Todos los reflectores han estado los últimos días en el sistema de salud. Tras hundirse la reforma en el Senado, la Superintendencia de Salud intervino las dos EPS más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS. El miércoles intervino una más: Servicio Occidental de Salud (SOS). En el medio, Compensar pidió que la liquiden. La Contraloría levantó una alerta preliminar por plata que supuestamente EPS habrían desviado. Y el Ministerio de Salud terminó firmando y anunciando decretos para implementar puntos que incluía su reforma fallida, que “ahora es de golpe”, como dijo el presidente Gustavo Petro.
En un escenario tan álgido, La Silla Vacía encontró seis frentes en los que se está dando el debate de la salud:
En dos semanas la SuperSalud ha intervenido tres EPS (Sanitas, Nueva EPS y SOS) con el argumento de que incumplen las condiciones para operar, que acumulan muchas deudas y de altas quejas de sus pacientes. Por otro lado, hoy el gobierno se reunió con seis EPS, que manifestaron su apoyo a convertirse en gestoras de vida, como lo planteaba la reforma a la salud del gobierno. Y ante la solicitud de Compensar de que la liquiden, el Ministerio de Salud ha sido cauto.
Estas dos caras en el frente con las EPS han generado una incertidumbre enorme en el sector, donde el gobierno, a través de la SuperSalud tiene a su cargo a 25 millones de pacientes —la mitad de los afiliados en el país— con las EPS que ya estaban intervenidas.
El gobierno da un mensaje de tranquilidad a los pacientes. “A las personas se les va a garantizar el servicio”, dijo Leal. Pero la incertidumbre que crean las intervenciones pueden tener un efecto indirecto en la cita o examen que un afiliado requiere.
“Por esa incertidumbre los usuarios piden más medicamentos, más citas. Sube la demanda de servicios y lleva a un estrés en la atención”, plantea Ana María Vesga, presidente de Acemi, gremio de EPS. Vesga agrega que la red de prestadores se cuida de atender a pacientes de EPS intervenidas por el riesgo de que empiece a extender plazos o pueda liquidarse. Eso ya se vio con la alerta que envió la clínica Hispanoamericana de Pasto
Ante eso, si una persona quiere saltar de EPS, puede hacerlo. Esto siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones, como haber estado mínimo un año en la EPS que quiere abandonar.
Cosa diferente pasaría con los usuarios de Compensar, en caso de que la liquiden, y de Sanitas y la Nueva EPS, en caso de que su intervención termine en liquidación. Primero, la Superintendencia de Salud tiene que decidir si la liquida o no. En el caso de Compensar, superintendente Leal ha dicho que estudiarán la solicitud y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, planteó que quería que las EPS se transformaran. “Nosotros no queremos que se retiren”, dijo.
Para el investigador de Harvard, Johnattan García, en caso de que se rechace, tal vez podrían apelar: “a ninguna empresa la pueden obligar a seguir en operación”. La congresista del Pacto Histórico, Martha Alfonso, dijo que no cree que el gobierno vaya a autorizar el retiro voluntario: “Tienen que responder por la plata que han usado durante décadas”, afirma.
Pero en caso de aceptar la liquidación, los usuarios serán asignados a otras EPS por el liquidador o representante legal de la entidad. Solo 90 días después, los usuarios podrán escoger libremente su EPS. El traslado tiene un procedimiento general que dependerá de si los grupos familiares tienen enfermedades de alto costo o no.
Pero la ley contempla un mecanismo de traslado especial para aquellas EPS que tengan más de 2 millones de afiliados (o 4% de todos los afiliados). Como Compensar tiene 2,8 millones de usuarios, podría solicitar esta asignación especial a una o varias EPS que estén habilitadas.
La ley no especifica si las EPS intervenidas pueden recibir afiliados, por lo que en principio esos usuarios podrían ir a EPS como la Nueva EPS, pues en la resolución de intervención la Superintendencia dejó la puerta abierta para que siga recibiendo afiliados. Pero la ley sí dice que “deberá considerar la menor afectación en la prestación de los servicios y la viabilidad financiera del mismo”.
Hoy, como detalló este informe de la Contraloría, 16 de 26 EPS (el 61%) incumplen los requisitos financieros para operar, una condición que la Superintendencia ha justificado para intervenir. Para el investigador García, aunque hoy el gobierno puede intervenir a más EPS con el mismo argumento que intervino a las últimas tres EPS, “va a ser un proceso de prueba y error. El gobierno no se va a lanzar a intervenirlas todas, sino un proceso gradual”.
Ante la pregunta de si llegarían más intervenciones, el superintendente, Luis Carlos Leal, le dijo a El Colombiano: “estamos vigilando y aplicando las medidas en los análisis que realizamos. ¿Cuándo se informará? Cuando se tome la decisión”. El ministro de Salud y el superintendente se reunieron con voceros de las EPS. En el encuentro no se habló de más intervenciones, dijeron asistentes, según El Espectador. Pero el miércoles se anunció la intervención de la EPS SOS.
Vesga, presidente de Acemi, dice que no tiene información sobre qué otras EPS vayan a tomar la misma decisión de Compensar: “Pero no me extrañaría”, dijo. Para Vesga el escenario financiero actual es complejo para que las EPS puedan recibir más afiliados: “por ejemplo, no puedes pasarle a Sura, que tiene 5 millones y está en una situación delicada, los 3 millones de Compensar. Se está perdiendo el balance y equilibrio del sistema y el riesgo es altísimo”.
En eso coinciden expertos como el exministro de Salud, Augusto Galán: “Hay causal de ser intervenidas. Pero esa no sería la mejor opción. Que el gobierno intervenga todas las EPS y maneje la salud de 50 millones de colombianos, eso sería una catástrofe”.
El frente legal sobre las actuaciones de la Superintendencia puede ir por tres vías: el Consejo de Estado, la Procuraduría y por tutelas.
En estas vías la clave es determinar si el poder de intervenir del SuperSalud se usó de manera legal. Eso está en debate, porque las decisiones de Sanitas y Nueva EPS se tomaron justo en la coyuntura del hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso.
Por eso el gremio de las EPS (Acemi), denunció que se trató de una “retaliación” por parte del gobierno ante su fracaso legislativo. Sobre todo la de Sanitas, a quien en los últimos días Petro había acusado de violar la ley al supuestamente financiar campañas de los senadores que archivaron el proyecto. “Nos derrotó Keralty”, trinó el presidente, en referencia a la empresa dueña de la EPS Sanitas.
Para el gobierno, las intervenciones son legítimas porque estas EPS no cumplen los requisitos financieros, acumulaban grandes deudas y quejas de sus afiliados.
Lo mismo piensa la congresista del Pacto, Martha Alfonso: “uno cómo no interviene una entidad con esa situación”, le dijo a La Silla, y agregó que no “fue una intervención de un día para otro” dado que la EPS ya presentaba problemas desde meses anteriores. En todo caso, dijo la representante, “fue tal vez equivocado hacerlo en el contexto de la votación de la reforma porque se iba a asociar con que era una retaliación”.
A diferencia de SOS, las intervenciones de Sanitas y Nueva EPS se hicieron sin que antes les hubieran aplicado un plan de mejoramiento o una medida de vigilancia. Para expertos como el exsuperintendente de Salud, Gustavo Morales, aunque hay discrecionalidad, “la buena práctica es utilizar esas herramientas de manera gradual y proporcional”.
El superintendente Leal ha recalcado que su decisión estaba justificada, y que no existe jerarquía en las decisiones de su entidad, sino que cada decisión se aplica dependiendo del caso: “Aquí estamos ante una medida que nos permite generar un cambio administrativo y no seguir generando una suerte de pañitos de agua tibia”, le dijo a El Colombiano.
Esa discusión ya se trasladó a lo jurídico.
La Procuraduría abrió una investigación al superSalud, Leal, por presuntas irregularidades en la toma de posesión e intervención de Sanitas. Se motivó tras una queja de Keralty, dueña de Sanitas, de que esta intervención fue por “una aparente falsa motivación”.
La falsa motivación consiste en una causal que puede dar lugar a la nulidad de un acto administrativo (en este caso de las resoluciones de la SuperSalud). Esta puede pasar, por ejemplo, cuando la razón que da la entidad para tomar una decisión, es falsa o está simulada. También es común que la falsa motivación ocurra cuando la entidad hace una apreciación inexacta del contexto que da lugar a la decisión o cuando los motivos de la decisión no son suficientes para tomarla.
La visita de la Procuraduría a las oficinas de la Superintendencia, en la que los funcionarios afirmaron no tener listas las actas ni grabaciones de sesiones clave sobre las intervenciones, generó suspicacia sobre la justificación de la medida. Leal dijo que sucedió porque la visita estuvo por fuera del horario laboral, pero que al final entregaron todos los documentos.
Y al Consejo de Estado, el máximo juez que resuelve asuntos de entidades públicas, ya llegaron dos demandas que buscan frenar las intervenciones.
Una es del exministro de Justicia del gobierno de Iván Duque, Wilson Ruiz, quien presentó una demanda de nulidad contra la resolución que ordenó la intervención de Sanitas. La demanda busca tumbar la decisión porque se habría desconocido el “derecho de audiencia y de defensa, falsa motivación y desviación de poder”. Según El Espectador, también busca suspender otras actividades relacionadas con otras intervenciones.
La segunda demanda es del partido Cambio Radical y también busca que el Consejo de Estado, además de tumbar la resolución contra Sanitas, de manera preventiva suspenda la intervención porque “viola varios principios y preceptos legales como: el debido proceso, el principio de proporcionalidad, la debida motivación, entre otras”. Ese partido explicó en la demanda que no había justificación para intervenir Sanitas y acusa al presidente Petro de hacerlo por motivos políticos.
“A ojo, que esas EPS hayan levantado la mano, que no las hayan puesto en medida preventiva, y de una las intervengan y sin un expediente ni acta, y justo cuando se cae la reforma, se ve sospechoso. Es posible que las demandas prosperen”, vaticina Tatiana Andia, experta en el sistema de salud y profesora de la Universidad de los Andes.
Sobre esas demandas, el ministro Jaramillo respondió a El Espectador: “Nosotros no las hemos intervenido para liquidarlas, sino para buscar cómo solucionamos los problemas”.
Además de las demandas ante los juzgados, la otra cara es la posible avalancha de tutelas que podrían llegar de pacientes en caso de que les empiecen a negar servicios. “Una de las primeras acciones que toman los proveedores y las prestadoras cuando empiezan a intervenir las EPS es negar los servicios. El juez de tutela siempre va a hacer prevalecer el derecho a la salud”, explicó Juliana Morad, abogada experta en Seguridad Social.
La Corte Constitucional ha llamado últimamente la atención sobre dos asuntos: la insuficiencia de los recursos del sistema y la falta de resultados para rastrear posible corrupción.
El pasado 5 de abril, la Corte citó a distintas entidades para hacer seguimiento a varias órdenes que contiene la Sentencia T-760 de 2008, entre ellas las referentes a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Se trata del monto que debe pagar el Estado a las EPS por cada uno de los afiliados al sistema de salud.
La Sentencia T-760 de 2008 revisó varios casos en los que se invocaba la protección del derecho a la salud por la negativa de distintas EPS a prestar servicios que no estaban incluidos en el POS (ahora PBS o Plan Básico de Salud) y que los afiliados no podían costear.
Dentro de las consideraciones de la decisión, la Corte enfatizó en la importancia del cálculo correcto de la UPC, que debe ser revisada de manera anual para que sea ajustada a variables como el aumento salarial y la inflación. Por eso, la Corte ordenó al gobierno la adopción de un programa, tanto para el régimen contributivo como para el subsidiado, que tenga en cuenta las prioridades médicas de la población y la sostenibilidad financiera a la hora del cálculo.
Como la Corte le hace seguimiento a sus órdenes, está habilitada para poder citar a sesiones técnicas a los actores que considere relevantes, para solicitar informes de cómo se han venido desarrollando sus solicitudes y para seguir impartiendo directrices para la correcta garantía de derechos fundamentales.
Desde 2021, la Corte ha venido insistiendo en que el gobierno no ha demostrado que el valor de la UPC sea suficiente para cubrir todos los servicios del PBS. Pero fue en 2023 que estalló la crisis luego de que varios gremios de actores del sector salud le comunicaran a la Corte que el monto de la UPC estaba incluso poniendo en riesgo la solvencia de las EPS.
Y la pelea con el gobierno por el cálculo de la UPC se acentuó en 2024. Este año, el gobierno aumentó el valor de la UPC en 12,01%, pese a que las EPS insistían en que el monto era muy bajo y riesgoso para un posible desequilibrio financiero y que debía ser entre 16% y 18%.
Por eso, la Corte tomó la decisión de citar a una sesión técnica a distintas entidades, desde el MinSalud, los entes de control, hasta los gremios de las EPS. En el marco de la sesión, la Corte mostró su preocupación ante el déficit cercano a los 2.7 billones que viene presentando el sistema cerrando 2023. La procuradora delegada para Asuntos de Seguridad Social, Margarita Ojeda, respaldó la preocupación y dijo que desde 2022 se han recibido alertas “sobre la insuficiencia de los recursos que generan una falta de sostenibilidad financiera al sistema”. Además, reveló que desde 2022 ha venido requiriendo al MinSalud para que haga presupuestos y cálculos suficientes al fijar la UPC.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aceptó que el valor de la UPC sí debía revisarse. Pero excusó la insuficiencia de recursos en que las enfermedades crónicas y huérfanas se llevan casi el 20% de los recursos. A eso debe sumarse que la corrupción en el sector se lleva montos del dinero girado por el Estado. Así lo indicó en su intervención el contralor general encargado, Carlos Mario Zuluaga, quien destacó que la Contraloría ha proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos contra las EPS.
Ante la corrupción en el sistema, los magistrados le llamaron la atención a la Fiscalía por la falta de investigación de fenómenos de corrupción. “A mí me asombra muchísimo las muy bajas, raquíticas, cifras de la Fiscalía. No hay un solo proceso que esté siguiera en etapa de imputación”, dijo el presidente de la Corte, José Fernando Reyes. Luego el problema no es solo el mal cálculo de la UPC; sino que a eso debe sumarse las enormes sumas de plata que nunca llegan para atender a los pacientes.
La Silla consultó a la Corte para conocer cuál será el paso a seguir luego de escuchar los preocupantes hallazgos. “La Corte continuará el proceso de evaluación del cumplimiento de las órdenes”, dijo el portavoz. Tal como señaló el presidente de la Corte al finalizar la sesión, escuchar a los intervinientes permitió alcanzar una mejor ilustración para “tomar decisiones prontas sobre esta temática del cálculo de la UPC”.
Los expertos consultados coinciden en que un pronunciamiento de la Corte es fundamental. “Lo que haga es crucial y podría ser estabilizante o desestabilizante”, opina Tatiana Andia. La investigadora agrega que “políticamente la Corte está en una situación difícil” con el gobierno de Petro luego de que le tumbara decretos sobre La Guajira o artículos de la tributaria: “tiene que estar a la altura y no entrar en el juego político como si se percibe que están entrando todos los entes de control”.
El regaño de la Corte Constitucional para que el gobierno y los entes de control se avispen en torno a las cuentas del sistema de salud tuvo un primer efecto, aunque accidentado, por parte de la Contraloría.
El lunes se filtró que esa entidad había encontrado que las EPS habrían desviado 9 billones de pesos en rubros que no tienen que ver con la salud o que no están permitidos.
La Contraloría luego salió a aclarar que se trataba de un informe preliminar y que estaban a la espera de la respuesta de las EPS para establecer resultados definitivos y si era posible abrir procesos por responsabilidad fiscal. En todo caso, tras una reunión con la Contraloría, la Fiscalía de la recién posesionada Luz Adriana Camargo consideró que había suficientes indicios y abrió una indagación preliminar.
Acemi respondió que estaban dentro del plazo para responder a la solicitud y que aún no se cerró ningún informe que muestre hallazgos fiscales en contra de las EPS. Vesga, presidente de ese gremio, reiteró eso a La Silla y dijo: “En el estudio lo único que tenemos es un listado por EPS de cuentas, que no encontramos ni siquiera la coincidencia de los conceptos que están ahí”.
Vesga agregó que ese es un ejercicio que se hace de forma rutinaria por la Contraloría todos los años y que, tras las observaciones de las EPS, es cuando esa entidad decide si cierra la alerta o levanta un hallazgo: “aquí no pasó eso”, dijo, y agregó que dado que se filtró el estudio preliminar, considera que “es una discusión de carácter político y una manera de seguir atacando al sistema”.
Las EPS y la Contraloría se reunieron ayer y el ente de control se pronunciará la semana que viene, dijo la oficina de prensa.
La noticia, en todo caso, alimentó las sospechas y acusaciones que ha hecho el gobierno de que las EPS han usado de forma corrupta los recursos, como también lo hizo la exministra Carolina Corcho. El presidente Petro ha repetido varias veces que las EPS se han quedado o han perdido “billones” de recursos, una narrativa que, por ahora, no está demostrada totalmente y que el Detector de Mentiras de La Silla ha calificado como engañosa.
Para la experta Tatiana Andia, el hecho de que no coincidan los números sobre las deudas genera más ruido para el sistema y una sensación de “desgobierno de todas las instancias”. Para Andia, “ninguno parece estar dando una respuesta sólida, la ciudadanía queda un poco a la deriva, como en un pin pon entre el gobierno, la Procuraduría, la Contraloría, las cortes, y nadie parece dar razón”.
Ahí el rol de la Procuraduría también ha generado ruido. Solo tres días después de las intervenciones de la SuperSalud, un equipo nutrido de delegados irrumpió en sus instalaciones. “Eso también es una acción que no es ajena a un interés político”, opina Johnattan García, experto en salud.
Por ahora, tras la reunión del gobierno con voceros de EPS, se instalará un Puesto de Mando Unificado liderado por el MinSalud para vigilar los recursos de las EPS, las intervenciones y el cumplimiento de los derechos de los usuarios. Además del gobierno, podrán participar los entes de control para hacer veeduría de los recursos.
Tras hundirse la reforma a la salud, el gobierno apostó por implementarla “de golpe”, como dijo Petro. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó que el paso a seguir sería implementar distintos decretos para hacer ajustes al sistema de salud.
El que se conoce hasta el momento es el que busca que el Estado pueda girarle directamente la plata a las clínicas y hospitales, sin que deba pasar antes por las EPS. A esa maroma se le conoce como el giro directo y funciona desde el 2011 para el régimen subsidiado. Luego, se autorizó para todas las EPS (tanto del subsidiado como del régimen contributivo) que se encontraran en vigilancia especial, intervención o liquidación. Y posteriormente para las del contributivo que no cumplieran las metas financieras que debe tener una EPS para operar.
En 2023, un 62% de los recursos del régimen subsidiado se pagaron por giro directo, mientras en el contributivo fue un 7%. La idea del gobierno, que estaba contemplada en el Plan de Desarrollo de Petro, es ampliar ese porcentaje: 80% para el subsidiado y al 40% para el contributivo.
El decreto, que ya firmó el ministro Jaramillo, específica ahora que, además de las que estén en medida de vigilancia especial, intervención o liquidación, aplicará para las que incumplan la condición de patrimonio adecuado (seis de 12 EPS). Esto será así para un 80% de los recursos.
Con esto, el gobierno busca mejorar la velocidad en el flujo de la plata, algo de lo que las clínicas y hospitales se han quejado.
Para algunos, como Vesga, de Acemi, el giro directo soluciona una parte del problema, pero no el de que la plata no alcanza: “Ahora das una instrucción del giro, pero la plata va a seguir siendo la misma”.
Para Paul Rodríguez, profesor de la Universidad del Rosario, “acelerar el giro directo calma un poco los ánimos. Hace más fácil que no vaya a haber un colapso financiero hacia los hospitales”.
Sobre la preocupación de qué tanta capacidad tenga la Adres para manejar esos giros, expertos como Jonathan García dicen que ya tiene capacidad y sería solo cuestión de ampliar planta y hacer inversiones. “Será un reto para el gobierno demostrar que puede hacer mejor lo que las EPS están haciendo”, concluye.
La exministra de Salud Carolina Corcho ha aclarado que esta medida es diferente o de menor proporción a lo que buscaba la reforma. Ese texto planteaba que las funciones de las EPS como el ordenamiento del gasto, la estructuración de redes, contratos y auditoría pasaran a un único pagador. En este caso, aunque la Adres gira, las EPS siguen haciendo el resto de funciones.
También se espera que el MinSalud implemente otras medidas mediante decretos como el establecimiento de un tarifario único en los servicios de salud (por ejemplo, en las cirugías y exámenes médicos) y la creación de los promotores de salud, personas formadas que atenderían a comunidades con difícil acceso a servicios de salud.
A la profesora Andia le preocupa el posible decreto del tarifario. Además de considerar que entender la estructura de costos de todos los prestadores de salud puede ser muy complejo, considera que los prestadores pueden empezar a preferir contratar al mejor postor: “Mi preocupación es que la gente comience a buscar sus propias alternativas, a buscar seguros paralelos. Y se comience a crear una salud para ricos y una para pobres”.
Por tratarse de decretos, todas las medidas contempladas en ellos son demandables. Primero, los decretos que tengan disposiciones que no estén previamente contempladas en una ley, pueden demandarse por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Esto, porque las normas en asuntos de salud le competen exclusivamente al Congreso.
Ahora, si se trata de decretos que sí tienen una regulación previa en una ley, estos pueden ser demandados por vía de la nulidad ante el Consejo de Estado. En este escenario, es clave que quien demande el decreto, tenga una afectación directa por sus efectos. Es decir, si el gobierno expide un decreto que afecta únicamente a los afiliados al régimen subsidiado, no podría un afiliado al régimen contributivo demandar el decreto.
Los procesos que piden la nulidad de un acto administrativo ante el Consejo de Estado, suelen ser sumamente largos. Sin embargo, es viable que en la solicitud que se hace al Consejo de Estado, se incluya una medida cautelar de suspender el decreto mientras se resuelve la demanda de fondo. En estos casos, el decreto seguiría existiendo, pero sus disposiciones no producirían efectos.
Andia dice que es posible que el del giro directo no se demande, dado que ya estaba en la ley y en el PND. Sobre el del tarifario, la experta predice que podría ser posible que los privados demanden porque no respeta la libertad de empresa. “Hasta una tutela le cabe a eso”, dijo. Y el decreto de los promotores, Andia no cree que se demande: “era algo que se podía hacer sin reforma”.
Ante el que parece inevitable hundimiento definitivo de la reforma a la salud, distintos sectores calientan motores para presentar otra reforma a la salud más acotada y concertada.
Como contó La Silla, senadores del Pacto Histórico apelaron la votación que hundió la reforma a la salud en la Comisión Séptima. Buscan que la plenaria revoque esa decisión y así convocar de nuevo al debate. Es una figura legislativa que existe, pero que no ha prosperado, como contó El Tiempo.
Antes de que la plenaria decida, el recurso de apelación lo debe revisar una comisión accidental que designa el presidente del Senado, Iván Name. La Silla conoció que esa comisión pinta desfavorable para los intereses de revivir la reforma.
La comisión estará integrada por los siete presidentes de las comisiones del Senado. De ahí hay cuatro que o están en oposición o suelen votar contra el gobierno, dos son ambiguos, y una sola congresista que es del Pacto. Así, la apelación no tiene mayorías. Pero, como contamos, si eventualmente esa comisión diera un concepto favorable a la apelación, debería someterse a la plenaria, escenario donde el gobierno no ha conquistado mayorías.
La congresista del Pacto Histórico Martha Alfonso, quien fue ponente de la reforma en la Cámara, le reconoció a La Silla que está complejo que la reforma reviva: “el gobierno no logra mayorías de manera fácil”.
Ante eso, dijo Alfonso, ya varios equipos han estado trabajando de forma separada para presentar un nuevo texto: “Muy seguramente el 20 de julio o incluso antes podemos tener radicada alguna propuesta”. La representante de gobierno dijo que, al contrario de la reforma que se hundió, esta debería ser de iniciativa parlamentaria y menos integral: “lo que procede es una reforma más acotada, que nos permita dirimir por bloques los proyectos de ley que se requieran”.
Los senadores que hundieron la reforma a la salud también están preparando un nuevo proyecto que presentarían el próximo semestre. Ese proceso comenzó con una mesa de trabajo el miércoles entre distintos actores del sistema para la construcción de ese articulado.
De hecho, la presidente del partido de La U, Clara Luz Rondán, le confirmó hace unos días a La Silla que estaban en conversaciones con el gobierno para presentar otra reforma a la salud.
Desde ya, en todo caso, se prevén diferencias sobre cuáles puntos incluiría la reforma que necesita el sistema. La congresista Alfonso dice que para ella el hecho de que la Adres sea el pagador único es fundamental, algo en lo que prevé que otros congresistas no estén de acuerdo. “Ahí vamos a tener una diferencia”, dijo Alfonso.
Por lo pronto, desde Acemi tienen puertas abiertas al diálogo. “Las EPS estamos listas para migrar al modelo de gestor, estamos dispuestas a hacer un acompañamiento al gobierno en los temas que el gobierno ha levantado con justa razón: mejorar la salud en los territorios, mejorar los aspectos de prevención”, dijo Vesga, presidente del gremio. Otras EPS plantearon lo mismo hoy desde Cartagena. ”Las EPS tienen las capacidades. Estamos listos, pero necesitamos poder sentarnos”, concluye Vesga.
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