A 700 metros debajo de una montaña de Antioquia está unos de los frentes de la guerra por el oro en la mina más rica del país.
Faltando quince metros para el final del túnel, Gerson* apaga la linterna. No quiere que lo vean los hombres que están en las trincheras del frente, detrás de un as de luz que ilumina las paredes de piedra de un túnel de tres metros de ancho, por cuatro de alto. Ni él ni el resto del personal de seguridad de la minera china Zijin Continental Gold puede caminar más allá de este punto sin el riesgo de recibir un disparo de hombres asociados al Clan del Golfo.
La luz está al inicio del túnel 12-20, que demarca la delgada línea roja de una guerra que se libra bajo tierra. En esta mina de oro, la más grande del país, grupos de mineros ilegales con vínculos con el Clan del Golfo han construido kilómetros de túneles para llegar desde la superficie a la infraestructura que Zijin ha construido para extraer las toneladas de oro que hay entre las rocas.
Uno de los últimos episodios ocurrió el pasado 13 de febrero. Ese día un grupo de hombres armados con fusiles de asalto y subametralladoras entraron disparando en el túnel 12-20, logrando hacer retroceder a los guardias de seguridad de la empresa que vigilaban este nivel. Y una vez asegurado su control, los mineros ilegales instalaron seis cilindros bomba a la entrada y colocaron a dos guardias armados con fusiles.
Es 20 de febrero, una semana después del ataque, cuando La Silla acompaña a Gerson a este punto y a recorrer parte de los 82 kilómetros de túneles que componen la mina. De estos, Zijin reporta haber perdido el control de entre el 60 y el 70 por ciento. Su preocupación ha aumentado más porque en este momento la batalla ha llegado por el control de la sección más rica en oro de la mina: Higabra.
“¿Alguna novedad?”, pregunta en voz baja Gerson a dos guardias de seguridad que están parados detrás de una trinchera hecha con sacos de arena. Cerca se escucha el taladro de los ilegales perforando la montaña y se alcanza a oler la marihuana que fuman en sus jornadas. “Ninguna, solo alumbran de vez en cuando hacia abajo”, respondió uno de los guardias, vestido con chaleco antibalas y casco militar de kevlar.
Gerson trata de asomarse del otro lado del muro, pero un rayo de luz de una linterna sale de arriba hacia abajo y lo alcanza a alumbrar. Inmediatamente, retrocede de nuevo hacia la trinchera. Sabe perfectamente que los mineros ilegales y el Clan del Golfo no dudan en disparar. Según el registro de Zijin, el año pasado hubo 2.260 explosiones de artefactos improvisados y 2.450 disparos dentro de la mina.
En mayo del 2023, Gerson y otras 13 personas resultaron heridas en una ataque a tan solo 30 metros del nivel 12-20. “Ese día teníamos una irrupción de mineros ilegales en el nivel 11-90. Por eso, la compañía decidió hacer un taponamiento para no seguir perdiendo terreno. Cuando estábamos realizando el cierre técnico, nos detonaron un cilindro bomba. Al instante murieron dos personas, dos compañeros, que terminaron muy desfigurados”, relata Gerson.
La explosión lo ensordeció. El ruido de una bomba en medio de un túnel de apenas tres metros de ancho por cuatro de alto hirió sus oídos. Además, las esquirlas del cilindro se le incrustaron en el rostro, el torso y las extremidades. También recuerda se le desprendió la ropa por la onda explosiva, como a casi a todos los que quedaron heridos.
Entre los lesionados hubo tres policías, de un total de 10 que ese día estaban apoyando las labores de seguridad dentro de la mina. Pertenecen a una unidad especial de 50 policías de carabineros, entrenados en el exterior para operar bajo tierra y que pertenecen a la Unidad Nacional contra la Minería llegal y Antiterrorismo (Unimil). Esta unidad de elite de la Policía está 24 horas operando dentro de la mina, pero no ha sido capaz para detener el avance de los ilegales en el titulo minero que compró oficialmente la empresa china desde el 2020.
Esa unidad de la Policía permanente es una de las acciones que el gobierno de Gustavo Petro argumenta que ha tomado para contrarrestar la problemática, como dice la viceministra de Defensa encargada, Daniela Gómez. Se suma a un batallón de dos mil hombres del Ejército que operan en la superficie de la montaña, por donde se hacen los túneles ilegales.
No son sido suficientes. La empresa Zijin le pide al gobierno un megaoperativo de fuerza pública y otras instituciones para acabar con el problema. Una solución de un calibre que el gobierno Petro no está dispuesto a hacer, pues no quiere correr el riesgo de una masacre contra mineros, que si bien se pueden considerar ilegales, no son combatientes del Clan. Las diferencias han deteriorado la relación al punto en que Zijin demandó por 500 millones de dólares al Estado colombiano.
El taladro se escucha arriba del túnel. Dos linternas apuntan hacia el techo, al lugar de donde proviene el sonido. También revelan el humo que llena la caverna, que huele a pólvora y hace difícil respirar. Dentro de los huecos que hacen los taladros se instalan luego cargas explosivas para avanzar la excavación. “Detonaron hace 15 minutos”, le dice un guardia de seguridad a Gerson, cuando se aproxima a la última trinchera de observación que tiene Zijin en el túnel 11-50.
Las luces alcanzan a mostrar un hueco, por el que no cabe todavía ningún ser humano. “Esa es la última conexión ilegal que tienen en este túnel. En una hora más o menos terminan de taladrar y vuelven a detonar los explosivos”, dice Gerson. Antes de irse, les recomienda a los guardias ponerse los audífonos para cuidarse los oídos.
El nivel 11-50 es uno de los últimos y más profundos donde han llegado los mineros ilegales. Su nombre significa que está a 1.150 metros sobre el nivel del mar. Sobre este hay cientos de metros de roca y túneles, pues la montaña mide en su punto más alto 1.826 metros sobre el nivel del mar.
Para llegar hasta ahí, los mineros ilegales hacen huecos estrechos y delgados que salen de predios encima de la montaña. Túneles que se adentran desde un baño o la habitación de las casas que están en la superficie, a las que les llaman “tapas”, que en su mayoría están identificadas por la fuerza pública en la vereda de Los Asientos y sus alrededores.
Estas bocaminas ilegales bajan y bajan hasta que se conectan con los túneles más grandes de la mina de Zijin, como si fuera un hormiguero gigante. Aprovechan el trabajo geológico, los ductos de ventilación y la infraestructura de los mineros formales para encontrar las vetas más provechosas.
Para abrirse paso a través de la montaña los ilegales utilizan un método similar al de la empresa minera china: abren agujeros en la roca para colocar de manera precisa cilindros de explosivos que detonan para abrir espacio entre las cavernas. Zijin solo detona a dos horas, a las seis de la mañana y a las seis de la tarde. Pero, dentro de la mina todo el día resuenan los ¡boom!
De acuerdo a los registros de Zijin, que hacen a diario en los puntos de vigilancia, en el 2023 los mineros ilegales hicieron un total de 91.360 detonaciones. Eso equivale algo así como 120 toneladas de explosivos al año, que costarían alrededor de 27 mil millones de pesos al año, según la información que tiene Zijin sobre los precios del mercado ilegal en Buriticá.
La lógica tiene varios pasos. Primero los mineros ilegales buscan ensanchar más el hueco de conexión a punta de bombas. Cuando ya cabe un ser humano, bajan hombres de “seguridad” con fusiles y explosivos improvisados para alejar a los guardias de la minera china.
Una vez el personal de seguridad de Zijin retrocede, los mineros empiezan a apoderarse del túnel construyendo un muro con escombros y sacos de arena para taponar las arterias de la mina. Con el túnel en su poder ya pueden acceder a las vetas y empezar a extraer el oro, el cual sacan en pequeñas bolas de amalgama de mercurio y oro.
Es una operación de hormiga con la que se han apoderado, según estimaciones de Zijin, de cerca del 70 por ciento de toda la infraestructura de la mina. La clave es que, así como la operación minera de los chinos nunca para, la actividad minera asociada al Clan del Golfo tampoco.
De acuerdo a datos del Ministerio de Defensa, la operación total de mineros ilegales dentro de la mina de Zijin llega hasta las dos mil personas, que se reparten en tres turnos, en los que permanecen cerca de 21 días internados en las profundidades de la montaña, sin ver la luz del sol.
La compañía tiene tres secciones: Rampa Sur, que empieza en los 1.710 metros sobre el nivel del mar y tiene las vetas de oro más superficiales; Yaraguá, que está en un nivel intermedio que empieza a los 1.495 metros; e Higabra que es la sección con las vetas de oro más ricas y profundas, y a la que los empleados de Zijin acceden por una entrada en la base de la montaña, a los 1.150 metros.
De estas secciones, Zijin dice que ya ha perdido casi por completo el control de Rampa Sur y Yaraguá. Incluso, según información de la minera china, en Yaraguá decidieron no seguir operando desde septiembre de 2021, por falta de condiciones de seguridad. Fue la primera sección en ser tomada por la minería ilegal.
En una mañana de febrero, cuando La Silla Vacía visitó la mina, era visible el abandono y deterioro de la sección Rampa Sur, cuya entrada está sellada al interior por dos compuertas de metal gigante. Por allí empieza el recorrido Gerson con varios funcionarios de la compañía.
En el primer túnel, a cinco minutos de haber entrado por la cima de la montaña, la escena del nivel 11-50 se repetía: Dos guardias de seguridad con cascos militares y chaleco antibalas, apostados en una trinchera, observan a 10 metros un huequito del que proviene el sonido de un taladro. “Detonaron hace dos horas”, le reportan a Gerson.
Durante 20 minutos, el carro todoterreno que la empresa usa para sus labores baja en espiral por Rampa Sur, por donde un aire húmedo empaña los lentes y el vidrio del carro, y sopla con fuerza hacia arriba. A la izquierda, Gerson señala entradas de túneles sellados con roca. A la derecha muestra lo mismo. “Todo está perdido por lo menos hasta el nivel 13-30”, dice.
La viceministra de Defensa encargada, Daniela Gómez, dice que a finales de 2022 la fuerza pública había recuperado sección por sección, metro por metro, los túneles de Rampa Sur y Yaraguá.
“Ellos (Zijin) no mantuvieron el control. Es que ese es el problema. Yo voy metro a metro y le voy entregando a la empresa. Pero yo no puedo tener dos mil personas allá abajo todo el tiempo. No puedo prestarle seguridad privada a una mina”, dijo Gómez.
“Claro, con la fuerza pública hemos recuperado niveles. Pero no olvidemos que las conexiones ilegales que tiene la minería vienen desde la superficie, entonces cuando vamos a ingresar a retomar el trabajo, pues estos mineros nos cuelgan dos o tres cilindros bomba para impedir que ingresemos a ese nivel. Quedan niveles minados”, dice Gerson, que es uno de los 70 funcionarios de planta de Zijin que recorre todos los días los túneles de la mina más afectados.
La viceministra Gómez agrega que las operaciones en este gobierno han aumentado y que para eso tienen la unidad de elite de carabineros de la Unimil. Además, que en la superficie el batallón del Ejército está asegurando el área de manera permanente.
Entre las cifras oficiales de la fuerza pública en Buriticá está el incremento de capturas de miembros del Clan del Golfo, con 19 en 2023, respecto a las cero del 2022. Gómez explica que están focalizando la investigación a las cabezas financieras de la organización y que están detrás de alias “La Negra” o “La Bruja”, la financiera del Clan encargada de Buriticá.
“¿Qué pasa si entró echando bala a la mina? Ahí hay dos mil personas, dicen que hay hasta niños. En efecto nos toca entrar echando bala en ciertos lugares. Pero no es un escenario sencillo, mucho menos cuando el escudo es la población”, dice Gómez.
En la carretera que conduce de Medellín a Urabá hay un desvío al lado de una pequeña iglesia, en la vereda de Pinguro. Esta es la única entrada que conduce al municipio de Buriticá, un pueblo de un poco menos de 10 mil habitantes, ubicado en el filo de una montaña. Y la única vía que conecta la mina de Zijin con una carretera nacional.
Por esta vía estrecha han aparecido a lado y lado cada vez más casas y predios rodeados de polisombras verdes. Al pasar en carro es fácil observar algunos predios donde hay veinte motos parqueadas y grandes transformadores de energía eléctrica para casas de familia.
La empresa china Zijin dicen que de muchas de esas casas salen los túneles de hormiga que se conectan ilegalmente a su mina. Es algo que también sabe el gobierno. La viceministra Gómez dice que hace poco lograron entrar a una casa donde había una “tapa” que salía desde la sala de una de las casas sobre la montaña. “El año pasado cogimos otros cuatro túneles de esos pequeños. Vamos a lo que la justicia da”, dice.
Arriba, entre las casas y los predios privados es difícil distinguir entre Clan del Golfo, mineros y población civil. Es difícil asegurar con certeza que en una casa hay un hueco que baja por cientos de metros en la tierra o que solo vive una familia. Por eso, la fuerza pública necesita de órdenes de allanamiento para poder entrar a los puntos que sostienen todo el negocio.
Muchas de estas casas, alrededor de la mina de Zijin, no tienen más de 15 años y fueron construidas después de la migración que explotó en Buriticá, desde el 2009. Familias de mineros empezaron a llegar en oleadas de los municipios mineros de Antioquia, como Segovia, Remedios y Zaragoza. La migración fue tanta que un sector del casco urbano es conocido hoy en día como el barrio de “los segovianos”.
La razón detrás de la migración fue que se esparció el rumor de que bajo las montañas de Buriticá había un potencial de 10 millones onzas de oro (aproximadamente 300 toneladas), que había sido descubierto por la minera canadiense Continental Gold. Una riqueza que no solo atrajo a la población nómada de la minería en Antioquia, sino que detrás llegó el Clan del Golfo, también autodenominados recientemente como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Así se empezó a tejer una complicada relación entre parte de la población y el grupo armado. Los pequeños mineros no tenían permiso para sacar el oro y cualquier operación minera era ilegal, pues era sobre el titulo privado de una multinacional extranjera. Entonces, organizaciones de crímen organizado y especialmente los “gaitanistas” empezaron a actuar como un Estado paralelo para regular, poner orden y dinamizar la economía ilícita.
La primera muestra del nivel de la minería ilegal en Buriticá, quedó en evidencia cuando se lanzó la megaoperación Creta, que desplegó a 1.200 uniformados, en abril de 2016. Los resultados fueron 68 capturas, 175 minas intervenidas, 231 motores incautados, 63 plantas inhabilitadas, entre otros, según información del MinDefensa.
Para la viceministra Gómez esta fue una operación que atacó un problema infinitamente menor a lo que se enfrenta hoy el gobierno Petro. “Fue apenas una operación de superficie y el problema en esos momentos era incipiente”, dice Gómez. En ese momento los mineros no tenían la capacidad para acceder a los yacimientos profundos.
Las cosas cambiaron cuando la empresa canadiense vendió el titulo a la empresa china Zijin, una de las cinco mineras más grandes del mundo. La compra por más de 1000 millones de dólares fue a finales del 2019 y la empresa empezó a explotar la montaña a gran escala casi un año después, terminando los túneles para acceder a las grandes vetas en el corazón de la montaña.
La viceministra Gómez dice que después de esto el teatro de operaciones en Buriticá cambió radicalmente: “Hay un momento en que la empresa es infiltrada por las AGC, el Clan del Golfo, y uno de los directivos de la empresa le vende los planos de su mina, de sus túneles, al Clan”. Ella argumenta que a partir de ese punto el problema pasó de ser de minería ilegal en la superficie a una verdadera guerra bajo tierra.
No hay registros en medios de comunicación de que un directivo de Zijin haya sido denunciado o investigado por este tema. Lo que sí hay rastros es de una investigación contra Eduardo Otoya Rojas, exvicepresidente de Continental Gold, por filtrar justamente los planos de las vetas y la mina de oro de Buriticá al Clan. Por estos hechos, Otoya fue capturado en 2016, antes de que Zijin comprará a los canadienses en 2019.
Con o sin planos, el Clan se volvió el gran dinamizador de toda la red de minería que logró llegar con precisión a los túneles de Zijin desde 2021. Por eso, cobran un 10 por ciento de la producción de oro ilegal. Según cálculos de Zijin, con base en la información que obtienen del territorio, la producción ilegal en 2023 fue de hasta 1.5 toneladas de oro.
Con el precio del kilo del oro de esta semana en el país, esa producción equivaldría a un poco más de 100 millones de dólares al año, de los cuales 10 millones irían para el Clan. Una ganancia que no suma el resto de negocios asociados que también tiene este grupo armado, como la venta de explosivos de contrabando de Indumil y el microtráfico de droga.
La magnitud de este negocio ha hecho crecer a nivel organizacional a Wilmar Mejía Úsuga, alias “Richard”. Él estaba al mando del frente Edwin Román Velásquez que tiene control territorial sobre esta región del Occidente. Según una fuente de inteligencia militar, que no puede ser citada por tratarse de información reservada, “Richard” ahora ha ascendido a jefe del Bloque Central Urabá.
Pero el trabajo sucio de las minas no lo hace esta organización armada, sino los cerca de dos mil mineros que rechazan ser llamados ilegales y se han organizado en asociaciones para defender que ellos son pequeños mineros.
“No los podemos llamar mineros ilegales, porque son colombianos que están trabajando. Son mineros tradicionales en vías de legalización. El Estado colombiano debe reconocer que la minería es un eslabón fuerte de la economía del territorio y entonces dicen que son ilegales para asociarlos con otros movimientos que no tienen que ver realmente con el minero de subsistencia”, dice Teresa Mazo, la directora de una de las asociaciones de mineros de Buriticá, Asominacol.
Frente a la injerencia directa del Clan del Golfo, esta líder política y social del municipio dice no tener ninguna información al respecto. “Lo que sí tengo que decir es que los mineros, hasta que el gobierno no los reconozca, no los podrán seguir llamando ilegales. Porque sin una caracterización real que se haga con fines de legalizar a las comunidades, darles el reconocimiento y darles un espacio en los territorios para que trabajen, no podrá haber paz”, dice.
En oposición a la palabra ilegales, muchos de los mineros de la región se autorreconocen como “ancestrales” y en abierta lucha contra la empresa Zijin, a la que acusan de quererlos matar en los túneles con lodo.
“Estamos por el sector de Gualanday, donde la Zijin viene echando lodo, pero aquí estamos los mineros, los mineros ancestrales”, se escucha hablar a un minero que graba con su celular a sus compañeros que se tapan los rostros por orden de otros mineros. Es un vídeo de agosto del año pasado, en el que se puede ver por lo menos 20 mineros con algunas heridas en medio de un lodo gris.
El lodo del video se conoce como retrollenado: una mezcla de roca de la montaña y cemento que usa la empresa minera para llenar los túneles en los que ya no está trabajando. Ese retrollenado lo hacen porque es un requisito de la licencia ambiental de la mina, para conservar la estabilidad de la montaña. Pero los mineros dicen que es una estrategia de guerra sucia para sepultarlos bajo tierra.
El uso de este lodo está en el centro del primer choque de la empresa Zijin con el gobierno de Gustavo Petro. El 11 de agosto de 2022, cinco días después de la posesión de Petro, un paro minero estalló en Buriticá cerrando el acceso por la vereda Pinguro. La causa fue la desaparición de dos mineros en los túneles y la acusación a Zijin de que los había matado con lodo dentro de la mina.
El 15 de agosto de 2022, la entonces ministra de Minas, Irene Vélez, aterrizó en el helipuerto que tiene la empresa Zijin en la base de la montaña en Buriticá. La ministra recién nombrada llegó a atender directamente el paro minero para escuchar las peticiones de los manifestantes. Desde el pueblo lanzó una serie de mensajes que fortalecieron la posición de los mineros.
Además, a pesar de haber entrado y salido por sus instalaciones, la ministra no escuchó la posición de los directivos de Zijin sobre la situación. Fue un gesto que dejó una sensación generalizada de sentirse despreciados por el gobierno y que confirmó un cambio significativo en la política para enfrentar la minería ilegal, que va para dos años.
Desde la campaña, Petro se había puesto del lado de los “pequeños mineros” en Buriticá. “Proponemos comprar concesiones mineras de Buriticá y Jericó, para que se desarrolle la pequeña y mediana minería en manos de la gente de Antioquia”, dijo el candidato Petro. Esa hasta ahora ha sido su única mención en su cuenta de Twitter sobre la mina de oro más grande del país.
“El problema principal es político. Eso deriva en temas de seguridad, temas jurídicos y temas sociales. Pero el gran problema que tenemos acá es político con el actual gobierno nacional”, fue la respuesta de Zijin Continental Gold a La Silla sobre por qué siguen perdiendo terreno en la mina.
Desde que se posesionó Petro, Zijin dice que ha enviado por lo menos cinco cartas al presidente, firmadas por su CEO, Leizhong Li. En ellas le recuerdan al gobierno que la mina de Buriticá es un Proyecto de Interés Nacional Estratégico (Pine) y piden una intervención urgente para frenar el avance de la minería ilegal.
“Señor Presidente, queremos manifestar que como compañía hemos denunciado todas las actividades de minería ilegal, mantenido contacto con diferentes autoridades locales, departamentales y nacionales y hemos dado a conocer a la opinión pública la crítica situación que vive la compañía”, se lee en una de las cartas.
La carta es meses antes de que los mineros ilegales activaran el cilindro explosivo que dejó a dos contratistas de la empresa asesinados y a otras 14 personas heridas. Un hecho que los funcionarios de Zijin interpretaron como la razón definitiva para lanzar una mega intervención. Pero el gobierno Petro no está dispuesto a repetir una operación como Hades, que fue lanzada en 2021 durante el gobierno de Iván Duque, y que fue similar a Creta, pero sin resultados definitivos.
“Ellos piden un megaoperativo, que llevemos 12 mil personas de las Fuerzas Militares para tomarnos de manera permanente los 82 kilómetros de túneles y dejar tropa instalada”, dice la viceministra de Defensa Daniela Gómez. “Esa es una operación que no podemos hacer. No puedo brindarle seguridad privada a una multinacional que tiene en sus ganancias el producto interno bruto del Estado”.
Para Gómez es claro que en Buriticá hay unos dos mil mineros dentro de una mina de propiedad de Zijin, que detrás de los mineros está la mano del Clan del Golfo, y que este es un proyecto que el Estado tiene que proteger. Pero también que la solución para este gobierno no está en una intervención militar.
La viceministra dice que ella se ha reunido constantemente con la compañía y que hay una diferencia muy grande entre lo que hay qué hacer. Recuerda que el año pasado, fue a comer con el gerente Li, que vino hasta Colombia para atender la situación. “No sé ustedes por qué se complican tanto. Eso es llevar el Ejército y listo”, dice Gómez, que fue lo que le dijo el gerente Li.
“La lógica de los chinos es muy diferente a la de nosotros. Colombia ratificó la carta de Naciones Unidas. Somos signatarios de los DD.HH. y del DIH, tenemos que cumplirlos. Para nosotros, esos dos mil mineros no son parte de un Grupo Armado Organizado”, dice Gómez.
Por eso, aparte de la acción permanente que hace la fuerza pública para intentar contener el avance de la minería ilegal, Gómez dice que el gobierno busca una estrategia integral para sacar esas dos mil personas de la mina y formalizarlos en una economía legal. Para eso tienen que buscar títulos circundantes.
Pero las diferencias entre la minera y el gobierno han escalado más allá del entendimiento. En el segundo semestre del año pasado, Zijin demandó al Estado colombiano por 500 millones de dólares, según confirmó La Silla. Un litigio que está en un proceso de arbitraje internacional, es decir, que las partes aún están conciliando para no tener que irse a un pleito multimillonario.
“Hemos aumentado mucho nuestra operatividad en respuesta al problema que tenemos y al acoso judicial de Zijin. Hemos tenido una gran debida diligencia, el problema es que eso no llena las expectativas de la empresa: que es hacer un operativo a sangre y fuego”, dice la viceministra Gómez.
Zijin le dijo a La Silla que no esperan un mero operativo militar, sino una operación coordinada y sostenida que sí implica fuerza pública, pero que llegue acompañada de las instituciones del Estado a Buriticá. Una intervención que ha pedido la Procuraduría al gobierno, desde el año pasado.
Mientras el pleito se resuelve, en Buriticá, la empresa sigue peleando metro a metro su producción, que el año pasado fue de 6.5 toneladas de oro y que supone más de 300 mil millones de pesos anuales para el Estado, entre regalías e impuestos, según cálculos del mismo gobierno.
Y mientras siguen las confrontaciones políticas, los dos mil mineros que trabajan ilegalmente en la mina siguen avanzando y sacando también millonarias cantidades de oro, que terminan en manos de la organización armada más grande del país.
“Detonación en el 11-50, cambio. Detonación en el 11-50, cambio”, se escucha en el radio de Gerson, después de salir de los túneles de la mina. “Día tras día nos van cerrando el paso”, comenta aún embarrado del lodo de la mina.
*El nombre es cambiado para proteger la identidad del guardia por razones de seguridad.
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