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El presidente Gustavo Petro ha insistido en afirmaciones engañosas y debatibles sobre el sistema de salud y las EPS luego de que nueve senadores de la Comisión Séptima del Senado firmaran una ponencia para archivar la reforma de salud.
Petro ha arremetido contra el sistema y las EPS en ruedas de prensa y discursos, como los que realizó en su gira por el Caribe, pero especialmente desde su cuenta de Twitter (ahora X).
Ayer la Superintendencia de Salud intervino la segunda EPS más grande del país, Sanitas. Días antes, el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, hizo una denuncia que retomó el presidente contra Keralty, la empresa del grupo empresarial dueño de esa EPS. Con esto, la Supersalud tiene bajo su responsabilidad la atención de cerca de 13 millones de colombianos.
El Detector de Mentiras chequeó las principales afirmaciones que el presidente ha hecho en los últimos días. Algunas de ellas también fueron compartidas por usuarios a través de nuestro DetectBot (+57 3102940910).
Estas han sido algunas de sus declaraciones, en las que dice que las EPS se habrían apropiado de billones de pesos, las culpa de ocasionar 340 mil muertes evitables y señala a la dueña de una EPS de ser la principal financiadora de campañas políticas.
El doctor Cesar Gaviria debería saber que en los últimos 10 años, cuando más dinero le dio el estado a las EPS y se quebraron las más grandes, murieron 340.000 personas que se podían salvar si hubieran tenido atención médica. Se llaman muertes evitables y es el principal pecado… https://t.co/2cu3maOFKu
“Para nada vamos a retirarla. El Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma a la salud” señaló el presidente Gustavo Petro sobre el debate de la reforma en el Congreso @caracolradio pic.twitter.com/9zksQeZqb7
Las EPS durante años se han quedado con billones de pesos del erario. Se han pérdido.
Nuestros indicadores fundamentales de salud: como la mortalidad materna o la mortalidad infantil son muy malos. Los peores de la OCDE.
Hoy los bajos salarios para enfermeras y médicos han… https://t.co/pBZKwFZT34
La constitución prohibe que la política se financie con recursos extranjeros.
Esta prohibición fué violada, si las empresa extranjera que es dueña de una EPS es la principal financiadora de campañas políticas. Han roto con la Constitución. https://t.co/scx2J6n8UL
Puede ver otras aquí, aquí y aquí.
Revisamos las cinco afirmaciones verificables que ha repetido Petro desde que la reforma a la salud peligra. Estas son: que las EPS “se llevaron” 35 billones de pesos y que están “perdidos”; que las EPS han dejado un saldo de 340 mil muertes que se habrían podido evitar; que Colombia es el país con la tasa de mortalidad más alta de la Ocde; que EPS donaron a las campañas de los congresistas que pidieron el archivo de la reforma, y finalmente, que una supuesta empresa extranjera (Keralty) es la principal donante de las campañas.
Concluimos que la primera y la segunda son engañosas; la tercera y la cuarta, debatibles, y la última, engañosa.
El presidente Petro ha señalado a las EPS de llevarse “35 billones de pesos del erario”. Ha dicho que “grupos de EPS, dueños de EPS, se han quedado, se han ‘mochileado’ 35 billones de pesos del presupuesto (…) que fueron a parar a sus bolsillos”. Además, que “100 EPS corruptas dejaron deudas por 25 billones de pesos sin pagar a hospitales y clínicas” y que, de las que quedan, 25 EPS “se han llevado 15 billones de las reservas técnicas”.
Desde Presidencia no nos respondieron a qué hacía referencia Petro con los 35 billones “perdidos”.
Tras una búsqueda en Google con las palabras “35 billones EPS”, encontramos una emisión de Noticias Uno en la que el noticiero desglosa esta cifra: “25 billones corresponden a la deuda que tienen (las EPS) con prestadores y proveedores y 12,4 billones de pesos a la plata de las reservas técnicas que estaría ‘embolatada’”, dice una periodista del noticiero. Esto sumaría 37,4 billones de pesos, un poco más de la cifra que reiteradamente menciona el presidente Petro.
Las reservas técnicas son una especie de colchón o provisión que deben hacer las EPS para garantizar el pago de los servicios de salud. Son, además, una de las condiciones financieras que las EPS deben cumplir para estar habilitadas.
Noticias Uno también agrega que de los 25 billones en deudas, 18 billones son de las EPS activas y 7 billones de las liquidadas. Sobre ese desglose hay varios matices.
Las cifras tienen distintos matices y en ningún caso hay respaldo a que 35 billones de pesos en recursos públicos los hayan perdido o robado las EPS.
Los 25 billones en deudas
Hay dos entidades que recientemente han dado la cifra de 25 billones de pesos en deuda.
El 26 de enero de 2024, el entonces superintendente Ulahy Beltrán dijo en una audiencia pública que las EPS activas tenían una deuda de 18 billones y las liquidadas de 7,1 billones, lo que sumaba un total de 25,1 billones en deudas. Beltrán le dijo a La Silla que además de esos 25,1 billones, están 12,4 billones en el déficit de las reservas técnicas.
Sin embargo, Vicente Calvo, un analista cuyos trinos con cifras sobre el sistema de salud ha retomado Petro, tuiteó que en realidad son 25 billones, pues esos 12,4 billones de las reservas estaban incluidos en los 18 billones de las deudas de las EPS activas.
La Silla preguntó sobre este tema al actual superintendente, Luis Carlos Leal, pero al momento de publicado este Detector, no ha respondido.
La segunda entidad que publicó una cifra sobre deudas por 25 billones fue la Contraloría. El 19 de febrero de este año esa entidad reveló un informe que detalló que con corte a octubre de 2023, 26 EPS acumulaban una deuda de 25 billones de pesos “con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de medicamentos y tecnologías en salud, así como pasivos de reservas técnicas y administrativas”.
El informe señala que los 25 billones se dividen así: 11,3 billones de pesos en deudas de 26 EPS con las IPS y 13,7 billones de pesos de reservas técnicas. Es decir, dentro de los 25 billones ya está la plata de las reservas técnicas, de acuerdo con la Contraloría.
Pero, esas cifras también tiene matices.
En primer lugar, de los 11,3 billones de deuda con las IPS, 10,5 billones (el 93,5%) es menor a un año; es decir, es deuda de cartera corriente: dentro de los plazos establecidos para su pago.
Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional, explica que normalmente el plazo es de 90 días, pero el rango de un año es aceptable dados los procesos de auditorías y conciliaciones de las deudas que existen en el sistema. “La velocidad a la que se mueve la plata en el sector puede ser hasta de un año, uno tiene que tener caja hasta de un año”.
Por otro lado, los 13,7 billones de pesos de reservas técnicas corresponden al total de pasivo que las EPS deberían reservar para pagar obligaciones en servicios de salud. Según el Decreto 780 de 2016, toda esa plata debería estar invertida en activos que sean seguros y líquidos (disponibilidad en efectivo).
Es decir, idealmente los 13,7 billones deberían estar garantizados también en inversiones para que cuando se presente la eventualidad o la obligación de pago, esta se pueda pagar oportunamente. Pero la Contraloría señala que las EPS solo tienen respaldados 1,3 billones de pesos. Entonces, en realidad, el pasivo de reservas técnicas de 21 EPS es de 12,4 billones con corte a octubre de 2023. Otras 5 EPS sí cumplen y tienen un excedente de 832.965 millones de pesos en las inversiones de reservas técnicas, según el informe.
El informe de la Contraloría contrasta con otro que hizo la Superintendencia de Salud en octubre de 2023. En este, la Supersalud afirmó que, a corte de junio de 2023 (cuatro meses antes del corte del informe de la Contraloría), 24 EPS activas tenían respaldados 6,3 billones de pesos de 18,7 billones de las reservas técnicas. Es decir, el déficit en reservas técnicas era de 12,4 billones de pesos. En ese caso, eran 20 las EPS que no cumplían con el requisito de inversión de las reservas técnicas.
Pero, como contamos, en el informe de la Supersalud se detallaba que gobiernos anteriores implementaron algunas medidas para que las EPS pudieran usar esa plata. Por ejemplo, durante la pandemia por el covid se autorizó a que las EPS usarán reservas técnicas para el pago de deudas con hospitales y proveedores. En 2022 también se permitió lo mismo bajo algunas condiciones.
Teniendo en cuenta eso, el déficit en reservas técnicas pasaba de 12,4 billones a ser de casi 5,5 billones de pesos. Y las EPS que incumplían de 20 a 14.
Acemi, un gremio que reúne a varias EPS del régimen contributivo, respondió a ese informe que además de los usos que ha permitido la ley de esas reservas, ese déficit reflejaba la insuficiencia de recursos del sistema. Para el gremio, las EPS no podían respaldar las reservas técnicas porque tanto la prima que reciben por afiliados (UPC) como los pagos de Presupuestos Máximos (para pagar servicios no incluidos en el plan básico de salud) eran insuficientes.
En esto coinciden expertos consultados por La Silla.
Paul Rodríguez, economista experto en salud pública, explica que cuando el dinero de la UPC no alcanza para las atenciones médicas, las EPS no logran tener el dinero de las reservas técnicas aprovisionado. “No es que se ‘pierda’, sino que el dinero que les pasan a las EPS no alcanza para cubrir tanto atenciones como reservas”, dijo el profesor de la Universidad del Rosario.
En eso coincide la epidemióloga Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional: “eso no es pérdida, eso se utilizó en atención”. Vaca también explica que dado que varias de las deudas de las EPS con las IPS son deudas corrientes, “no puede decirse que todo está perdido o que todo es corrupción”.
Sí han existido casos de corrupción en los que los recursos de la salud son usados irregularmente por las EPS, como el caso de Saludcoop y Medimás. Pero esta no es la regla general, y desde la Procuraduría hasta los expertos consultados lo ratifican.
“No siempre es por corrupción o desgreño administrativo, sino por la situación de la población afiliada”, dijo Diana Ojeda, procuradora delegada para asuntos de trabajo y seguridad social, en la Revista Hospitalaria de la edición de mayo y julio de 2023. “Algunas EPS se han apartado del interés general, no han cumplido sus objetivos, se han endeudado demasiado por déficit en la UPC [Unidad de Pago por Capitación], porque tienen una población vulnerable, crónica, catastrófica, y no les alcanza esa UPC, no tienen un balance financiero para eso”, agregó.
Por todo esto, calificamos esa afirmación como engañosa.
Petro también dijo que “un sistema de negociantes que maneja la salud en Colombia mata 340 mil, eso se llama matar”. En otras ocasiones, el presidente ha mencionado que esa cifra representa “más personas que el conflicto armado”.
La jefe de comunicaciones de la Presidencia, María Paula Fonseca, le dijo a El País que la cifra era del Instituto Nacional de Salud (INS) y que se refería al período entre 2010 y 2019. Según esa institución, las muertes evitables por el sistema de salud entre esos años fue de 364.113, 24 mil más que las mencionadas por Petro.
El INS, en su último informe, menciona que la mortalidad evitable “corresponde a todas aquellas muertes que, dado el conocimiento médico y la tecnología actuales, podrían ser evitadas por el sistema de salud a través de la prevención o el tratamiento”.
Sin embargo, ese dato tiene matices. Y de acuerdo con expertos, la interpretación que ha hecho el presidente Gustavo Petro es imprecisa, pues que sean “muertes evitables por el sistema de salud” no significa se produzcan por fallas en el sistema o negligencia de las EPS.
Como explicó a El País el profesor e investigador de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, el concepto “se refiere a las personas que mueren prematuramente, antes de los 75 años, por condiciones que la tecnología y el conocimiento ya pueden curar”. Y añade: “Ahí entra todo, porque casi todo ya se puede curar, eventualmente”.
Si se toma la última década que registra el INS (2011-2021), el dato de muertes evitables por el sistema de salud es de 419.757 (79 mil muertes por encima de lo que dijo Petro).
Pero, de otro lado, el informe muestra que en las últimas cuatro décadas ha disminuido en 12 puntos el porcentaje de muertes evitables atribuibles a los servicios de salud en relación con las muertes totales. Ha pasado del 28,4% en 1979 al 16,4% en 2019.
En 2020 y 2021, como explica el INS, el aumento en la proporción de muertes evitables “también coincide con las tasas de muertes evitables que corresponden a la pandemia de covid”.
Y si nos vamos a la última década, en 2009 hubo una tasa de 90,3 muertes evitables atribuidas al sistema de salud por cada 100 mil habitantes y, en 2019, esa tasa cayó hasta 79,3. Es decir, entre esa década hubo una caída de 12,18% en las muertes evitables atribuidas al sistema de salud.
Nuevamente, en 2020 y 2021, por la pandemia, esa tasa aumentó. En 2020 fue de 81,1 y en 2021 quedó en 87,9 muertes evitables atribuidas al sistema de salud.
El informe del INS también muestra que luego de la Ley 100 de 1993 y hasta 2017, la tasa de mortalidad evitable por el sistema de salud disminuyó. Pasó de 139,4 muertes por cada 100 mil habitantes entre 1988 y 1992, a una tasa de 80,7 muertes en el período entre 2013 y 2017.
Otra vez, entre 2018 y 2021, dice el INS, el aumento de la mortalidad evitable se relaciona “con las consecuencias directas e indirectas de la pandemia, dadas las limitaciones para el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, en personas con enfermedades crónicas”.
Por otro lado, como muestran datos de la Organización Panamericana de Salud, Colombia ha logrado una reducción más rápida de la mortalidad evitable. Mientras en la región la caída fue de 291,9 en 2000 a 226,7 muertes evitables por cada 100 mil habitantes en 2019, en el país esa tasa pasó de 340,9 a 183,7 para el mismo periodo.
Es decir, Colombia redujo un 46,1% la mortalidad evitable, mientras la región la redujo un 22,3%.
“Todos los países tienen mortalidad evitable, lo importante es reducirla. Y en esto Colombia sale muy bien en comparación con la región”, escribió en Twitter (ahora X) Ramón Abel Castaño, consultor en sistemas de salud.
En suma, las muertes evitables entre los años 2010 y 2019 son 24 mil más de las que mencionó Petro, y 80 mil más entre los años 2011 y 2021. Pero este indicador se ha reducido en los últimos 40 años, y en los últimos 20 ha tenido una reducción más rápida que el resto de los países de la región.
Además, como explican expertos, el indicador incluye cualquier fallecimiento potencialmente evitable, por ejemplo, morir por cáncer, un impacto de bala o un accidente de tránsito. Hoy, pocas cosas son absolutamente no tratables. Por esto, decir que el sistema de salud ha permitido la muerte de 340 mil personas o las “ha matado”, como ha mencionado el presidente, es engañoso.
Petro señala indirectamente a las EPS de dejar “la tasa de mortalidad infantil más alta de la Ocde”. Y en otro tuit, afirmó que el sistema preventivo de su reforma a la salud reduciría esa tasa. Esta afirmación ya la verificó el Detector de Mentiras y encontró que es debatible.
Colombia sí tiene la tasa de mortalidad infantil más alta entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), según los últimos datos disponibles —de 2021— de ese club de países desarrollados. El dato es de 16,5 muertes por cada mil niños para 2021.
Colombia, además, está por encima del promedio de la Ocde, que registró un promedio de 4 muertes por cada mil nacidos vivos.
Pero Colombia es el país miembro de la Ocde que tuvo la mayor reducción en mortalidad infantil entre 2011 y 2021. En 2011, el dato era de 21,2 muertes por cada mil nacidos vivos y pasó a 16,5 una década después.
Además, comparados con 35 países de América Latina y el Caribe, Colombia está entre los 15 con menor tasa de mortalidad infantil, según datos del Banco Mundial. Esa entidad estima que en el país murieron 11 niños menores de un año por cada 100 nacimientos vivos en 2021, mientras que el promedio de la región fue de 14.
Aunque Petro afirma que su reforma a la salud, a través de un sistema preventivo, podría mejorar estos resultados, algunos expertos discrepan.
La reforma a la salud del gobierno sí tiene en su centro la consolidación de un modelo de salud preventivo. Algunas de las propuestas articuladas con ese objetivo son la creación de Centros de Atención Primaria (Caps), para brindar servicios básicos de salud; y equipos de salud territorial, para hacer brigadas que caractericen a la población y detecten tempranamente enfermedades.
Para expertos, aunque avanzar hacia la prevención es importante, eso no soluciona todos los problemas que causan la mortalidad infantil, que incluso desborda lo que puede hacer el sistema de salud.
“Es mucho más importante reducir la situación de pobreza, acceso a agua potable y alcantarillados, y mejorar las condiciones de vivienda, nutrición, educación”, dijo el consultor en salud Ramón Abel Castaño.
Por su lado, Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, afirmó: “La reforma no corrige el deterioro de los contextos sociales y económicos señalados e incluso puede crear barreras a los servicios de salud por insolvencia del sistema”.
Petro acusa a las EPS de pagar las campañas de “congresistas que quieren impedir la reforma”, refiriéndose a los nueve congresistas de la comisión séptima del Senado que firmaron la ponencia para archivar la reforma a la salud.
Es cierto que a los partidos políticos de ocho de estos nueve senadores empresas asociadas a los grupos dueños de dos EPS les donaron recursos.
Pero según la información reportada en el portal de Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral (CNE), de los siete senadores firmantes de los que hay información ninguno recibió financiación directa de las EPS. Además, tres de ellos no recibieron ni siquiera donación de su propio partido.
Por ejemplo, la senadora Norma Hurtado no recibió donaciones directas de EPS, según se ve en el aplicativo Cuentas Claras. La senadora recibió 74 millones de pesos de su partido, La U. Ese partido, como mostró El País, recibió en 2022 como donación 15 millones de Keralty, el grupo dueño de la EPS Sanitas. La U también recibió aportes por 130 millones de pesos de dos empresas del Grupo Bolívar, que también tiene la EPS Salud Bolívar. Esos aportes representaron solo el 1% de todas las donaciones que recibió La U en 2022.
El senador Miguel Ángel Pinto tampoco recibió una donación directa de una EPS. Su partido, el Liberal, sí le donó 180 millones de pesos a su campaña. Y ese partido, a su vez, recibió en 2022 10 millones de Keralty; y 144 millones de pesos de empresas del Grupo Bolívar. Ambas suman un 1,19% de todas las donaciones del partido en 2022.
Los senadores Nadya Blel y José Marín no recibieron donación directa de una EPS, ni tampoco de su partido. El Conservador, en todo caso, recibió 280 millones de pesos en 2022 de empresas del Grupo Bolívar. Esto es un 4,23% de todas las donaciones que recibió la colectividad.
La senadora Lorena Ríos tampoco recibió donación directa de una EPS ni de su partido, Colombia Justa Libres. Ese último sí recibió cinco millones de pesos de donación del grupo Keralty en 2022 (un 14,7% de todas las donaciones).
La senadora Berenice Bedoya no recibió financiación directa de una EPS. Bedoya sí recibió 29,8 millones de pesos de donación de su partido, Alianza Social Independiente (ASI). Este partido recibió una donación de 10 millones de pesos de Keralty y otra de empresas del Grupo Bolívar por 30 millones de pesos. Ambas suman un 9,4% de todas las donaciones de ese partido.
Finalmente, la senadora Ana Paola Agudelo no recibió aportes directos de una EPS. Agudelo sí recibió donaciones de su partido, el Mira, que suman 114,9 millones de pesos. Pero en 2022 ese partido no recibió donaciones de EPS, como consta en Cuentas Claras.
No pudimos comprobar la financiación individual que recibieron los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera, del Centro Democrático, porque en la aplicación Cuentas Claras no aparecen los reportes de los congresistas de ese partido. El CNE no ha respondido porque no aparecen estos reportes.
Pero en el reporte general del partido, sí aparece que el Centro Democrático recibió 755 millones de pesos de empresas del Grupo Bolívar, que tiene la EPS Salud Bolívar. Y también 35 millones de Keralty, del grupo dueño de la EPS Sanitas. Ambas donaciones son un 9,19% de todo lo que recibió ese partido en 2022.
En conclusión, es cierto que grupos empresariales dueños de EPS donaron a los partidos de ocho de los nueve senadores firmantes de la ponencia que tiene virtualmente hundida la reforma a la salud. Pero ninguno de estos nueve recibió una donación directa de las EPS, como señala textualmente el presidente Petro. E incluso tres de esos senadores no recibieron aporte de su propio partido para su campaña. Por eso, calificamos la afirmación de Petro como debatible.
Petro trinó que la prohibición de que recursos extranjeros financien campañas fue violada porque una “empresa extranjera que es dueña de una EPS es la principal financiadora de campañas políticas”. Fue en respuesta a un trino en el que el senador Wilson Arias dijo que toda la junta directiva de Keralty, de la EPS Sanitas, era extranjera.
Y en otra intervención desde Ayapel (Córdoba), Petro dijo “estamos viendo cómo unos congresistas, financiados por una multinacional extranjera, que eso lo prohibió la Constitución, dedicada al sistema de salud, porque es propietaria de EPS, a intervenir en el debate sobre las EPS a favor de las EPS. Esa es la quiebra de la Constitución del 91, eso está prohibido”.
El artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 prohíbe la financiación a partidos, movimientos políticos o campañas “que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas electorales”.
Al revisar la junta directiva de la empresa Keralty está conformada por extranjeros y coinciden con los nombres presentados en la denuncia por el senador Arias.
Y sus accionistas son sociedades extranjeras: Centauro Capital SL, Natanar XXI SLU y Joseba Mikel Grajales Jimenez, con cédula extranjera. Como a su vez señaló el congresista y muestra el acta más reciente de elección de junta de la entidad.
Pero eso no la convierte en una empresa extranjera. Según el artículo 469 del Código de Comercio, “son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior”.
Así lo ratificó a La Silla el exsuperintendente de Salud, Gustavo Morales, y el abogado Rafael Wilches, profesor del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Javeriana: “si tiene domicilio en Colombia, es sociedad colombiana, así tenga capital extranjero”.
Keralty SAS, como muestra este registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, fue constituida el 17 de enero de 1991 en la Notaría 30 de Bogotá. Además, en abril de ese mismo año obtuvo su matrícula mercantil en el país y tiene domicilio en Bogotá.
Keralty SAS hace parte del grupo empresarial Keralty y es considerada como la empresa matriz del grupo, integrado por 16 organizaciones.
Otra de ellas es la EPS Sanitas. Esta EPS también es colombiana, constituida en diciembre de 1994 y con domicilio en Bogotá. Ayer, con la intervención de la Superintendencia de Salud a esta EPS, fueron removidos su representante legal, junta directiva y asamblea de accionistas. La persona delegada como interventor por la Supersalud y que estará a cargo de esta EPS es Duver Dicson Vargas.
Por otro lado, verificamos si el grupo Keralty es la “principal financiadora de campañas políticas”.
La donación que dio Keralty a los partidos de los nueve senadores firmantes de la ponencia de archivo de la reforma a la salud ━75 millones de pesos━ representó un 0,1% de todas las donaciones que recibieron esos partidos en 2022 ━42 mil millones de pesos━.
La donación de Keralty, por partidos, fue de un 0,1% de todas las donaciones que recibió La U en 2022; para el Centro Democrático, fue un 0,4%; para el Liberal, el número fue de 0,07%; para Colombia Justa Libres, el porcentaje sí fue un poco mayor, del 14,7%; los partidos Conservador y Mira no recibieron donaciones de Keralty, y para la ASI, la donación de esa empresa representó un 2,3% de todas las donaciones que recibió en 2022.
Por todo eso, calificamos la afirmación de Petro como engañosa.
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