Al redactar estas líneas, el Congreso está celebrando el debate de investidura y cuando este artículo vea la luz, Pedro Sánchez habrá sido investido presidente de nuevo. Una investidura legítima, porque (aunque él no ganó las elecciones), en una democracia parlamentaria la mayoría para investir al presidente del gobierno reside en el Congreso de los Diputados. Las fuerzas políticas que nutren esta mayoría representan la soberanía popular, como lo hacen las que encarnan la oposición al futuro gobierno. El respeto a la condición democrática de este proceso y al de todas las fuerzas políticas es fundamental para la convivencia democrática.
Sigo pensando que todo lo referente a los déficits de la estructura territorial del Estado y, en particular, a la cuestión catalana, deberían haberse separado de la investidura. Para solucionarlos siempre es mejor la “virtud” que la “necesidad”. Como sigo considerando que el reencuentro que debería permitir pasar página a la profunda división que el procés provocó también debería haberse segregado de la investidura. Además, creo que ninguno de los dos objetivos se alcanzará a través de un pacto pergeñado solo con media España. Y, lógicamente, en esta reflexión incluyo explícitamente la amnistía. No se ha hecho así y por ello me abruman los recuerdos del Estatut del 2006 y lo que vino después.
Debo reconocer que tenía la convicción de que finalmente no habría pacto. La distancia que separaba a unos y otros, la complejidad de algunos de los actores y los límites constitucionales me indujeron erróneamente a pensar que acudiríamos de nuevo a las urnas. Pero llegó el pacto y con él la investidura. Y una parte de la sociedad exhibe su perturbación y rechazo ante las condiciones impuestas por ERC y Junts. La historia nos dirá si ha sido o no un buen pacto, pero sin esperar su juicio se puede intentar analizar algunos porqués de esta turbación.
De entrada, me parece indecente el ritornelo de los ataques por los supuestos e infundados privilegios que el pacto reporta a los catalanes. Negociando ERC, por ejemplo, una condonación del FLA de 15.000 millones de euros no ha hecho otra cosa que abrir la puerta a que el conjunto de las autonomías se vean beneficiadas por idéntica medida. Así sucedió en su día con el 15% y el 30% del IRPF negociado por CiU. Y por mucho que el PSOE haya tomado nota en el acuerdo con Junts de la voluntad de estos de conseguir para Catalunya un sistema de financiación como el vasco, que nadie en España se inquiete, que este no llegará.
Al margen de las falsedades sobre supuestos privilegios para Catalunya que inflaman la respuesta en las calles de España, me preocupan fundamentalmente cuatro cuestiones: Primera, la amnistía era asumible como símbolo de reencuentro de todos. El “no hemos tenido que pedir perdón” y el “Junts no renuncia a nada” dificultan, y mucho, que sea aceptable para una mayoría de los ciudadanos.
Segunda, aunque matizada por el PSOE, la referencia en el pacto al lawfare, importada del populismo latinoamericano, debilita a nuestro Estado de derecho. Tercera, me preocupa la asunción en el pacto con Junts del relato del independentismo.
Y, cuarta, habiendo situado la amnistía y el referéndum en el umbral de la nueva etapa histórica, ¿qué sucederá si al final (como es probable que suceda) no se materializan? ¿Una nueva frustración que alimente un nuevo procés? Ojalá que no. Pero por si acaso, merece la pena reflexionar sobre si estamos ante un pacto histórico o más bien ante una encrucijada histórica.
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