Hasta el año pasado, el caso contra el hijo del presidente, Nicolás Petro, por recibir dinero sucio para la campaña presidencial de su padre, parecía ir viento en popa. Petro Burgos aceptó colaborar con la justicia, dio testimonio de cómo funcionaba el entramado para la financiación ilegal de la campaña y confesó que su papá, Gustavo Petro, “sí sabía del financiamiento irregular”. Pero el caso se empezó a oscurecer una vez la fiscalía perdió el apoyo de Petro Burgos y empezaron a filtrarse videos clasificados del proceso.
Ahora, el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos, se enfrenta a un juicio disciplinario y a la posibilidad de ser suspendido por, presuntamente, revelar información confidencial del proceso. La decisión reposa en manos de la magistrada del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, Magda Victoria Acosta, una funcionaria que también causa ruido. Es amiga del ex secretario jurídico de Petro y hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. Y ha tenido una relación profesional estrecha con la exsocia de Fernández, la abogada Irma Solangel Torres, a quien recomendó como conjuez en la Comisión.
Mario Andrés Burgos es el fiscal amigo de las cámaras. Ha llevado casos que han aparecido en varias portadas y uno que otro que se ha convertido en telenovela. Burgos llevó el caso contra Amanda Castillo, la rectora del Colegio Gimnasio Castillo Campestre, en el que el menor Sergio Urrego fue acosado por su orientación sexual hasta suicidarse. Luego llevó el caso del asesinato de Mercedes Gnecco, la mujer que fue asesinada en San Andrés en octubre de 2021. Y fue el foco de atención cuando se encargó del caso asesinato del reconocido estilista, Mauricio Leal.
En marzo de 2023, llegó a manos del fiscal Burgos el caso más mediático de los que había llevado: el hijo del presidente había recibido dinero de un ex narco con la intención de aportarlo a la campaña presidencial de su padre. “Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración, donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino” anunció Petro Burgos. Era un caso ya encaminado.
El 2 de agosto Petro Burgos prometió entregar evidencia de que a la campaña presidencial habían entrado altas sumas de dinero que no se había reportado al Consejo Nacional Electoral. Con esa evidencia podía empezarse un proceso sólido en contra del presidente Gustavo Petro. La colaboración iba tan bien que el 4 de agosto, Petro Burgos fue premiado con la decisión de no imponerle una medida de aseguramiento.
Pero pasaron dos cosas después de esa audiencia: Petro se reunió con su padre en Barranquilla y Semana publicó el video del testimonio de Petro Burgos en el que afirmaba que su padre, Gustavo Petro, sí sabía de la financiación ilegal de la campaña. Ahí se cayó el acuerdo de colaboración. Y con el acuerdo, también cayó la versión de Nicolás Petro: “fui presionado a declarar contra mi padre”, dijo sobre el video. “No paran las arbitrariedades, los abusos y las violaciones de mis garantías por parte del Fiscal Burgos”, afirmó el hijo del presidente sobre la filtración del interrogatorio.
Pero el video ventilado por Semana, además de tener una confesión contra el presidente de la República, contiene un fragmento clave: “Este video se hace solo con fines judiciales. No se va a hacer ninguna publicación, no vamos a tener copia alguna y la única copia estará custodiada. Si se filtra alguna cosa, será por alguno de nosotros”, dice el fiscal Burgos a Nicolás Petro antes de que empiece a rendir su testimonio en el búnker de la Fiscalía en Bogotá. En la diligencia sólo estaban Petro junto con su abogado, el fiscal Burgos y un miembro de la Policía Judicial.
Ese interrogatorio, ilegalmente filtrado, solamente salió del despacho de Burgos con fines legales una vez: cuando fue remitido a la Comisión de Acusación para que en el encuentro con Nicolás Petro, los representantes pudieran interrogarlo sobre sus pronunciamientos contenidos en el video. Pero para el momento en que fue remitido el video al Congreso, ya se había filtrado el interrogatorio a Semana. El video fue publicado por el medio el 2 de octubre de 2023 y la compulsa del CD ante la Comisión de Acusaciones en el que estaba el mismo testimonio fue el 4 de octubre.
Además, según pudo corroborar La Silla con dos miembros de la Comisión de Acusaciones, el CD que envió la Fiscalía con el testimonio nunca funcionó, luego no hubo manera de abrir el archivo directamente desde el material enviado por Burgos. Es decir, que por el lado del Congreso era imposible que se hubiera filtrado el interrogatorio.
Por eso, el 6 de octubre, cuatro días después de la filtración, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que se encarga de investigar disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales, abrió una investigación disciplinaria contra Mario Burgos. La filtración del video reservado que estaba bajo su custodia podría costarle a Burgos la suspensión del cargo y por consiguiente, del proceso judicial.
La investigación disciplinaria contra Burgos fue asignada al despacho de la magistrada Magda Victoria Acosta, la misma abogada que tomó la decisión de suspender a Diego Cadena por tres años por la manipulación de un testigo clave en el caso contra el expresidente, Álvaro Uribe.
A su despecho fue Nicolás Petro a declarar el 4 de diciembre de 2023 en contra del fiscal Burgos. Fue su momento de contraatacar y por eso, ventiló más información sobre el proceso. Petro Burgos se refirió a la captura que tuvo lugar en su apartamento. Denunció que el video de la captura nunca fue mostrado al juez de control de garantías, luego el aval de su legalidad se dio sin que el fiscal mostrara cómo fue el ingreso de la Policía Judicial al apartamento.
Ese video de la captura salió a la luz pública en marzo de este año, nueve meses después de ser tomado. “Exclusivo: este es el video inédito de la captura de Nicolás Petro”, decía el titular de Semana. El video que mostraba a Petro Burgos y a su pareja , Laura Ojeda, semidesnudos y pidiendo a lo poco un espacio para poder vestirse, igual que el del testimonio que se había filtrado en 2023, también reposaba en el despacho del fiscal Burgos.
“Allanaron para tratarlo como el peor criminal con el fin de transmitir sus imágenes”, dijo en un trino el presidente Petro. Petro también remitió otra denuncia contra Burgos a la Comisión, a través de su apoderado, Mauricio Pava. En la carta, Pava solicita la suspensión de Burgos por la filtración de información que solo poseía la Fiscalía y que además, se utilizó como una especie de respuesta o reacción defensiva.
Esa acusación se sustentó en que el segundo video se filtró el 15 de marzo, justo un día después de que Nicolás Petro declarara ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, y dijo que su confesión fue una mentira presionada por el fiscal Burgos. El cruce de versiones hace que ahora en el Congreso sea motivo de debate si la confesión es una prueba válida en un eventual juicio político.
Las denuncias sobre filtraciones no son las únicas que tiene Burgos en su contra. En la Comisión Nacional de Disciplina Judicial reposan al menos otras dos. Una por el caso de la exfiscal Ana Catalina Noguera, condenada por corrupción en 2023. Y otra por solicitar el traslado injustificado de José Manuel Gnecco, un abogado prestigioso, investigado por el asesinato de su esposa en San Andrés.
Además, La Silla Vacía, conoció de primera mano que la defensa de Gnecco, el abogado Óscar Iván Hernández, planea radicar otra denuncia más contra Burgos, esta vez por ocultar evidencia del caso. Se trata de un informe de balística que permitía demostrar que en el lugar del asesinato de María Mercedes Gnecco había más personas, además de su marido.
Según el defensor Hernandez, “el informe demostraba que el arma homicida fue encontrada en manos de terceros, algo que desde luego tenía que haber sido materia de investigación en el marco del homicidio”, dijo el abogado. “Burgos tenía la obligación de informar que tenía ese informe. Sin embargo, guardó silencio al respecto”, agrega. La Silla Vacía contactó a Burgos para conocer su versión sobre los procesos disciplinarios en su contra pero no consiguió respuesta.
Todos esos antecedentes de Burgos hacen más compleja la decisión de la magistrada Acosta. Depende de ella proyectar la decisión que podría terminar en la suspensión del fiscal. Según el abogado penalista, Francisco Bernate, eso implicaría una demora en el proceso porque quien sea asignado para su reemplazo requeriría de un buen tiempo para estudiar todo el expediente.
Que el expediente del fiscal Burgos llegara al despacho de la magistrada Magda Victoria Acosta fue cuestión de azar. Los casos en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se reparten de manera automática y por orden alfabético. Si un magistrado tiene muchos casos en su despacho, el caso que llega pasa al siguiente magistrado.
Y justo el proceso le llegó a una magistrada con un vínculo cercano con el abogado más poderoso del petrismo. Vladimir Fernández fue el escogido por el presidente Petro para ser su primer secretario jurídico en palacio, y luego lo ternó, en una terna de uno, a la Corte Constitucional, a donde llegó escogido por el Senado.
El magistrado Fernández le dijo a La Silla que su relación con la magistrada Acosta data de su época universitaria en la Universidad Externado de Colombia. “Solamente somos colegas porque nos conocimos en la universidad”, afirmó Fernández ante la pregunta de si habían tenido una relación por fuera de la académica. Acosta confirmó su cercanía pasada: “Lo conocí en la universidad, fue el mejor estudiante los 5 años becado siempre, presidente del consejo estudiantil y un hombre brillante”.
Según ambos, su relación en ningún momento trascendió al ámbito laboral. No han trabajado juntos ni se han recomendado en sus respectivos puestos. Pero Acosta sí ha llevado al plano laboral su relación con la abogada a la que Vladimir Fernández buscó favorecer mientras fue secretario jurídico del gobierno Petro.
Se trata de Irma Solangel Torres, la socia de Fernández en litigios a favor de privados y en contra del Estado, a quien Acosta propuso como conjuez en la Comisión, según le confirmaron a La Silla dos fuentes dentro de la Comisión.
Solagel Torres sí es muy cercana a Fernández. Cuando era secretario jurídico intercedió en el caso de una firma de abogados que demandó al Invías para que le pagara una indemnización de más de 50 mil millones de pesos por un tramo de la carretera en la vía Medellín-Quibdó. Detrás de esa firma, Estudios y Asesorías Profesionales, está la abogada y conjuez Torres, según reveló una investigación de La Silla Vacía.
Torres también ha sido apoderada de confianza de Fernández y de su familiar, José Hildebrand Perdomo, acusado de corrupción en el Huila. Además, la empresa de Torres empleó a la esposa de Fernández.
Sobre su relación con Torres, la magistrada Acosta le dijo a La Silla que sí se conocían: “Es externadista con la misma maestría que yo. Fue mi abogada en 2014 en un proceso y creo que es excelente”. Sobre si fue ella quien la propuso para ser conjuez de la Comisión, dijo que “la postula toda la sala, igual que a todos los conjueces”.
Los conjueces de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial son un grupo de 14 abogados que se encarga de intervenir en los casos cuando hay empate en las decisiones o cuando no hay quórum para tomar una decisión porque hay magistrados con impedimentos o recusaciones. Y aunque es cierto que el nombramiento de los 14 conjueces lo hace la Comisión en pleno, la decisión de los dos que postula cada magistrado, es una decisión que por tradición interna de la Comisión se toma siguiendo las recomendaciones de los magistrados.
La lista de los 14 se integra por dos abogados recomendados por cada uno de los 7 magistrados que integran la Comisión. Torres ha sido la recomendada por la magistrada Acosta por cuatro años consecutivos.
Según la magistrada Acosta, la postulación de Torres la hizo toda la sala por unanimidad y su elección respondió a que venía siendo conjuez de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Pero, según un portavoz de la Comisión, los conjueces se postulan por duplas a discreción de los siete magistrados y luego, si cumplen los requisitos, la sala plena ratifica la decisión.
La conjuez postulada por la magistrada Acosta por ahora no tiene ni voz ni voto en el caso del fiscal Mario Burgos. La proyección de lo que debe hacerse con el proceso disciplinario depende de la magistrada. Posteriormente, Acosta debe presentar su decisión a quien le sigue alfabéticamente. Por eso, será el magistrado Alfonso Cajiao, el presidente actual de la Comisión, quien le de luz verde a la decisión de la magistrada.
Pero dentro de los pasillos del Palacio de Justicia, donde sesiona la Comisión, la relación de la magistrada Acosta con el abogado más consentido del gobierno Petro llena de suspicacias el proceso.
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