A dos días de acabar el año, podemos señalar que el 2023 ha estado marcado por la defensa a ultranza de la independencia del poder ejecutivo, legislativo y judicial de todos los partidos con representación en el Congreso. La defensa de la separación de poderes surge en el momento en que se produce una batalla para alterar las funciones de los tres estamentos políticos, que está derivando en una continua erosión del término independencia aplicado en la política y la justicia. Mientras que el Congreso se plantea convertirse en tribunal, impulsando la creación de comisiones de investigación que pretenden, entre otras razones, juzgar a los jueces, los jueces se desvían de sus funciones, basadas en impartir justicia, para sancionar las políticas que quiere promover el poder ejecutivo.

La problemática sobre la independencia de los estados, las instituciones y los políticos que representan a los ciudadanos no es nueva y siempre ha estado en peligro desde la antigüedad. Si miramos con atención cuál es el principal mal de las democracias modernas, descubrimos que es la destrucción de la noción positiva que se tiene de la independencia en todos los órdenes de la vida pública. Cada día hay alguna noticia que alerta sobre la pérdida de independencia del poder político en manos del poder económico o, en el sentido contrario, vemos cómo la política socava la independencia de la sociedad civil. La defensa de la independencia y la división de poderes es la cuestión central de la política española, no para restituirla, sino para mantener la ficción de que son independientes.

Es un debate más formal que de fondo, que busca idealizarla para dotar de legitimidad a aquel que la defiende. Observemos que se habla de la independencia del poder judicial para que un partido u otro pierda o gane mayor influencia en los jueces, no para contribuir a un debate sobre cómo recuperar su autonomía que le permita tomar decisiones con total libertad. No acabamos de percatarnos hasta qué punto, cuando un partido proclama la necesidad de recuperar la autonomía del poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que está propugnando es cómo seguir sometiéndolos para garantizar su independencia.