En una rueda de prensa, el concejal uribista Daniel Briceño aseguró que “la segunda línea del Metro está embolatada”. Briceño denunció supuestos conflictos de interés entre los tres consorcios de empresas chinas, de los cuatro en total, que participan en la licitación por la segunda línea del metro de Bogotá.
No es una denuncia nueva. Llegó a la Empresa Metro desde septiembre de 2023 y ya fue respondida por el gerente, Leonidas Narváez, que se mantiene en su cargo tras el cambio de administración.
A pesar de que Narváez afirmó que no existía conflicto, al interior de la banca multilateral, que financia el proyecto de 17 billones de pesos, se mantiene una alerta para estudiar cada uno de los conflictos, según supo La Silla Vacía por una fuente dentro las multilaterales. Es decir, que la lista de consorcios precalificados aún no tiene luz verde del BID, el Banco Mundial y la CAF, según documentos públicos sobre los cuales no se había reportado anteriormente. En el argot técnico se conoce como la “no objection clause”.
Las dudas persisten por la naturaleza del modelo comercial chino y se confunden entre nombres similares de los consorcios y una estructura corporativa que por su complejidad genera opacidad. Parte de los señalamientos son que las empresas estatales en China funcionan bajo la vigilancia de una misma comisión. Este es un órgano de control societario que responde al gobierno comunista, y que une en un mismo grupo a las empresas que hoy compiten por el contrato del metro.
En la puja para construir la segunda línea del metro, la que sería la obra de infraestructura más cara de la historia de Colombia, hay cuatro consorcios, incluyendo el que se ganó la licitación para la primera línea del metro. A su vez, cada uno agrupa empresas que compiten por el contrato. De los cuatro consorcios, tres tienen empresas chinas como partes mayoritarias.
Los consorcios son:
¿Cuál es el conflicto?
Ocurre porque hay dos empresas de consorcios distintos que tienen un socio en común. Las empresas están subrayadas en la lista de arriba.
El accionista en común se llama China Communications Construction Company (Cccc). Es una empresa de ingeniería cuya propiedad es de mayoría del Estado chino.
La empresa tiene acciones en:
En el Consorcio 1: Cccc es accionista de Mota Engil, la empresa portuguesa.
En el perfil corporativo de Mota Engil se explica que, desde mayo de 2021, la Cccc se convirtió en titular del 32,4 por ciento de la portuguesa.
En el Consorcio 2: Cccc tiene el 50 por ciento de la empresa China Harbour Engineering Company Limited (Chec).
Según los estados financieros de Chec del 2022, la Cccc es una de las principales subsidiarias de la empresa, con 50 por ciento de participación directa y 49,9 por ciento de indirecta.
¿Por qué preocupa a la banca?
La Silla supo, por una fuente de la banca multilateral que pidió el anonimato para discutir los procesos internos de la licitación, que este conflicto preocupa a la banca que financia el proyecto. “Es un mecanismo formal y garantista de derecho a la protesta de los interesados, y como tal, el deber de la banca es analizar con toda responsabilidad y seriedad cualquier protesta que tenga una base argumentativa sólida”, asegura la fuente.
El visto bueno de la banca es clave en el proyecto porque da el crédito por los más de 17 billones de pesos que necesita la segunda línea del metro. En la banca está el BID, que es el que pone los parámetros de contratación del proyecto, el Banco Mundial y la CAF.
El otro ruido de conflictos de interés está relacionado con la conexión entre las empresas chinas y la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado de China (Sasac, por sus siglas en inglés). Esta Comisión está dirigida por el Consejo de Estado chino, el máximo órgano del poder ejecutivo de ese país.
Dentro de las compañías que vigila la Sasac están varias que hacen parte de tres de los cuatro consorcios que están compitiendo para ganarse el contrato del metro.
Aunque la Sasac no vigila directamente a ninguna de las empresas que hacen parte de los consorcios, sí vigila a otras que tienen acciones o son dueñas de esas empresas.
¿Cuál es el conflicto?
En el Consorcio 1:
La Sasac vigila a las dos empresas que componen el consorcio. La vigilancia ocurre a través de una cadena de compañías que arranca con Crrc Group Company y a China Communications Construction Group (Cccg). Esta última es la misma sociedad que también enreda a dos consorcios por sus acciones, como se estableció en el anterior conflicto.
La Sasac vigila a la empresa Crrc Group Company, de la surgen otras cuatro empresas que tienen participación, acciones o control sobre Crrc (Hong Kong) CO Limited Colombia, que hace parte del consorcio 1.
Por otro lado, de Cccg se desprende otra empresa que tiene una participación del 33 por ciento en Mota Engil, de la que sale finalmente Mota Engil Colombia, que hace parte del consorcio 1.
Por esa razón, de manera indirecta, la Sasac vigila a las dos compañías que hacen parte del consorcio.
En el Consorcio 2:
La Comisión de vigilancia supervisa a la Chec de manera indirecta porque, como ocurre en el conflicto de interés anterior, está relacionada con la China Communications Construction Group (Cccg).
En el Consorcio 3:
Tiene un vínculo más directo con la Sasac, pues la Comisión vigila a la China Railway Construction Corporation, que controla el 51 por ciento de China Railway Construction Corporation. Esta última es la empresa madre de las dos empresas que ahora compiten en el consorcio 3.
¿Por qué preocupa a la banca?
Según la fuente de la banca, este conflicto de interés tiene los argumentos menos fuertes. Como la Sasac controla indirectamente a muchas empresas chinas que tienen negocios o participan en proyectos en el exterior, compiten constantemente para ganarse contratos en todo el mundo sin que se considere un conflicto de interés.
Desde el 12 septiembre, cuando los cuatro consorcios que compiten recibieron el parte de No Objeción de la banca multilateral, llegó una queja del cuarto consorcio, el único que no tiene empresas chinas. La queja la firma Andrés Raúl Castillo Casanova, ingeniero de proyectos y licitaciones de Acciona, una de las empresas que hacen parte del cuarto consorcio. La queja pedía que se excluyera a los otros tres consorcios con empresas chinas por los conflictos de interés.
Para Catalina Micolta, directora de investigación de la Fundación Andrés Bello, las dudas sobre los conflictos de interés surgen de las “particularidades propias de la política exterior y comercial china que explicamos con referentes en occidente”.
Por un lado, la Sasac es dueño de la mayor parte de las empresas estatales chinas, pero como entidad, su labor es vigilar intereses estratégicos, por lo que su control no influye en las empresas que supervisa.
Por otro lado, Micolta, que desde la fundación hace análisis de las relaciones entre China y América Latina, explica que las empresas encadenadas hacen parte del fenómeno que ha tenido lugar en China en el cual varias empresas se agrupan en un mismo holding. “Las empresas chinas que vemos, que tienen oficinas y filiales en cada país, son parte de los holdings más grandes”, dice. Estos, a su vez, reúnen subsidiarias, que son las empresas que se postulan para proyectos distintos en todo el mundo.
Sin embargo, los ruidos se mantienen. “En las licitaciones, las compañías chinas siempre son un problema porque son del Estado, entonces los competidores alegan que el riesgo de conflictos de interés es muy alto”, dice una fuente cercana a la licitación de la primera línea, que pide no publicar su nombre porque ya no tiene la vocería.
Desde diciembre del año pasado, Narváez, el gerente del Metro que Galán mantuvo, contestó a los señalamientos con una carta de 32 páginas dirigida al BID en la que responde uno por uno los posibles conflictos de interés de los consorcios chinos. En el documento explica que el Comité Evaluador de la Empresa Metro determinó que China Communications Construction Company no ejerce poder directo o indirecto sobre Mota Engil ni sobre China Harbour. Tampoco validó los argumentos que señalan a la Sasac.
“No se encontraron personas comunes entre las Apca 1, Apca 2 y Apca 3. El Documento de Selección no establece la nacionalidad de las empresas y la circunstancia de ser empresas estatales como causa para la no elegibilidad en el proceso de precalificación. Por lo anterior, el Comité de Evaluación con base en lo establecido en el Documento de Selección no encontró conflicto de intereses”, se lee en la respuesta de Narváez.
Sin embargo, hasta la fecha, la respuesta de Narváez no ha sido públicamente aceptada por la banca. En una respuesta del 19 de diciembre, el BID asegura que no se ha resuelto el conflicto “a satisfacción del Banco y de la banca”. “No resulta factible en esta instancia del Proceso de Licitación otorgar la No Objeción en los términos solicitados por la EMB y, por consiguiente, será necesaria la identificación de alternativas que permitan la resolución del conflicto, con el fin de proseguir con el Proceso de Licitación”.
Hasta la publicación de esta nota, La Silla no ha recibido respuesta de la Empresa Metro de Bogotá sobre el tema. Pero desde el BID dicen que es la Empresa Metro la que debe responder. “El Banco apoya a la EMB para que pueda asegurar el cumplimiento con las políticas y procedimientos respectivos”, afirmó un vocero.
Ahora la Comisión Evaluadora debe responder a los conflictos, que podrían dejar por fuera de la puja por la segunda línea a tres de los cuatro consorcios. Eso dejaría en el proyecto a un solo competidor, que no tiene empresas chinas, pero que no está exento de demoras y ruidos por otras obras internacionales.
Y dejaría sin competencia la licitación más cuantiosa del país, un tema que ha sido sensible para el presidente, Gustavo Petro. “Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración”, dijo en medio del debate de la licitación de los pasaportes por la que terminó suspendido el canciller. En esta, aunque quien licita es la Alcaldía, el gobierno aportará el 70% de los recursos.
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