La Jurisdicción Especial para la Paz se prepara para el próximo año sacar las primeras sentencias tras casi seis años de funcionamiento. Serán contra el último secretariado de las Farc por los secuestros de esta guerrilla y contra los responsables de los “falsos positivos” que sufrieron los jóvenes de Soacha en 2008, dos casos emblemáticos de los crímenes que tiene que juzgar esta justicia transicional.
Ese proceso lo liderará, en su segundo año como presidente, el magistrado Roberto Vidal. En entrevista con La Silla Vacía, el abogado habla de estos avances, que llegan en medio de duras críticas del gobierno de Gustavo Petro porque consideran que la JEP se ha “desviado del camino”, y del uribismo tras la entrada del exparamilitar Salvatore Mancuso a esta jurisdicción.
La fase de investigación de la JEP tiene como fecha límite el 2028. ¿Cómo van a hacer para cerrar todos estos casos, cuando hay por lo menos seis que no tienen ni una imputación?
Tal vez tenemos menos tiempo que eso. En nuestro cálculo nos queda un poco menos de dos años de investigación, porque la UIA de la JEP necesita un tiempo también para los procesos adversariales. Eso obligó a que en el proceso de planeación de los próximos cuatro años, estemos haciendo un proceso de rediseño de la jurisdicción para poder cumplir con la estricta temporalidad. Nuestros plazos no pueden aplazarse, ni extenderlos. Esa es una de las virtudes más grandes de la jurisdicción: que no es permanente.
¿Cómo es ese rediseño de la JEP?
Crecimos los despachos de las salas con personal calificado. Creamos un equipo de choque compuesto por una serie de magistrados auxiliares del más alto nivel y encargados de apoyar investigaciones concretas sobre la base de la planeación. También hemos diseñado nuestro Grupo de Análisis de Información para que se concentre en las investigaciones que faltan. Hemos dispuesto que la UIA ahora va a apoyar las investigaciones de los macrocasos. Medidas para producir, en los próximos dos años, los resultados que tenemos que producir.
¿Usted lleva un año (de dos) como presidente de la JEP ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes que ha enfrentado en este tiempo?
Mi percepción como presidente este año es que la jurisdicción es un lugar fascinante para el trabajo y la construcción de la paz. Después de cinco años, la JEP está en un momento interesante, porque es un barco que ha desplegado todas sus velas y está navegando a velocidad de crucero.
Nosotros arrancamos con el trabajo de las salas, pero con las primeras resoluciones de conclusión ya se han activado los juicios y empezaron a funcionar las secciones del Tribunal. Se activó el trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que es nuestra propia Fiscalía y que conducirá a juicios adversariales, que ya han empezado a funcionar. De manera que ya todo el aparato judicial está desplegado.
También hemos logrado un gran despliegue en el territorio. La JEP está construida sobre la centralidad de las víctimas, pero eso aquí no es un eslogan, sino que es un mecanismo permanente de trabajo. Significa que nosotros tenemos 25 oficinas en el territorio y esas oficinas tienen psicólogos y abogados que hacen acompañamiento psicosocial a las víctimas, que ofrecen representación judicial a víctimas y a quienes fueron victimarios.
¿Qué logros puntuales podría uno ver en estos cinco años de trabajo de la jurisdicción?
Nuestra jurisdicción no está hecha sobre la base de buscar el castigo de los culpables de violar la ley, que es una función necesaria de la justicia ordinaria. Nuestra jurisdicción está construida para construir la reconciliación y en ese capítulo están nuestros mayores logros.
Hemos imputado casi a 150 máximos responsables del conflicto. Eso parece una cifra poca, pero cuando nosotros vamos a los foros internacionales es una de las cifras que resultan más increíbles de los resultados de la jurisdicción. En contraste con el juicio de Nüremberg fue a 22 miembros acusados del régimen Nazi. La Corte Penal Internacional lleva 20 años funcionando y ha imputado entre 20 y 30 personas.
Y en la JEP la mayoría de los imputados han reconocido sus crímenes.
Allá voy. De los imputados, hasta hoy, han reconocido responsabilidad el 90 por ciento, teniendo la obligación de aportar verdad, pero con el derecho a reconocer o no su responsabilidad. Y nos hemos encontrado que esa es una de las grandes contribuciones a la restauración de las víctimas: la dignificación para las víctimas por el reconocimiento de responsabilidad de un compareciente no tiene comparación.
Hay críticas porque aún no se conoce la primera sentencia. ¿Cuándo se espera tener esas sentencias y por qué se ha tomado tanto tiempo cuando ya hay un reconocimiento aceptado en casos como el del secuestro de las Farc?
Creo que es importante entender el proceso dentro de la jurisdicción. Al final de las investigaciones se producen estas resoluciones de conclusiones donde hay aceptación o no de la responsabilidad. A partir de allí empiezan los juicios, que empezaron hace un año.
Pero esos juicios con reconocimiento no es como firmar lo que aceptaron los comparecientes, sino que es un estudio muy serio de autoridad judicial donde se revisa los reconocimientos que hicieron los comparecientes y también las demandas de las víctimas. En ese contexto, esperamos que a comienzos del año entrante tengamos la primera de las sentencias.
¿Cuál sería la sentencia que podríamos esperar?
En el orden que han venido las resoluciones de conclusiones, las sentencias que están elaborándose tienen que ver con el caso de secuestro a manos de las Farc, y las resoluciones del caso 03, sobre “falsos positivos”.
Después de esa sentencia podríamos esperar que esos máximos responsables entren a pagar sus penas alternativas en un sistema restaurativo. ¿Qué podría esperar el país el próximo año de cómo se van a pagar esas sanciones?
En la JEP estamos muy preocupados porque nuestras sentencias no caigan en el vacío. Por eso, nosotros nos hemos ocupado del sistema restaurativo, en un trabajo muy intenso con el gobierno nacional, garantizando que están los recursos, las instituciones y los proyectos disponibles.
Este año hemos logrado que un sistema de trabajo que nos permite que a partir del primer mes, del año entrante, empiecen a funcionar los primeros proyectos de sanciones restaurativas, que además la ley nos permite aplicarlos antes de que salgan las sentencias. Nuestra ley prevé que los comparecientes pueden venir a los proyectos para hacer un cumplimiento anticipado de sus sanciones.
Pero estas sanciones vienen con unas restricciones a la libertad a estos máximos responsables. ¿Cómo va a ser eso?
Lo que estamos viendo es que en la fase en que los comparecientes vengan a cumplir sus sanciones antes de las sentencias, esto podría tener unas restricciones a la libertad mínimas y después unas restricciones plenas a partir de la sentencia.
¿Pero cómo sería esa restricción?
Por un lado, hemos trabajado en un sistema de monitoreo permanente que le permita a la JEP saber dónde están los comparecientes en tiempo real y tal vez recurramos a mecanismos electrónicos. Más que el brazalete como en el pasado, buscamos más a través de dispositivos celulares. Como funciona el WhatsApp de un marido celoso: “mándame tu ubicación de dónde estás ahorita”. Eso ya ha venido funcionando en algunos sectores de la justicia.
Por el otro lado, buscamos un monitoreo de personas, gente de la JEP vigilando y administrando los proyectos restaurativos para saber los comparecientes qué están haciendo. Porque a nosotros no nos basta con saber dónde están, sino saber qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, las horas en que esas personas están cumpliendo los proyectos restaurativos van a estar monitoreadas por gente de la JEP.
Un tema que los ha enfrentado con los comparecientes de las antiguas Farc es el tema de las amnistías para los no máximos responsables. El senador Julián Gallo, de Comunes, habla de 6000 excombatientes que tienen un limbo jurídico hace siete años. ¿Por qué no se ha resuelto este tema?
Nosotros nos hemos preocupado mucho por el tema de las amnistías y eso nos obligó a hacer una serie de investigaciones con la ayuda de Naciones Unidas. Lo que encontramos es que al 80 por ciento de las personas a las que se les concedió amnistía fue a través de decretos presidenciales del gobierno de Juan Manuel Santos. Son alrededor de 6 mil personas amnistiadas, pero a las cuales no se les informó de que existían.
Lo que le estoy diciendo es que hubo miles de personas de las Farc que nunca supieron que estaban amnistiadas. Eso tuvo un efecto muy grave porque tampoco se notificaron a las autoridades competentes: Policía, Registraduría, Procuraduría. Lo que produjo el efecto de que a miles de comparecientes las autoridades, al no ser informadas, los siguieran deteniendo. Por eso, la mayoría se quedaron confinados en las zonas donde estaban.
Entonces es verdad, ha habido un problema muy grande con las amnistías, pero no tenía que ver exactamente con la JEP, sino que era un problema de las amnistías administrativas.
Pero ustedes tienen también una sala de amnistías y deben decidir sobre también casos de excombatientes de las Farc
En el caso de la JEP, nosotros hemos venido avanzando de manera rápida en las amnistías que nos corresponden. En los acuerdos se reservó a la jurisdicción para conceder amnistías cuando hubiera condiciones judiciales especiales, alrededor de 600 casos. Pero no tienen que ver con los 6 mil personas que se quedaron en el limbo.
Ese tema de las amnistías magistrado llegó hasta la ONU, en un carta muy crítica del presidente Petro a la JEP, a la que se sumaron las críticas del canciller Leyva diciendo que la jurisdicción se había desviado de su propósito. ¿Cómo responde a estos cuestionamientos?
Nosotros les hicimos saber directamente al presidente y al canciller la posición de la JEP al respecto: no compartimos el análisis que se hace a nuestro trabajo, pero respetamos la opinión que pueda tener el gobierno al respecto.
Pero algo distinto son las manifestaciones que hizo el gobierno sobre la capacidad que tendrían para supervisar el trabajo de la JEP. El gobierno es el que maneja las relaciones internacionales y el acuerdo tiene una connotación internacional, y el gobierno se abroga la responsabilidad por el cumplimiento del acuerdo. Pero en lo que atiende a la JEP la relación es otra y se media por la independencia judicial. Nosotros hacemos parte del poder judicial del país. Entonces nos resulta desde todo punto de vista inaceptable que haya cualquier tipo de monitoreo o de indicaciones de lo que debe hacer la JEP.
Otro frente de críticas han venido de la derecha, puntualmente del uribismo. Esto especialmente por la inclusión de Mancuso y sus menciones contra el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo reciben esas críticas también?
Primero quiero advertir el hecho de que de todos los extremos del espectro político puedan tener temores y objeciones sobre lo que hace la JEP, pues hace una afirmación de nuestra independencia ante cualquier sector. Nadie puede decir que somos tendenciosos si recibimos críticas de todos los sectores. Ahora, a esas críticas, al igual que las del gobierno, tenemos una respuesta. Nosotros no entramos a controvertir las opiniones y respetamos las posturas que pueda tener cualquier actor de la sociedad civil.
La críticas vienen por esta figura de “bisagra” con la que fue incluido Mancuso y sus aportes después de varios años en Justicia y Paz ¿Cómo entender esta figura y la verdad que pueda aportar este exjefe paramilitar en la JEP?
Sobre esa pregunta de la figura de bisagra hay varias cosas. Por un lado, los tribunales de Justicia y Paz tenían una función muy limitada. Ellos solo tenían competencia para juzgar a miembros de los grupos paramilitares que firmaron los acuerdos de paz durante el gobierno de Álvaro Uribe. No se podían pronunciar sobre nadie más. La cifra de la compulsa de copias de Justicia y Paz a la Fiscalía es de 18 mil personas.
La JEP tiene una competencia más amplia. Nosotros podemos investigar a las antiguas Farc, investigar la Fuerza Pública, también investigar a funcionarios y a terceros que decidan someterse voluntariamente. Entonces, cuando arrancamos nuestras investigaciones sobre la fuerza pública, las víctimas nos advierten que si no investigábamos los vínculos de los militares con los grupos paramilitares una parte de la verdad del conflicto se iba a perder. Esa es la razón de fondo por la que creamos esta figura de bisagra, para ir más allá de lo que hizo Justicia y Paz.
Pero cuando admiten a Mancuso en un comunicado también dicen que han rechazado 1700 solicitudes de paramilitares. ¿Por qué Mancuso sí fue admitido entonces?
Porque nosotros necesitamos información para investigar a la fuerza pública, a los funcionarios del Estado y los terceros, para eso necesitamos la información paramilitar. Entonces por eso es que definimos que no vamos a aceptar a cualquier paramilitar, sino a loa jefes paramilitares y que vamos a examinar caso a caso.
Para eso tienen que mostrar que realmente quieren hacer un aporte de verdad y que tienen información que es pertinente para la JEP. Además, en el caso de Mancuso quedo claro que la competencia sigue en las dos jurisdicciones, en la JEP y en Justicia y Paz.
Justamente cuando aceptan a Mancuso ustedes compulsan copias a 300 personas, incluido el expresidente Uribe. ¿Hasta dónde puede llegar la verdad de Mancuso en la JEP?
El tema es que Justicia y Paz podía llegar hasta un punto de la investigación. Nosotros podemos llegar más adelante, pero tampoco la podemos hacer toda. Nuestra competencia sobre funcionarios del Estado y sobre particulares es solo voluntaria, tenemos esa limitación. Pero hay limitaciones que sí son absolutas. Nosotros no podemos investigar presidentes por norma constitucional. Tal vez en el futuro haya un tribunal que sí los pueda juzgar.
Lo que sabemos es quién sí lo puede hacer ahora: lo puede hacer la Corte Suprema si lo autoriza la Comisión de Acusaciones del Congreso. El resto de compulsas se las estamos mandando a la gran autoridad de investigación de este país que se llama Fiscalía. Ellos no tienen límite.
¿Entonces la verdad de Mancuso, por lo menos en la JEP, va a estar limitada al tema de los militares?
La información paramilitar sobre vínculos con la fuerza pública resulta clave para casos como el del exterminio de la UP; en casos como el 08 que es sobre crímenes entre la fuerza pública y el paramilitarismo; una parte muy importante de los “falsos positivos” se hizo en esa alianza; y la perspectiva de los ataques a poblaciones étnicas, allí vuelve a aparecer la alianza fuerza pública y grupos paramilitares.
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