La visión de la salud como sistema ha derivado constantemente a la pregunta de cuál es el mecanismo más adecuado para financiar las atenciones que la ciudadanía requiere. Es decir, se ha adoptado una perspectiva reduccionista, en la que elementos cruciales, como son la adecuada dotación de profesionales, los determinantes sociales de la salud, la educación sanitaria de la población, pasan a segundo plano, bajo la hipótesis de que si existiera una manera de tipo británico (seguro social único), o un sistema de multiseguros, las cosas mejorarían casi por magia.

En la atención de salud, el eje está en la calidad y oportunidad de la asistencia. Chile cuenta con un vigoroso sistema mixto, constituido por entes públicos y privados, la mayoría de ellos sin fines de lucro. Este sistema, integrado, dio una prueba poderosa de ser capaz de responder durante la pandemia, experiencia que no se ha aquilatado. Es posible que en el futuro se evolucione hacia un sistema enteramente público, si así la ciudadanía representada lo definiera; pero en la experiencia internacional, requiere períodos prolongados de implementación. Hoy, sin embargo, se requiere que cada hospital, centro médico o centro familiar dé el máximo, con la mayor eficiencia posible.

El mayor peligro de la situación de hoy no es la caída de las Isapres, cuyo futuro es claro: no tienen viabilidad en la forma que hoy funcionan. Las alternativas para mantener en funcionamiento el volumen de atención de la parte privada del sistema, que hoy depende del financiamiento de estas aseguradoras privadas son pocas: una inyección masiva de capital desde Hacienda para financiar la atención de la enorme cifra de personas de Fonasa en espera a través del sector privado; una capitalización de las propias Isapres (varias de las cuales tienen propiedad extranjera); un mecanismo de deuda subordinada para los dineros que deben devolver en mérito del fallo de la tabla de factores; aumentar drásticamente la eficiencia del seguro privado mediante licitaciones trianuales de nueva cartera, y reformular las indicaciones del Ejecutivo a la ley corta, de acuerdo a lo propuesto por expertos. El conjunto de estas medidas podría actuar simultáneamente, pero por ahora, la necesidad es equilibrar el sistema de atención de salud, en la línea que ha tomado la ministra de Salud, con el artículo de la Ley de Reajuste para el cálculo del precio base, y los acuerdos a los que llegue el Parlamento con la ley corta, ojalá con una propuesta mejorada. Ojalá también se rescate legislativamente la propuesta de la Comisión de Expertos constitucionales en orden a crear un Plan Garantizado de Salud, cuyo proyecto duerme en el Parlamento por años.

En lo esencial, quien merece la protección del derecho a la salud, son los pacientes. Si no se sostiene a trabajadores de la salud y las instituciones que hacen efectivo este derecho, el pronóstico para los beneficiarios de Fonasa, en primer lugar, es muy oscuro.

Por Jaime Mañalich, médico

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