Hay un dicho popular que afirma que las casualidades no existen y que las cosas pasan por algo. El Tribunal Supremo hizo público ayer un auto en el que ve indicios para perseguir a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo justo cuando se entra en la recta final de la negociación de la ley de Amnistía. El Alto Tribunal se alinea con el juez Manuel García-Castellón, instructor de la investigación del caso Tsunami, y en contra del criterio de la Fiscalía. El auto afirma que Puigdemont “animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento” y pide que sea llamado al procedimiento para ser juzgado. La decisión del Supremo complica el futuro judicial de Puigdemont y hace muy difícil que pueda beneficiarse de la amnistía que se está ultimando.

Es evidente que al frente judicial ni le gusta ni comparte el espíritu de esta ley. Así se han expresado reiterados magistrados en las últimas semanas con más o menos vehemencia. Y de la libre opinión de sus señorías se ha pasado al uso de los mecanismos que la administración de justicia dispone para aplicar las leyes. La recuperación del caso Tsunami, que dormía el sueño de los justos, es el mejor ejemplo de ello.

El expresident catalán Carles Puigdemont, el pasado noviembre

La dirección de Junts tendrá que aceptar más pronto que tarde que la futura ley no les puede blindar ante estas actuaciones judiciales y de lo que se trata es de salvar a unos centenares de personas implicadas en diversas investigaciones o que la ley decaiga y se pierda esta oportunidad para todos. Es loable que Puigdemont quiera salvar a todos sus “soldados”, pero no se puede hacer una ley a dedo que vulnere las concepciones básicas de un Estado de derecho. Fue un error votar en contra de la amnistía, cuando había oportunidad de aprobarla, y será una equivocación aún mayor volver a rechazarla el próximo 7 de marzo. La mayoría de los líderes independentistas catalanes sufrieron penas de cárcel, excepto Puigdemont, que huyó a Bélgica. Que pueda volver a Catalunya sin pisar una cárcel es algo que no es admisible en buena parte de la sociedad española. Y, por eso, es tan difícil el camino emprendido por el Gobierno. No hay perdón para Puigdemont.