Hace unas semanas me planteé de qué iba a tratar este artículo, que se publica dos días antes de Navidad. No pensaba en un tema navideño, para el que carezco de gracia, sino solo en salir del bucle insano de la política española. Pero no he sido capaz de hacerlo, aunque sí me ciño a un punto concreto y desde una perspectiva personal. Me refiero a la sesión parlamentaria en la que la portavoz de Junts citó por su nombre a diversos magistrados para insultarlos en unos términos que no quiero reproducir. Unos insultos que quedarán para siempre en el diario del Congreso por no haberlo evitado su presidenta, haciéndose cómplice de la agresión.
Estos insultos a unos magistrados por la representante de la derecha catalana separatista son la respuesta de esta a la intervención de aquellos en el encausamiento, juicio y condena de buena parte de los actores del procés, y responden a la posición de todo el conglomerado nacionalista, que se concreta así: la responsabilidad única por los sucesos acaecidos en Catalunya en el año 2017 es del Estado y sus servidores, que judicializaron un problema político que se afrontó solo por la vía represiva.
Repudio por espuria esta postura, y lo hago con palabras que tomo de un artículo del abogado bilbaíno José María Ruiz Soroa. Un Estado –dice él– no es una entidad inerte sino dinámica. Acumula poder. Es poder institucionalizado. Por tanto, si es atacado, reacciona y se defiende. Y, cuando no lo hace el primer poder encargado de su defensa –el poder ejecutivo–, lo hace un poder subsidiario y reactivo, que es el poder judicial.
Asimismo, en otro plano, el Estado profundo no debe ser visto siempre desde una perspectiva negativa. Un Estado profundo que no observa la ley ya no es Estado, porque un Estado no es más que un sistema de normas. Pero un Estado profundo respetuoso con la ley puede que sea, en ocasiones límite, un poderoso factor de estabilidad democrática, al aplicar con rigor las reglas del Estado de derecho y evitar así que alguien burle el normal funcionamiento del sistema democrático desde las altas instituciones del Estado. A veces pasa.
Sobre esta base, sostengo, en contra de autorizadas opiniones que respeto pero no comparto, que el otoño del 2017 se perpetró en Catalunya un golpe de Estado desde la misma Generalitat, al ser quebrantado el orden constitucional por quienes más obligación tenían de defenderlo. Ante esta situación límite, dada la inexplicable e irresponsable pasividad del Gobierno de la nación, fue el poder judicial el que tuvo que asumir la defensa del orden jurídico, es decir, del Estado. Una defensa institucional en la que participaron, entre otros, los magistrados Pablo Llarena Abascal, como juez instructor, y Manuel Marchena Gómez, como presidente del tribunal juzgador, ambos injuriados por la portavoz de Junts en el Congreso. Todos ellos contribuyeron de forma directa a la reposición del imperio de la ley, a la implantación de la paz civil y al restablecimiento de la seguridad jurídica en Catalunya.
Los jueces son como todos los humanos: pueden ser injustos a sabiendas, pueden ser venales, pueden ser ignorantes y, sobre todo, pueden errar. No son semidioses, pero sí son una pieza esencial del entramado institucional, por lo que deben ser respetados, siendo acatadas y cumplidas sus sentencias. En última instancia, como enseñaba el profesor Juan Iglesias, “mal fin le aguarda a la democracia que no sabe –o no puede– instrumentar los medios para defenderse a sí misma”. Una defensa que, ya unos siglos antes, Saavedra Fajardo veía así (Empresa, XXI): “Sobre la piedra de las leyes, no de la voluntad, se funda la verdadera política. Líneas son del Gobierno”. Las leyes marcan los límites y los jueces los imponen.
No puedo arrogarme la condición de amigo de los magistrados Llarena y Marchena, pero sí he tenido con ellos el trato suficiente para hacerles llegar mi admiración, mi respeto y mi cordial afecto. Es de justicia decirlo y dejarlo escrito con la nimiedad de estas palabras, ya que quienes más obligación tenían de decirlas y de defenderlos no lo han hecho.
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