Tratar de ganar en los despachos lo que no se ha ganado en las urnas forma parte del ADN de la política de la derecha española y de los poderes fácticos que la apuntalan. Las elecciones generales del pasado julio no han servido para colocar a Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa, como certificó la investidura fallida a la que se sometió, pese a contar con los votos de Vox. El candidato alternativo, Pedro Sánchez, está tratando de sumar apoyos, aunque sea a costa de cesiones que nunca hubiera querido hacer, como la ley de amnistía pactada con Esquerra Republicana y a la que se ha sumado Junts. Y es la amnistía lo que ha servido a la derecha y a la extrema derecha para encender los ánimos contra el PSOE.
Quien abrió el baile fue José María Aznar, que, tras las vacaciones de verano, marcó el paso del PP para rebelarse contra la amnistía. La primera muestra fue la manifestación organizada en las calles de Barcelona el 8 de octubre, con Feijóo, Abascal y Díaz Ayuso al frente. Después han venido más movilizaciones en Madrid y otras ciudades, y el programa de actos sigue con el anuncio de concentraciones de protesta frente los ayuntamientos de las capitales de provincia de toda España para este domingo 12 de noviembre.
Aznar encendió la mecha y Vox ha puesto la gasolina. Esta semana las calles de Madrid se han convertido en un campo de batalla, con la sede del PSOE, en la calle Ferraz, como epicentro. Entre los participantes no han faltado ni dirigentes del PP ni de Vox. Tampoco han faltado grupos de neonazis ni banderas con el águila franquista. Una imagen en blanco y negro que supone una enmienda a la totalidad de las reglas de la democracia y del necesario juego de pactos propio de un sistema parlamentario.
Las protestas violentas, con enfrentamientos con la policía, que incluso ha tenido que proteger las inmediaciones del Congreso de los Diputados, son la postal de una España intransigente que no acepta las razones de los otros, y mucho menos si en la ecuación aparecen Catalunya y los independentistas. En ese caso, los adversarios políticos pasan a ser enemigos.
Si de noche la actividad está en las calles, de día está en los despachos. El Madrid del poder se ha puesto manos a la obra para pararle los pies a Pedro Sánchez. Tras el anuncio del acuerdo entre el PSOE y ERC, todos se han puesto a trabajar para boicotear la ley de amnistía pactada. Empezó la semana con la convocatoria de un pleno del Consejo General del Poder Judicial para denunciar una ley de la que no conocen el contenido y que ni siquiera estaba presentada en el registro del Congreso.
El órgano de gobierno de los jueces, con cuatro miembros que llevan más de cinco años –¡cinco!– con el mandato caducado, se ha dado el lujo de interferir preventivamente en el poder legislativo, reprochando que lo que vaya a aprobar la mayoría absoluta de los diputados supondrá la liquidación del Estado de derecho. Esto es insólito y preocupante.
Después ha sido el turno de los jueces militantes. Desde la Audiencia Nacional se dicta un auto, justo ahora, tras casi cuatro años de instrucción, en los que se ha investigado por terrorismo a los supuestos líderes del llamado Tsunami Democràtic, que fue el movimiento ciudadano que protestó contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el 2019, que condenaba a los líderes independentistas. El pretexto para imputar un delito de terrorismo se vincula al fallecimiento, por infarto, de un ciudadano francés ocurrido en el aeropuerto de Barcelona durante las protestas. La evidencia de este despropósito no impide abusar de la justicia para interferir en el debate político, aunque sea buscando muertos donde no los hay.
Y lo mismo ha hecho un juez de primera instancia de Madrid, en su día inhabilitado por prevaricar, que ha admitido la demanda de una ciudadana supuestamente espontánea, que pide paralizar la ley de amnistía. Mientras, en otros despachos, se ha pasteleado una reforma exprés del reglamento del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, para entorpecer la tramitación parlamentaria de dicha ley.
Todo vale. Por tierra, mar y aire. Por lo civil o por lo criminal. Incluso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha hecho un llamamiento a la insubordinación de los agentes y mandos de la policía para que se pongan del lado de quienes protestan frente las sedes de algunos partidos políticos. Verdaderamente, apagar el fuego con gasolina es una forma muy peculiar de querer salvar España.
Gasolina al fuego
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10.11.2023
Tratar de ganar en los despachos lo que no se ha ganado en las urnas forma parte del ADN de la política de la derecha española y de los poderes fácticos que la apuntalan. Las elecciones generales del pasado julio no han servido para colocar a Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa, como certificó la investidura fallida a la que se sometió, pese a contar con los votos de Vox. El candidato alternativo, Pedro Sánchez, está tratando de sumar apoyos, aunque sea a costa de cesiones que nunca hubiera querido hacer, como la ley de amnistía pactada con Esquerra Republicana y a la que se ha sumado Junts. Y es la amnistía lo que ha servido a la derecha y a la extrema derecha para encender los ánimos contra el PSOE.
Quien abrió el baile fue José María Aznar, que, tras las vacaciones de verano, marcó el paso del PP para rebelarse contra la amnistía. La primera muestra fue la manifestación organizada en las calles de Barcelona el 8 de octubre, con Feijóo, Abascal y Díaz Ayuso al frente. Después han venido más movilizaciones en Madrid y otras ciudades, y el programa de actos sigue con el anuncio de concentraciones........
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