Por fin el Govern ha decretado la emergencia por sequía y ha anunciado una serie de restricciones que afectarán a casi seis millones de catalanes que reciben el agua de los embalses del Ter y el Llobregat. El almacenamiento ha bajado a menos del 16% de la capacidad y solo entonces se han puesto en marcha los mecanismos restrictivos.

La sequía que se arrastra desde hace cuarenta meses se nos presentaba como una insólita postal en la que las entrañas de los pantanos exhibían imágenes de antiguas iglesias y casas sepultadas por las aguas durante generaciones. El president Aragonès y el conseller Mascort presentaron las medidas inevitables que cambiarán hábitos ciudadanos y afectarán a la industria, a los agricultores, a los ganaderos, al sector turístico y a toda la actividad económica.

La sequía no entraba en el debate político porque se tenía la esperanza de que unos días de lluvia aliviarían la emergencia debida a la “nueva realidad climática”. Falta de previsión.

Ya era hora de que se bajara a la arena de lo concreto. Será la gestión de las cosas ordinarias que afectan y preocupan a la gente lo que marcará la agenda del discurso electoral. Hemos dedicado más de diez años a lo que se quería que fuera Catalunya y no a administrar responsablemente el país en el que convivimos más de ocho millones de personas.

Las inversiones en infraestructuras han sido bajas por los insuficientes presupuestos del Estado, pero también por la gestión de la Generalitat. ¿Qué ha hecho el Govern en los últimos años para mejorar el abastecimiento de agua? ¿Y para reparar la canalización de tuberías por las que se pierden tantos miles de litros? La última gran inversión la hizo el gobierno Montilla, que inauguró en el 2009 la desalinizadora de El Prat, que produciría el 24% del agua consumida en el área metropolitana.

La sequía no es responsabilidad de ningún gobierno. Pero la prevención de sus efectos sí que forma parte de sus competencias. La amnistía o el futuro político de Catalunya no pueden ocultar las carencias que están emergiendo en un país que ha centrado sus energías en cómo debería ser en vez de gestionar lo mejor posible lo que es. El informe PISA sobre la educación, el aeropuerto de Barcelona, las estrecheces en las que trabaja el sector sanitario no dependen de Madrid.