uno atiende la emergencia, no sabe los resultados de los estudios y diseños que tienen que ser desarrollados en la ejecución del proyecto”, continuó el subdirector Ríos. Aseguró que desde la entidad no han evidenciado sobrecostos en los reportes, ni ha habido reparos por parte de los organismos de control.
Desde noviembre se habilitó el paso de todo tipo de vehículos, incluyendo los más pesados. Cerca de 3 mil pasan a diario, con la mediación de un “pare y siga” que dura 10 minutos. La variante provisional se redujo a escasos 600 metros que rodean el puente, mientras terminan de construirlo.
“Hay que celebrar que el gobierno desde el primer momento hizo presencia en el lugar y manifestó cuál iba a ser el plan de choque para poder atender la emergencia”, dijo Gerardo Arrollo, director del Comité Intergremial del Cauca. Dice que el gobierno no ayudó a los empresarios, pero reconoce que “un año después, las obras en la carretera Panamericana superan el 90 por ciento y eso permitió la dinamización de la economía, sobre todo en la temporada de carnavales”.
Se espera que a finales de febrero se habilite el paso elevado, para inaugurar la obra.
En las montañas aledañas a Rosas es común ver “graderías”. Año tras año, la tierra cede centímetro a centímetro, y se van creando escalones similares a las tribunas de un estadio. Más abajo, en el sector de Portachuelo, un puñado de cruces al costado derecho de la carretera le recuerdan a los viajeros los 33 muertos del derrumbe de 2019.
Un poco más hacia el sur, la montaña muestra sus verdaderas entrañas. La tierra amarilla, reventada, ocupa el paisaje por completo. Montañas amputadas que dejaron caer sus mitades sobre La Soledad, donde solamente quedó una que otra casa desvalijada. Con el sol implacable de enero y la tierra amarilla, el derrumbe parece un pequeño desierto en medio de la cordillera verde.
El presidente Petro, en medio del entusiasmo, dijo que bajo la Ley 1523 del 2012, que permite expropiaciones en casos de emergencia, podrían comprar las tierras en menos de 15 días para reubicar a las familias afectadas. Incluso, anticipó que cada familia tendría a disposición 10 hectáreas de tierra. Pero las promesas del presidente nuevamente fueron inestables. En enero todavía había familias viviendo casi al borde del abismo, en la vereda Santa Clara.
En una casa gris estaba Ernesto Bedoya junto con su familia. Llevaba puesto un viejo uniforme de conductor, una gorra y unas botas pantaneras. Ernesto se fue de su casa junto con el resto de la gente cuando la tierra comenzó a agrietarse, aquel puente de reyes del 2024, pero volvió hace un mes en busca de lo que dejó sembrado.
—Hace nueve meses que no me dan el subsidio de arriendo, ¡nueve meses!—
—¿y qué le dicen?
—Nada, que el problema es de Bogotá
—¿Y no le da miedo que esto vuelva a ceder?
—Si cede, ¿qué más se puede hacer? Uno tiene que ver qué hace.
De acuerdo con la oficina de Gestión de Riesgo del Municipio, la plata que le corresponde a Ernesto por los nueve meses de arriendo, cerca de $4 millones, está enredada en una fiducia, a pesar de que sus papeles están en regla en el Registro Único Nacional de Damnificados (Runda).
Pero si lo de arriendo está empantanado, lo de las casas todavía no despega. Hace dos semanas Ernesto y sus familiares contrataron un carro hacia el municipio del Tambo, para conocer una finca donde supuestamente serían reubicados. Pero los funcionarios de la Unidad de Gestión de Riesgo nunca llegaron al sitio.
—Dijeron que nos la entregaban y que ese era el primer día, que teníamos que ir a trabajar a la finca, para hacer una minga. Pero allá no apareció nadie. Después, llamamos al dueño y nos dijo que no nos la puede entregar porque no le han dado ni un peso— dijo con tono de reclamo.
Mientras las promesas se cumplen, Ernesto hace fuerza para que las nubes se mantengan alejadas, y así su casa se mantenga en pie.
De nuevo en el pueblo, tras subir por la carretera recién pavimentada, vive la familia Rodríguez, a tres cuadras del parque principal. La casa se ve amplia porque está casi vacía. Orfa Cénide, la cabeza de familia, vive junto a su madre, María, y sus hermanos, Gilder, José Rafael.
—Nosotros no teníamos mucho, pero teníamos nuestra finca. Había cafecito para venderlo y mercar. Sembramos cebolla, tomate, yuca, ramitas y frutas. Ahora que se nos fue la finquita, ¿de qué vamos a coger plata?— dijo Orfa, robusta, morena y de cabello crespo, oscuro.
Hacen parte de un grupo de 17 familias damnificadas, conformadas en su mayoría por adultos mayores y personas con discapacidad.
—¿Y ya les dieron finca?
—Nos llevaron a ver una en Timbío, que se llamaba el Guadualito. Nos gustó, pero la finca no pasó, por problemas jurídicos.
Cuenta que meses después surgió la posibilidad de otra finca, “La Fortaleza”, en Sotará. Pero queda a 50 minutos en moto desde Popayán, por una carretera destapada y escasa de transporte público. Demasiado remota para María, la madre de Orfa, que tiene 93 años y necesita ir constantemente a revisiones médicas.
Mientras aguardan por una finca más accesible, reciben el subsidio de arrendamiento, de cerca de 500 mil pesos mensuales, que no les alcanza para completar los $800 mil del arriendo. Pese a que anhelan una nueva tierra, temen tener que dividirse.
—Hemos dicho que nos dejen con el arraigo familiar porque siempre hemos vivido juntos. Esos 17 núcleos somos familia, hay discapacitados y nosotros estamos pidiendo una prioridad de que nos dejen juntos y en una finca donde nos podamos ayudar.
El fin de semana pasado, Alexander Angulo, líder de Reasentamiento de la Unidad de Gestión de Riesgo, llegó a Rosas para atender las quejas de los damnificados. Angulo asumió el cargo en julio pasado, luego de haber trabajado en temas relacionados en Argentina, donde dirigió una organización de refugiados.
Es moreno, siempre lleva el pelo engominado y siempre lleva puesto el chaleco azul y amarillo de la Unidad. En una sola semana su equipo estuvo en Sucre, Nariño y Cauca visitando diferentes comunidades amenazadas por la naturaleza.
#Asamblea con las familias reasentadas con el fin de dar finalidad al reasentamiento en Rosas Cauca, en articulación con @alcaldiaderosas personero municipal Ari Javier Ibarra y concejo municipal de riesgo!
En equipo sacamos esto adelante!#GobiernoDelCambio #GobiernoDelPueblo… pic.twitter.com/ZcWgYTtAsQ
—Hay un presidente de cambio que cambió las balas por puentes militares para que dejáramos de matar entre hermanos. Nos suspendieron al director de la unidad, al único director que históricamente hizo que, al menos, iniciamos el pago de las fincas en Rosas. Pero la Fiduprevisora no ha querido pagar—, le dijo Alexánder a los asistentes.
Para Alexander, los 15 días que prometió Petro para comprar las tierras se habrían podido dar, de no ser por la tardanza en esa entidad. La Fiduprevisora maneja la billetera de la Ungrd, pero su relación con la Unidad no es la mejor. La pelea ya llegó a la Fiscalía, cuando Olmedo López, el director de la Ungrd, denunció un supuesto cobro de dádivas para girar los pagos a los contratistas y proveedores de Gestión de Riesgo.
La Unidad también ha lidiado con problemas administrativos. López viene de un mes de suspensión por orden de la Contraloría y su gestión ha sido cuestionada por los manejos burocráticos de la entidad.
—¿Pero no cree que Petro se apresuró a dar el plazo de 15 días?
—Yo entiendo el tiempo del presidente, pero el Estado es paquidérmico. Esos trámites administrativos nos han hecho quedar mal a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y al gobierno nacional.
La defensa de Alexánder es similar a la frustración que ha manifestado el presidente en sus recientes intervenciones públicas. Ante la lentitud del Estado, Petro ha señalado a la burocracia como la culpable de sus problemas de ejecución. Sin embargo, hay avances para mostrar.
De acuerdo con las cifras oficiales de la Unidad, 222 de las 264 familias damnificadas ya tienen una finca asignada para avanzar con el proceso de reasentamiento. Son 10 fincas en municipios vecinos como Sotará, El Tambo, Timbío y Piendamó. Tres de ellas: Los Naranjos, La Española y Leiton ya tienen firmado el contrato de compraventa y las otras siete están en proceso de elaboración. Siete de las 10 fincas ya fueron entregadas a las familias.
Tras finalizar la firma de los contratos vendrá el proceso de parcelación, que estará a cargo de la Agencia Nacional de Tierras. Después, se firmarán contratos de autoconstrucción con cada familia, que tendrá alrededor de tres hectáreas para construir sus casas, con asistencia del Estado.
—Pero el presidente había prometido 10 hectáreas por familia.
—La vocación de este territorio es agrícola, no ganadera. Son entre tres y cuatro hectáreas. A una hectárea de café le caben aproximadamente 10 mil plantas, a una familia campesina le queda difícil sostener 10 hectáreas de café.
Respecto a los problemas con los subsidios de arriendo, dijo que son excepcionales y que es la entidad territorial, en este caso el municipio, el que debe subsanar los procesos ante la Unidad para que los pagos lleguen.
—¿Ustedes creen que a mí me enoja que ustedes hablen fuerte y me digan las cosas? No, a mí me gusta, porque llevo todo apuntado acá y así tenemos más insumos para mostrar que sí hay unos enemigos del Estado—, concluyó Alexánder en la reunión.
A una hora de Rosas, subiendo por la Panamericana hacia Popayán, se voltea por la vía que lleva a la vereda de Antomoreno, ya en el municipio de Sotará. A 40 minutos, hay una reja que marca la entrada a la finca Los Naranjos, que será el hogar de 35 familias que antes vivían en La Soledad.
Detrás de la puerta se ve una carretera que da una curva larga, baja una colina y sube la siguiente, hasta dar con una casa grande de paredes blancas. A su alrededor se intercalan potreros despoblados con hileras de árboles de aguacate.
Hace seis meses la Unidad de Gestión de Riesgo se la entregó a los nuevos dueños, y desde entonces, todos los lunes y los martes hacen minga para rozarla y dejarla a punto para cuando haya que repartir las tierras. Cada familia debe responder por 24 jornales y el gobierno apoya el esfuerzo con una olla comunitaria.
—No nos ha tocado fácil, tuvimos que hacer un paro y tomarnos la vía Panamericana para que se pudieran llegar a acuerdos con el gobierno— dijo Marleni Bedoya, líder comunitaria de La Soledad y una de las nuevas inquilinas.
Para Marleni, después de las protestas que hicieron en mayo del 2023, el gobierno les ha prestado atención. Dejó en el municipio una oficina permanente y se ha concertado con las comunidades el tipo de vivienda que se va a construir. Incluso se creó una cooperativa para organizar el cultivo de aguacate y ya se exportó una cosecha a finales del año pasado.
—Se ha tenido un apoyo al 100 por ciento del gobierno nacional, no podemos decir que no, como en otros gobiernos. Incluso en este proceso entraron los damnificados del 2019—, continúa Marleni.
Por su labor como líder, y recién electa concejal, todavía no planea irse para Los Naranjos. Pero la ansiedad de la espera y los precios de los arriendos hicieron que varias familias llegaran anticipadamente.
Don Hugo llegó hace 15 días con su esposa y su nieto. Tiene cabello negro, la cara enrojecida y los pómulos marcados. Vive en los establos de la finca, donde improvisó una casa, con paredes de tablilla y habitaciones de polisombra. Todavía recibe el subsidio de arrendamiento, pero decidió invertirlo en su nuevo techo, debido a los altos costos de la renta.
—¿Ustedes tienen condiciones para vivir aquí?
—¿Condiciones? Comer, dormir y esperar a que nos parcelen. Necesitamos que nos parcelen para empezar a trabajar.
La petición que más se repite entre quienes ya tienen finca, es acelerar la parcelación. La tierra, más que cualquier otra cosa, es lo que necesitan para comenzar de nuevo. De acuerdo con Alexander, el líder del proceso de reasentamiento de la Ungrd, ese proceso podría tardar alrededor de tres meses.
Las nuevas grietas en la Panamericana
El recién posesionado alcalde de Rosas, Marco Antonio Rojas, declaró la calamidad pública porque a escasos 200 metros de la entrada del pueblo la Panamericana comenzó a ceder de nuevo. A su alrededor ya se están formando las gradas características que deja la tierra al moverse.
La novedad se presentó el 2 de enero y, al parecer, se debe a que el agua se acumuló debajo de la carretera. El sitio ya tiene su respectivo “pare y siga” y las propiedades que hay a su alrededor están siendo desalojadas.
Invías intervino la zona con unos canales para drenar el agua acumulada. Se repavimentaron las grietas que se formaron en la vía y se harán estudios para evaluar la necesidad de nuevas obras. Hasta ahora, se ha podido detener el avance de la falla, pero en Rosas, y en todo el sur del país, temen que cuando vuelva la lluvia se reactive la tierra.
—Lo público es muy difícil, no es como lo privado, donde uno hace un negocio y ahí mismo se pone de acuerdo. Lo público tiene muchos requisitos—, dijo el alcalde cuando le tocó el turno de hablar en la reunión con los damnificados.
—Hemos dialogado en Bogotá, nos han atendido bien. Hoy tenemos unas relaciones fuertes y muchísima esperanza en la Unidad de Gestión de Riesgo Nacional.
Mientras tanto, Rosas le hace el duelo a los 800 vecinos que poco a poco se van del pueblo, el 6 por ciento de su población total. Su ausencia también impacta en la economía y en los recursos de la Alcaldía, que dependen directamente de su cantidad de habitantes.
Los vecinos de La Soledad, Chontaduro, Párraga Viejo y Portachuelos, esperan poder establecerse pronto, así sea lejos de su pueblo. Pero nunca podrán echarle tierra a los recuerdos de sus vidas antes del derrumbe.
—Lo que más se extraña es el arraigo de uno levantarse y verse ahí, en su comunidad, en familia. Cuando alguien necesitaba un favor, solo con un grito ya estábamos ahí. Tuvimos que separarnos y eso ha sido muy difícil—, dice Marleni.
—¿Y cree que va a poder hacer su vida en Los Naranjos?
—Con la ayuda de Dios y con la voluntad propia, se va a poder—.
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