Este jueves se ha aprobado en el Congreso la ley de Amnistía pactada entre los partidos independentistas catalanes y el PSOE para sacar de los tribunales los asuntos que pertenecen a la política. Su aprobación definitiva solo depende de lo que pueda entretenerse la tramitación en un Senado controlado por una mayoría absoluta del Partido Popular, pero más pronto que tarde la ley será rubricada por el Rey y publicada en el BOE.
Las portavoces parlamentarias Míriam Nogueras (Junts) y Teresa Jordà (ERC) se abrazan a la salida del Congreso ayer, tras la aprobación de la ley
Los socialistas han llegado aquí arrastrando los pies. No hace tantos meses que el jefe de filas de los socialistas catalanes, Salvador Illa, proclamaba con vehemencia que ¡ni amnistía, ni nada de eso! Y eran legión los dirigentes del PSOE que competían con el PP para demostrar quién era más inmovilista diciendo que una amnistía sería inconstitucional. Ahora, con una convicción solo explicable por la aritmética parlamentaria, Pedro Sánchez ha levantado la bandera de la amnistía defendiendo que es una decisión en favor de la concordia y la convivencia en Catalunya. Lo que ocurre es que este planteamiento no convence a nadie porque siempre resulta muy complicado resolver un problema que no se tiene. La amnistía mitiga un problema político, pero no de convivencia.
Demasiadas veces se ha querido presentar la sociedad catalana como una sociedad enfrentada entre sí, entre los que son partidarios de la independencia y los que son contrarios, pero esto no responde a la realidad. Deliberadamente, se quiere confundir lo que es una sociedad plural con una sociedad supuestamente rota y enfrentada. Pero ya se sabe que, contado de esta manera, resulta más fácil proyectar sobre el independentismo una imagen negativa, de conflicto y de tensión. No vale decir que la sociedad española es plural cuando, de forma visceral y revanchista, se enfrenta la derecha y la izquierda, y en cambio la catalana es una sociedad rota cuando se defienden posturas diferentes.
Bienvenida sea la ley de Amnistía porque seguro que contribuye a un mejor clima político en la medida en que se deja atrás una década en la que el gobierno de Mariano Rajoy subcontrató la gestión de un asunto esencialmente político a jueces y tribunales. Debe ser en los parlamentos y en las urnas donde se debatan y se discutan las soluciones políticas, y esto es, sin duda, un paso adelante que en la historia política de España se entenderá como un hito positivo.
Cartel en la mesa del portavoz socialista Patxi López durante la votación de la ley de amnistia
Las leyes de amnistía se han bautizado a veces como leyes de punto final. Así se denominaba la ley aprobada en Argentina en 1986, que estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de la desaparición forzada de personas durante la dictadura. Y también quiso ser un punto final la ley de Amnistía aprobada en España en 1977 para hacer borrón y cuenta nueva con la dictadura franquista.
En el caso de la ley orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Catalunya, que es como se denomina el texto aprobado, no va a ser ningún punto final. Igual como lo fueron los indultos en su día, esta ley será interpretada por una buena parte de los independentistas como la corrección de un error, porque no es admisible el uso del Código Penal y de la cárcel para abordar asuntos de naturaleza totalmente política.
Serán los tribunales los que, finalmente, determinarán la intensidad y los efectos concretos de la amnistía. Y ya hemos tenido muestras más que explícitas del rechazo y malestar que genera entre una parte de la judicatura la aprobación de la ley, que es vivida como una desautorización en toda regla. Veremos hasta dónde llega y lo que da de sí la batalla judicial, incluyendo el Tribunal Constitucional y las instancias europeas.
Sería de una ingenuidad sorprendente si alguien creyera que con la ley de Amnistía se evapora el independentismo en Catalunya. De forma sostenida, elección tras elección, los partidos independentistas llevan una década sumando éxitos electorales. Con más o menos entusiasmo retienen un porcentaje considerable de votantes que, en una democracia que sea digna de este nombre, deben ser escuchados y tenidos en cuenta. Cerrar los ojos ante esta realidad no la hace desaparecer. Por eso, la ley de Amnistía no es ningún punto final; es un punto y seguido que debería ceder el testigo a la política y, por lo tanto, a los ciudadanos.
Amnistía: una ley de punto y seguido
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15.03.2024
Este jueves se ha aprobado en el Congreso la ley de Amnistía pactada entre los partidos independentistas catalanes y el PSOE para sacar de los tribunales los asuntos que pertenecen a la política. Su aprobación definitiva solo depende de lo que pueda entretenerse la tramitación en un Senado controlado por una mayoría absoluta del Partido Popular, pero más pronto que tarde la ley será rubricada por el Rey y publicada en el BOE.
Las portavoces parlamentarias Míriam Nogueras (Junts) y Teresa Jordà (ERC) se abrazan a la salida del Congreso ayer, tras la aprobación de la ley
Los socialistas han llegado aquí arrastrando los pies. No hace tantos meses que el jefe de filas de los socialistas catalanes, Salvador Illa, proclamaba con vehemencia que ¡ni amnistía, ni nada de eso! Y eran legión los dirigentes del PSOE que competían con el PP para demostrar quién era más inmovilista diciendo que una amnistía sería inconstitucional. Ahora, con una convicción solo explicable por la aritmética parlamentaria, Pedro Sánchez ha levantado la bandera de la amnistía defendiendo que es una decisión en favor de la concordia y la convivencia en........
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