Llevamos dos semanas en que la información de la calle es información de protestas ciudadanas. Convocadas desde las redes sociales y alentadas por el PP o por Vox en confuso tropel, las sedes del Partido Socialista se han visto rodeadas por grupos de gente airada por las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas a cambio de su voto. La nota más negativa ha sido la proliferación de signos y cánticos franquistas, lo cual facilitó la propaganda de los firmantes de los acuerdos: si en esas manifestaciones se lucen símbolos fascistas, y además se hace como provocación, la razón democrática está del lado de los que apoyan a Sánchez, y Núñez Feijóo tiene que hacer grandes esfuerzos para que no le confundan con la extrema derecha.

Al final ganó Feijóo y su impecable sentido democrático, cosa que hay que celebrar. A la hora del análisis, los politólogos se curan en salud: manifestarse es un derecho, hacerlo con violencia es atentar contra la democracia. Este cronista está con esa mayoría. La expresión de los descontentos pierde eficacia y pierde, sobre todo, legitimidad si se sale del marco legal. Y, sin embargo… una vez condenadas las formas, denunciadas las intenciones y perseguida la violencia por la policía, hay serias razones para defender el ejercicio de la protesta, por dura que sea.

Quiero señalar tres. Una, la existencia de un derecho que no tiene más limitaciones que la violencia. En este sentido, asistimos a una deformación: si se adopta una medida social impopular, se acepta con normalidad que ponga en pie de guerra a la izquierda. Si, en cambio, pone en pie de guerra a la derecha, la ideología dominante la sitúa en territorio facha.

Otra, la informativa: la protesta es creadora de opinión pública, porque permite la difusión de los argumentos que movilizan a la sociedad. Y miren lo que ocurre en el mundo actual: según un estudio de la Universidad de Columbia difundido aquí por Jorge Dezcallar, las protestas en los países occidentales están vinculadas a la frustración ciudadana con el funcionamiento de las instituciones.

Y la tercera razón, la elevación de las quejas a los poderes públicos. Es injusto llamar traidor a Sánchez; pero, si nadie lo hiciera, en la Moncloa quizá no habría conciencia del cabreo de algún sector de la sociedad.