Qué diría usted, lector, de una compañía en la que varios accionistas minoritarios, titulares de entre el 20% y el 25% del capital social, quisieran separarse de ella, es decir, disolverla y liquidarla para llevarse su cuota de liquidación? ¿Qué pensaría si, además, otro accionista, titular de un 40% del capital, sin querer disolver la compañía, la abominase y se avergonzase tanto de ella tal y como está constituida, que fuese partidario de un cambio estatutario radical en su estructura y gobierno? ¿Y qué esperaría, por último, si el restante accionista, titular de lo que queda del capital, fuese incapaz de elaborar un plan estratégico tan ambicioso como realista, que constituyese un proyecto societario sugestivo?
Seguro que pensaría que esta compañía está en trance agónico y que se extinguirá como tal, ocupando su lugar otras. Lo que solo podría evitarse si los dos grandes accionistas, que entre ambos superan con creces la mayoría absoluta, se pusiesen de acuerdo para sacar adelante la sociedad sin quebranto de nadie y en beneficio de todos.
Una situación similar es hoy la de España. Los partidos separatistas quieren esto: separarse. No engañan a nadie. Lo dicen sin ambages y muestran con desplante jaquetón su falta de sentido de pertenencia a España, de lo que deriva su radical y proclamada ausencia de solidaridad. Por su parte, un amplio sector de la izquierda asocia la idea de España –como entidad histórica y como proyecto político– a un instrumento de dominación históricamente en manos de la derecha, por estar diseñado al servicio de “quienes llevan siglos asentados sobre el Estado” y consideran que “su patria” es “su finca”. Y la derecha oscila entre un exceso de patrioterismo retórico y tremendista que saca pecho de hojalata , y una elusión dolosa de responsabilidades compatible con un cálculo interesado.
Además, ambos grandes partidos, PSOE y PP, auténticos caciques orgánicos de esta Segunda Restauración que vivimos, son cómplices en anteponer sus intereses partidarios a los intereses generales de España. Así, cuando sus diputados se denigran y envilecen en el Congreso y el Senado, con un lenguaje indigno, no están peleando por otra cosa que por el poder. Si tuviesen ánimo grande, amor a la patria y respeto a sus conciudadanos, no se comportarían de un modo que embarra la política.
Pero esto es lo que hay: no dan más de sí. Y, por eso, en lugar de buscar el gran pacto entre ellos que la gravedad del momento exige, tanto el PSOE como el PP no excluyen torticeros pactos con quienes quieren liquidar España. El PSOE lo dejó claro la misma noche del 23 de julio, cuando, tras echar cuentas, su líder dijo las palabras sagradas –“Somos más”–, pensando en una fecunda coyunda con los separatistas, que se ha consumado con creces. Y hay quien sugiere que el PP corra una similar aventura excitante, pactando con Junts una moción de censura contra el actual presidente a cambio de no se sabe bien qué. Puede que esto sea una patraña, pero quizá tenga más recorrido del que aparenta, ya que una posible entesa PP-Junts viene siendo sugerida hace días en ciertos ambientes y por ciertos medios. Quizá esta ensoñación ha cuestionado a Alejandro Fernández.
Ahora bien, estos oscuros trabajos de concertar pactos vergonzosos con los separatistas, aunque sean productivos según la óptica espuria de la lucha por el poder, precisan, dada su peculiar naturaleza, de negociadores de una habilidad especial. Santos Cerdán León, navarro de Milagro, y Esteban González Pons, valenciano de Valencia, reúnen al parecer este requisito. Cerdán ha sido el negociador del cambalache suscrito con Puigdemont en Bruselas. Y González Pons podría ser el interlocutor del PP con Junts para concertar un posible pacto, ya que lo fue antes de la frustrada investidura de Feijóo.
No entro en la adecuación de ambos políticos para llevar a cabo tan compleja tarea. Pero pienso que, en todo caso, su mismo protagonismo marca el actual tono de la política española. Por eso podría hoy hablarse de la España de Santos y de Esteban.
La España de Santos y Esteban
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30.03.2024
Qué diría usted, lector, de una compañía en la que varios accionistas minoritarios, titulares de entre el 20% y el 25% del capital social, quisieran separarse de ella, es decir, disolverla y liquidarla para llevarse su cuota de liquidación? ¿Qué pensaría si, además, otro accionista, titular de un 40% del capital, sin querer disolver la compañía, la abominase y se avergonzase tanto de ella tal y como está constituida, que fuese partidario de un cambio estatutario radical en su estructura y gobierno? ¿Y qué esperaría, por último, si el restante accionista, titular de lo que queda del capital, fuese incapaz de elaborar un plan estratégico tan ambicioso como realista, que constituyese un proyecto societario sugestivo?
Seguro que pensaría que esta compañía está en trance agónico y que se extinguirá como tal, ocupando su lugar otras. Lo que solo podría evitarse si los dos grandes accionistas, que entre ambos superan con creces la mayoría absoluta, se pusiesen de acuerdo para sacar adelante la sociedad sin........
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