La financiación autonómica vuelve a la agenda política. Es una buena noticia porque el tema es importante y porque nos indica que el conflicto que desde el 2012 se ha centrado en la independencia se está reconduciendo ahora sobre coordenadas exigentes pero más realistas. En pocas semanas hemos tenido la declaración de las instituciones civiles –promovida por la Cambra de Barcelona y contando con el espectro amplísimo de las grandes ocasiones– y la propuesta del Govern de la Generalitat para negociar un tratamiento fiscal singularizado para Catalunya.
Todas las ideas que se han discutido tienen dos vertientes: la organizativa administrativa de cómo gestionar la recaudación de impuestos y la cuantitativa, que afecta a las magnitudes de los flujos de recursos fiscales entre territorios. Hay que distinguir entre ambas pues remiten a problemas y marcos conceptuales diferentes. Aquí hablo de la primera.
Con respecto a la organización de la hacienda pública en Catalunya, la reivindicación generalizada es que toda la recaudación la haga una agencia catalana. De hecho, e l Estatut d’A utonomia vigente ya establece que la recaudación se hará mediante un consorcio entre las administraciones del Estado y de Catalunya. No se ha implementado. La Generalitat insiste en una agencia tributaria real, con todas las competencias y toda la información. El Estado hasta ahora lo ha visto como un paraguas para dos agencias.
El tema se entendería mejor, y ganaría bastante la demanda, si lo situáramos en un contexto más general y no focalizado en los impuestos, evitando transferir emociones generadas en la vertiente de los flujos. El contexto sería el de la conveniencia de organizar las administraciones del Estado de manera que las autonomías pudieran adherirse a un principio de administración única. Es una idea que ya se planteó hace unos 30 años y no prosperó. Quizá es hora de volver a pensar en ello.
¿Qué quiero decir por principio de administración única? Pues que –recordando que las autonomías son Estado, y al margen de quién tenga las competencias reguladoras, de cómo se articule el back-office de la interrelación entre administraciones– la gestión de los servicios y actividades del Estado dirigidas a ciudadanos de Catalunya la lleva a cabo la Generalitat, quizá en algunos casos mediante consorcios. Así, procedimientos que pueden parecer ad hoc, como los encargos de gestión por obras ferroviarias, o muy políticos y singulares, como la Agencia Tributaria única, pasan a ser solo la forma concreta del principio general aplicado a cada caso.
Disponer de una administración única sería bueno para Catalunya. Una administración que debe gestionarlo todo ha de ser por necesidad experta, eficiente y madura. Es posible que a la hora de negociarla –tarea que no será fácil ni corta– nos encontremos con las reticencias habituales y una más profunda: si Catalunya dispone de una administración única, el paso a la independencia sería más fácil.
Sería una reticencia desacertada. Los tránsitos hacia la independencia tienen poco que ver con la existencia de una administración previa funcionando. Las independencias resultan de un acuerdo o de un cataclismo. Después, emerge una administración a partir de lo poco o mucho preexistente. La administración única además, puede ser parte del paquete que para muchos catalanes de inclinación independentista favorezca un sentimiento de encontrarse en un entorno más conveniente.
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Rami G Khouri
Donald Low
Mort Laitner
Ali Fathollah-Nejad
Nikkei Editorial
Michael Kwet
visit website
