Este año la información mentirosa o engañosa se usó para múltiples fines: fue una herramienta para intentar subir la popularidad, defenderse de una acusación, mantener una narrativa equivocada, justificar reformas o atacar a los contrincantes políticos. Montajes con aplausos falsos, cubrimientos mediáticos apresurados y sin contexto, hasta el regreso de las teorías conspirativas sobre el covid se cuentan en el inventario.

Los protagonistas fueron diversos desde la Presidencia, el minSalud, los medios, el Centro Democrático y hasta la inteligencia artificial que irrumpió en las elecciones regionales sin que allá aún una herramienta confiable para atajarla.

Aquí presentamos una selección, en orden cronológico, de las seis mentiras y engaños que marcaron el 2023.

El 27 de junio de este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo una audiencia de reconocimiento por 49 casos de “falsos positivos” o ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba, Antioquia. En medio de eso, en redes se hizo viral un hilo que la cuenta oficial del Centro Democrático publicó en febrero de 2021.

En ese hilo el partido puso en duda que Edinson Lezcano, un campesino que fue identificado por la JEP como un “falso positivo”, fuera inocente y no un integrante de las Farc.

En concreto, el partido dijo que hay inconsistencias en el caso de Lezcano porque, supuestamente, la JEP dijo que él murió por golpes y que la exhumación reveló que murió por arma de fuego. El Centro Democrático también afirma que “el informante de la JEP” había dicho que el cementerio de Dabeiba se usó como fosa común entre 2005 y 2007, y Lezcano murió en 2002; y que junto al cuerpo de Lezcano fue encontrado el cuerpo de un guerrillero: “si Lezcano no era de las Farc ¿por qué su cuerpo estaba junto a un guerrillero?, dice el hilo.

Pero eso es falso.

El nombre de Lezcano se hizo público el 17 de febrero de 2020, cuando la JEP entregó su cuerpo a sus familiares, en Dabeiba (Antioquia). Los restos fueron exhumados del cementerio de Las Mercedes, de ese municipio, en una diligencia que la JEP hizo en diciembre de 2019.

Según contó la JEP en un comunicado, Lezcano tenía 23 años de edad, era padre de tres hijos y se desempeñaba como agricultor en la zona rural de Dabeiba. Fue asesinado el 18 de mayo de 2002, por integrantes del Ejército Nacional y presentado como un guerrillero muerto en combate.

Sin embargo, en ninguna parte del comunicado la JEP dice que Lezcano murió por golpes, como dijo el Centro Democrático. Tampoco es cierto que el cementerio de Dabeiba solo haya sido usado como fosa común entre 2005 y 2007.

Como la JEP explicó, la exhumación que se hizo al cementerio de Dabeiba desde 2019, comenzó después de contrastar los aportes a la verdad que hizo el sargento segundo (r) William Capera.

Como La Silla explicó aquí, con el hallazgo de esos cuerpos, la JEP estableció que el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba, fue usado como fosa común por parte de los militares desde 1982 hasta el 2010. Es decir, empezó mucho antes del fenómeno de los “falsos positivos”, que ocurrió entre 2002 a 2008 por presiones de bajas en combate.

A partir de esa investigación, en julio de 2022 la JEP imputó a 10 militares como máximos responsables. El 27 y 28 de junio de 2023, ocho de esos militares reconocieron sus crímenes en una audiencia de cara a las víctimas.

Uno de esos militares es el mayor (r) Yair Alexander Rodríguez, quien ordenó la ejecución de Lezcano el 18 de mayo de 2002. Él publicamente reconoció y confirmó que Lezcano era inocente y no era un guerrillero.

Aquí puede leer el chequeo completo.

El 30 de agosto, el presidente Gustavo Petro entregó 780 hectáreas de tierra a víctimas del conflicto en el corregimiento El Salado, en Carmen de Bolívar.

En su discurso dijo que el gobierno era señalado de querer expropiar tierras, pero que, en cambio, nadie —ni los medios, ni los políticos—, habían señalado de lo mismo a la cementera Argos por la compra que hizo de tierras que originalmente pertenecieron a campesinos desplazados de los Montes de María y el Cesar.

La empresa le respondió al presidente que, luego de haber comprado la tierra, fue que “se conocieron algunas reclamaciones que presentaron los propietarios iniciales de las tierras, con quienes la compañía nunca tuvo relación. Las decisiones judiciales de restitución de tierras que se han proferido en ningún momento han concluido que se generaron desplazamientos ni despojos por parte de Argos. La organización siempre obró de buena fe y nunca se opuso a los procesos de restitución”.

La Silla encontró que varias de las afirmaciones de la cementera fueron engañosas.

A partir de 2008, como lo señala la cementera, y hasta aproximadamente 2011, Argos compró 6.600 hectáreas en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto........

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