En los primeros días de disturbios ante la sede del PSOE en Madrid ardieron contenedores y, tras cargas policiales con gases lacrimógenos, se oyó gritar “¡Sois unos piolines, desgraciados, os tenían que haber tirado al mar en Barcelona!” en boca de manifestantes de perfil aporellista. El día anterior, la ínclita Esperanza Aguirre había cortado el tráfico para protestar de modo tumultuario contra una ley de amnistía aún en fase de entelequia. Este domingo, azuzados por las consignas de PP, Vox y una turbamulta de periodistas sedentes que afirman defender el Estado de derecho, un número indeterminado de ciudadanos españoles se manifestarán en las plazas mayores para gritar eslóganes tan amorosos como “Puigdemont a prisión”, “Perro Sanxe” o “Que te vote Txapote”. En otro tono, tras el acuerdo con ERC anunciado la semana pasada, ya empieza a circular un simétrico “Catalunya nos roba” y, para rematarlo, la estrategia del juez patriótico García Castellón pasa por elevar a los tribunales europeos la impugnación a la ley de amnistía.

La lista de paralelismos con los hechos más relevantes del denominado procés hace que ya se pueda hablar con propiedad de procesismo español. Los partidarios del Pro-cese (de Pedro Sánchez) han visto que no les alcanza con los militares retirados, los magistrados caducados y la mayoría en el Senado, y por eso optan por la ya famosa caye borroka.

Los verificadores de datos deberán estar atentos, porque tarde o temprano podrán marcar con double check muchos episodios vividos desde el 2017. Por ejemplo, podría ser que en alguna de las manis ante las sedes del PSOE (o del PSC, que también recibe las iras de los Voxos Nois) hubiera alguna secretaria judicial muy asustada. O que los Javis (pongamos que Cercas y Tebas) se subieran a un Nissan Patrol para desconvocar a las masas que sitian una sede. O que, el día que por fin Sánchez y Puigdemont rubrican el acuerdo, los manifestantes invadieran Barajas o, si les da pereza andar tanto, las vías de Atocha.

Cuando los hechos son los mismos, el único motivo por el que pueden tener consecuencias penales distintas es porque en España no se juzgan hechos, sino ideas.