Si días antes de presentar una Ley de Pesca, dos ministros clave en la discusión, se reúnen en la casa de un lobista formalizado por el caso Penta, con empresarios de la industria salmonera ¿debemos creer que no hablaron de esta ley? ¿Tampoco habló de su reforma de pensiones, la ministra del Trabajo, cuando se reunió en la misma mesa con los directivos de las AFP?

En medio de esa ingenuidad, creámosle también a Zalaquett, que asegura que, por estas reuniones, en que han participado seis ministros, jefas de partido y parlamentarios, él no recibe ningún peso, y que todo lo hace para “humanizar la relación entre dos mundos que no estaban conversando”.

Hemos visto canonizaciones por menos.

La ley N° 20.730, conocida como la Ley del Lobby, está lejos de ser perfecta, pero fue creada en 2014 para precisamente regular parte de esta actividad, y es clara en exigir el registro transparente de las instancias donde se aborden materias de decisión de sujetos pasivos detalladamente enumerados, entre ellos, ministros y parlamentarios.

Esto lo sabe cualquier gobierno, pero lamentablemente, la superioridad moral de esta generación les impidió tomar el curso de administración pública y probidad que Contraloría ofrece en sus inicios a todas las administraciones. No tenían tiempo, dijeron todos. ¿Recuerdan?

Es vergonzoso ver a quienes llegaron al poder acusando a medio mundo de poco transparente, de estar demasiado vinculado a los intereses empresariales, de tomar acuerdos de espalda a la ciudadanía, terminar haciendo una cocina política tanto o mejor sazonada que la de Andrés Zaldívar.

Ojo, el Consejo para la Transparencia fue más allá en la lectura del problema, y levantó importantes alertas sobre la Ley del lobby en Chile. Su uso ha bajado no solo en el ámbito del gobierno central, también han disminuido los registros de lobby con alcaldes en un 75% durante los últimos siete años. La norma se transformó en una ley que no se aplica, ni fiscaliza. Según datos de la Estrategia Nacional de Integridad Pública, lanzada por este gobierno después del “caso Convenios”, entre los años 2018 y 2022, solo se han cursado 29 sumarios por infracción a esta ley, de los cuales ninguno ha resultado en una sanción efectiva.

Ante esta realidad, el mensaje del gobierno de Gabriel Boric debiese ser reforzar el valor del ordenamiento jurídico, pero en cambio, le dice a todo Chile que la ley no vale nada y que todos tienen chipe libre para cocinar a gusto.

“No se puede seguir haciendo política en secreto”, tuiteaba molesto un joven Gabriel Boric en 2014. Nadie ha vuelto a saber de él.

De momento, la duda para millones de chilenos honestos es ¿qué llevó a estos ministros y parlamentarios a reunirse con sus contrapartes empresariales en la casa de un lobista involucrado en el más emblemático caso de financiamiento irregular de campañas electorales? ¿No deberían tener ellos la agencia suficiente para convocar y reunirse con cualquier de estos actores por las vías institucionales correspondientes?

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