Por regla general, nadie puede recibir un reproche por no saber. Pero cuando se quiere ejercer autoridad o liderazgo sobre otros, las cosas cambian. La ignorancia puede ser un problema. Y además, una temeridad, que terminará dañándonos a todos.

Es probable que buena parte de las dificultades que enfrenta nuestra vida pública actual se expliquen bajo esta hipótesis. Ni juventud, ni falta de experiencia. Simplemente, falta de conocimientos.

Un buen ejemplo de ello son las acciones civiles y criminales que el exministro Giorgio Jackson ha presentado contra dos de sus críticos pidiendo en un caso 10 años de cárcel, y una suma indeterminada de dinero, en otro.

La Corte Europea de DD.HH., la Corte Interamericana, las Relatorías especializadas, y los tribunales superiores más respetados del mundo coinciden en que el aparato represivo del Estado no debe usarse para penalizar expresiones. Menos aún puede hacerlo una autoridad o figura pública, por el efecto amedrentador y silenciador que ello puede implicar sobre el debate público y la crítica.

Si un meme y un puñado de tuits justifican pedir 10 años de cárcel, ¿cuántos chilenos debieron haber sido encarcelados durante el estallido? ¿Cuántos nuevos recintos penitenciarios tendríamos que construir para los miles de personas que a diario expresan su indignación por RRSS? El criterio para estos casos es unánime: la vía penal no es legítima ni proporcionada.

Pero hay más antecedentes.

En noviembre de 2022, siendo Jackson ministro de Estado, la Corte Interamericana de DD.HH. condenó a Chile por mantener normas sobre injurias y calumnias incompatibles con los estándares de la Convención Americana sobre DD.HH. La sentencia de la CIDH ordenó al Estado de Chile reformar dichos “delitos” y realizar campañas de formación para funcionarios públicos sobre materias relacionadas con la libertad de expresión, además de indemnizar perjuicios.

¿Habrán conocido los abogados de Giorgio esta jurisprudencia? Resulta poco común que alguien recomiende a su cliente acciones que el derecho internacional reiteradamente ha considerado “incompatibles con las exigencias de una sociedad democrática”, y que abren, por sí mismas, nuevos riesgos de sanciones contra Chile, en una materia supremamente sensible: el respeto a los derechos humanos.

No era tan difícil de averigurar: quien voluntariamente busca poder y notoriedad, sabe que será objeto de críticas, y que deberá tolerar, muchas veces, expresiones duras, exageradas e injustas. Como contrapartida, tendrá fácil acceso a los medios y a la opinión pública, y podrá contrastar con antecedentes concretos y amplia publicidad las críticas recibidas. En una democracia, las palabras se combaten con palabras, la crítica con crítica. Nunca con amenazas. Nunca con cárcel. Nadie debe tener miedo de ser perseguido por sus expresiones.

Son las reglas de la vida civilizada.

Por Francisco Javier Leturia, profesor de Derecho UC y expresidente del Consejo para la Transparencia

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Columna de Francisco Javier Leturia: Giorgio, otro error innecesario

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02.02.2024

Por regla general, nadie puede recibir un reproche por no saber. Pero cuando se quiere ejercer autoridad o liderazgo sobre otros, las cosas cambian. La ignorancia puede ser un problema. Y además, una temeridad, que terminará dañándonos a todos.

Es probable que buena parte de las dificultades que enfrenta nuestra vida pública actual se expliquen bajo esta hipótesis. Ni juventud, ni falta de experiencia. Simplemente, falta de conocimientos.

Un buen ejemplo de ello son las acciones civiles y criminales que el exministro Giorgio Jackson ha presentado contra dos de sus críticos pidiendo en un caso 10 años de cárcel, y una suma indeterminada de dinero, en otro.

La Corte Europea de DD.HH., la Corte Interamericana, las Relatorías especializadas, y los tribunales superiores........

© La Tercera


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