La política de vivienda no da votos. Lo que requiere tiempo, esfuerzo y dinero, con poco retorno político inmediato, suele ser poco goloso a la hora de planificar los objetivos de los gobiernos. Quizás sea esto lo que explique que Catalunya y España estén con los deberes por hacer en materia de vivienda. En las últimas décadas se han hecho muchos parches y muchos titulares, pero ha habido pocas soluciones efectivas. La realidad es que los alquileres, a pesar de las iniciativas públicas que se han emprendido, no han dejado de subir y se han alcanzado cifras de récord.
El precio medio del alquiler en Barcelona en el tercer trimestre del 2023 llegó a los 1.171 euros al mes, un 11% más que un año atrás, creciendo a un ritmo muy superior al de los salarios. En el conjunto de Catalunya, el precio medio del alquiler se sitúa en los 830 euros.
Con estos precios, las opciones de tener una vivienda digna se desploman, especialmente para la gente joven que quiere emanciparse. No es casualidad que estemos en el podio de países en los que los hijos tardan más en irse de casa de sus padres ni es casualidad que nos encontremos con uno de los índices de natalidad más bajos del mundo, con las derivadas que esto entraña. Las causas son múltiples, pero una de ella es, sin duda, el desorbitado precio de la vivienda en comparación con los sueldos. Con estos precios, aquí no hay quien viva.
Las políticas de vivienda no se pueden improvisar. Desde la planificación urbanística y la gestión del suelo, que en la densa área de Barcelona es muy escaso, hasta la construcción y asignación de las viviendas, se requiere una labor minuciosa de las administraciones, con trámites muy farragosos, y con una gran cantidad de recursos que fácilmente se acaban destinando a necesidades más visibles e inmediatas.
Y eso sin olvidar que en las últimas dos décadas hemos pasado de la Catalunya de los seis millones a la Catalunya de los ocho millones y, como ocurre en la mayoría de servicios públicos, en el caso de la vivienda también se ha tensado la situación. Solo faltó la larga crisis económica y el drama de las hipotecas y los desahucios, que paralizó la construcción casi por completo.
Para luchar contra las dinámicas alcistas de los precios de la vivienda se han tomado muchas medidas. Algunas son legislativas, con la regulación de las viviendas en régimen de protección oficial, y otras de fomento y de ayudas directas, como han sido las deducciones para que los jóvenes accedan a una vivienda. Estas medidas pueden haber amortiguado puntualmente el problema, pero a la vista está que no lo han solucionado.
Desde la Generalitat, con la consellera Ester Capella, primero al frente de Justícia, y ahora en Territori, se tomó la iniciativa de limitar el precio de los alquileres en los municipios con más problemas de acceso a la vivienda. Estimando un recurso del gobierno del PSOE, el Tribunal Constitucional tumbó en marzo del 2022 los artículos de la ley catalana del 2020 que limitaba el precio de los alquileres. Finalmente, el Gobierno central, partiendo de esta maltrecha iniciativa, se apunta a la idea de regular los precios y hoy se está a la espera de que el BOE publique los índices para 140 municipios catalanes que viven una tensa situación de precios.
La vivienda es un bien esencial y cuando las reglas del mercado juegan en contra del interés general, empobreciendo cada vez más a las familias y privando de derechos básicos, es una obligación intervenir. A medio y largo plazo, solo hay una forma eficaz para intervenir de verdad en los precios, que es aumentando la oferta de forma sustancial.
Para recuperar los años perdidos, el presidente de la Generalitat anunció hace pocos meses un plan para disponer de 10.000 nuevos pisos de alquiler social en tres años en Catalunya. Si se cumple este objetivo, en el 2026 se pasaría del actual 2% de pisos públicos al 7%. El avance es meritorio, pero insuficiente; todavía queda lejos del 15% de parque público de vivienda que tienen, de media, el resto de países europeos. Es un buen cambio de tendencia que debe acelerarse.
Que sea difícil, lento y costoso no debería ser motivo para no afrontar el tema en toda su dimensión y como una prioridad. La falta de vivienda a precio asequible es un asunto de fondo, estructural. Probablemente no sirva para ganar elecciones, pero es indispensable para transformar la sociedad, y justamente esta es una de las nobles misiones de la política, la de pensar en el futuro de las próximas generaciones.
¡Aquí no hay quien viva!
11
0
05.01.2024
La política de vivienda no da votos. Lo que requiere tiempo, esfuerzo y dinero, con poco retorno político inmediato, suele ser poco goloso a la hora de planificar los objetivos de los gobiernos. Quizás sea esto lo que explique que Catalunya y España estén con los deberes por hacer en materia de vivienda. En las últimas décadas se han hecho muchos parches y muchos titulares, pero ha habido pocas soluciones efectivas. La realidad es que los alquileres, a pesar de las iniciativas públicas que se han emprendido, no han dejado de subir y se han alcanzado cifras de récord.
El precio medio del alquiler en Barcelona en el tercer trimestre del 2023 llegó a los 1.171 euros al mes, un 11% más que un año atrás, creciendo a un ritmo muy superior al de los salarios. En el conjunto de Catalunya, el precio medio del alquiler se sitúa en los 830 euros.
Con estos precios, las opciones de tener una vivienda digna se desploman, especialmente para la gente joven que quiere emanciparse. No es casualidad que estemos en el podio de países en los que los hijos tardan más en irse de casa de sus padres ni es casualidad que nos........
© La Vanguardia
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Nikkei Editorial
Ali Fathollah-Nejad
Rami G Khouri
