Todo apunta a que la Corte Suprema logrará elegir fiscal general. Pero el proceso que, con la de hoy, ha tomado cuatro reuniones de la Sala Plena de 23 magistrados, ha colmado la paciencia de varios sectores, y termina debilitando la posición de la Corte.
La sesión pasada, la Corte estuvo cerca de lograr la mayoría de 16 votos por la candidata Amelia Pérez Parra. Aunque ha estado dentro del promedio común de sesiones de votaciones en las últimas dos décadas, el contexto cambió. La presión del gobierno de Gustavo Petro, que envió una terna hace meses y luego promovió marchas para presionar a la Corte, puso el foco en la elección.
Ha quedado en evidencia la opacidad del proceso, el secretismo de los magistrados, y se ha removido un pasado lleno de clientelismo generado por las facultades electorales de las altas cortes. La consecuencia es que ha tomado fuerza el reformismo contra el poder electoral de las cortes. En la Comisión de la Reforma a la Justicia hay cada vez más promotores de quitarle estas funciones a los magistrados, mientras, ante la opinión pública, la favorabilidad de la Corte va en descenso.
Cuando se instaló la Comisión convocada por el presidente Petro para reformar la justicia, surgieron dos bandos. El bando de quienes creían —igual que Petro— que la labor de los elegidos debía apuntar a reformar la justicia desde los problemas del día a día. Y el bando de quienes creían que era clave la discusión de las funciones de los órganos que encabezan la rama. Los primeros argumentaban que discutir temas como las funciones electorales de la Corte Suprema, poco servía al ciudadano de a pie.
Pero con la elección de la nueva fiscal general atravesada, la balanza se ha empezado a inclinar hacia una reforma de los poderes electorales de las altas cortes. “La gran mayoría de los que hacemos parte de esa Comisión hemos coincidido en que es necesario despojar a la Corte de la función de nominación y de elección de altos funcionarios del Estado”, dice William Millán, presidente del sindicato STP Dignidad de la Procuraduría. Él es uno de los 35 miembros convocados por el gobierno para plantear una reforma, en un grupo donde políticos con peso, como German Vargas Lleras y Alfonso Gómez Mendez, han impulsado la idea de una reforma profunda a la justicia.
Además de nombrar al fiscal general de una terna del Presidente, la Corte Suprema hace ternas para la Procuraduría y la Corte Constitucional, en un sistema que ha promovido un clientelismo soterrado y difícil de identificar.
“Cuando no hay un juez autónomo independiente para decidir, sino uno que tiene que acoger ciertas posiciones de ciertos entes porque hace parte de la burocracia, se genera injusticia”, dijo a La Silla Luis Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial, del Sindicato de Industria y miembro de la Comisión. Otálvaro, igual que otros, afirma que la Corte está infestada de clientelismo a raíz de sus funciones electorales.
La llamada “puerta giratoria” donde los magistrados votan a favor de quien les ofrece un beneficio, es un tema del que se empezó a tomar más fuerza en la Comisión por la demora que ha tenido la Corte en la elección de la fiscal ternada por Petro. “Por eso estamos planteando reformas de fondo a la Carta Política”, destacó Otálvaro. Sin embargo, se trata de un fenómeno difícil de probar como un patrón generalizado. La Silla Vacía recibió pistas vagas de más de 20 personas que decían conocer casos de clientelismo, pero no encontró más que un par de casos puntuales, difíciles de amarrar con un conflicto de interés evidente en esta elección.
Sin embargo, la percepción es otra, en parte, por la opacidad del proceso de elección. “La tardanza, para mí es inexplicable. Se sabe cuándo acaba el periodo del fiscal, y si a uno le remiten una terna, entonces uno no entiende por qué la Corte tiene que demorarse si tuvo suficiente tiempo para estudiar las hojas de vida”, dice Millán, presidente del sindicato STP Dignidad de la Procuraduría y miembro de la Comisión.
Desde la Constitución del 91 el proceso de elección del fiscal ha sido a puerta cerrada, la motivación del voto de los magistrados privada y la información de lo discutido en la Sala Plena reservada. ¿Por qué entonces el revuelo en esta elección? “Porque hoy por hoy la fiscalía se convirtió en un controlador del ejecutivo en sus escándalos políticos”, dice Héctor Riveros, abogado constitucionalista y participante del proceso constituyente en 1991.
En efecto, la próxima fiscal general debe lidiar con tres escándalos presidenciales: la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, el proceso contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos y el caso Odebrecht, en el que se investiga si entró o no dinero sucio a la campaña Santos.
Aunque para Riveros la solución no está en quitarle la función a la Corte, sino al presidente la de ternar. Coincide en que el clientelismo es un asunto inherente a la función electoral del cargo.
Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, el drama en esta elección particular es la falta de afán en la elección a sabiendas de que la Fiscalía quedó en manos de Martha Mancera, investigada por encubrir a un subalterno suyo que presuntamente tiene vínculos con narcotraficantes.
El problema con el secretismo alrededor de la elección es que siembra desconfianza. “Sin importar si se demoran porque realmente están llegando a acuerdos o porque están buscando puestos, siempre se presume que es para sus intereses personales”, dice Barrios.
Esa percepción se alimenta porque la Corte no hace ningún esfuerzo para aportar transparencia en su mecanismo. Para Rodrigo Uprimny, abogado, economista y co fundador de Dejusticia, “es inaceptable que el voto sea secreto” y que la Corte se tome 5 meses en evaluar solo 3 hojas de vida cuando en casos anteriores ha podido hacerlo en dos o tres semanas.
Hasta los detalles prácticos de la votación son opacos. En las tres rondas anteriores la votación por cada candidata, que pone a Pérez con 13 votos, es producto de filtraciones. La Corte no da los resultados de cada ronda.
Además, según supo La Silla por dos personas dentro de la Corte, la votación funciona a través de un app que tienen los magistrados en sus dispositivos. No es claro quién vigila la seguridad de ese sistema ni qué es lo que se discute entre cada votación. Ningún funcionario de la Corte quiso explicar o comentar al respecto.
En medio de esa falta de transparencia, dice Uprimny que “es razonable pensar por la evidencia que ha habido en el pasado que la demora también se debe a la búsqueda de beneficios clientelistas”.
En 2012, La Silla Vacía, en colaboración con Dejusticia, reveló el “roscograma” del entonces procurador, Alejandro Ordoñez, cuando fue ternado para su reelección en la Procuraduría. Ordoñez había nombrado a familiares de tres magistrados de la Corte Suprema de ese entonces (Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Javier Zapata y Ruth Marina Díaz) en la Procuraduría para garantizar que la Corte lo ternara de nuevo.
Ordóñez luego ganó, pero a menos de cuatro meses para que se acabara su segundo periodo, su elección fue anulada por el Consejo de Estado.
Luego, en 2016, cinco magistrados de la Corte con familiares en la Fiscalía nominaron al recién salido fiscal encargado, Jorge Perdomo como candidato a la Procuraduría. En ese entonces, solo dos magistrados se declararon impedidos para elegirlo como ternado porque tenían familiares en la entidad de la cual salía y a los dos les aceptaron los impedimentos. Aun así, pese a tener un potencial conflicto de interés, el resto votó a favor de su nominación.
A raíz de esa nominación, salió a relucir otro roscograma que rodea a un magistrado actual de la Corte: Aroldo Quiroz Monsalvo. El magistrado tiene actualmente a su hermana Patricia Leonor Quiroz en la Fiscalía General. Ella se desempeña como asistente en la Dirección Especializada contra las violaciones de Derechos Humanos. También tiene a su hermana, Carolina María Quiroz y a su cuñado, Wilson Ramírez en la Procuraduría.
Según Quiroz, sus familiares fueron nombrados antes de que Margarita Cabello entrara al cargo, pero documentos que reveló Noticias Uno muestran que fueron vinculados por Cabello.
El último caso que ha sonado fue la tutela presentada por el periodista Gonzalo Guillén hace algunas semanas. Afirma que siete de los magistrados deberían declararse impedidos para elegir porque tienen familiares en la Fiscalía General. Varios de los magistrados a quienes Guillén les envió un derecho de petición solicitando declarar si tienen familiares en la Fiscalía, se negaron a contestar, alegando que se trataba de información privada. Aunque Guillén mintió al afirmar que con su tutela quedaron impedidos para elegir fiscal, es cierto que hay magistrados con familiares en la entidad donde van a elegir a su cabeza.
Por ejemplo, La Silla encontró que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, tiene a su hermano, Tello Chaverra, trabajando como fiscal delegado en Quibdó.
Aún así, ningún magistrado ha manifestado ningún impedimento.
Mientras la Corte Suprema ha defendido la demora como parte de su independencia, y ha denunciado ser víctima de presiones y de un “asedio violento” de manifestantes, afuera la opinión ha sido poco comprensiva. En la última encuesta de la Invamer Poll, mientras que la aprobación de la gestión de Petro aumentó nueve puntos desde diciembre (de 26 a 35), la imagen favorable de la Corte Suprema cayó cuatro puntos desde diciembre (de 35 a 31). En un momento de repunte del optimismo por todos lados, incluso el Congreso mejoró su imagen, la de la Corte Suprema cayó.
Además de su secretismo, y del clientelismo creado por las funciones electorales, está el espejo de sus elecciones pasadas. Néstor Humberto Martínez salió de su cargo en medio de sus ampliamente conocidos conflictos de interés en el proceso Odebrecht. Francisco Barbosa, el mejor amigo del presidente que lo ternó, será recordado su vanidad que terminó en una gestión gris.
Por eso, más allá de si hoy finalmente llegan a una decisión sobre quién será la próxima fiscal, el proceso deja empoderados a quienes buscan cambiar el mecanismo, y a la Corte cuestionada frente a la opinión.
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