La investidura ha sido difícil, pero la legislatura no se apunta fácil. Por un lado, los problemas son evidentes y reclaman soluciones urgentes. Y, por otro lado, la mayoría que ha hecho posible la investidura no se presenta exenta de ciertas contradicciones. Definiciones programáticas no siempre coincidentes y, además, problemas entre los propios grupos que conforman la mayoría. El panorama no es sencillo, pero interesa a todos que el gobierno gobierne y que las decisiones que se tomen contribuyan positivamente a resolver las cuestiones que afectan a la realidad de cada día. Gobernar para aterrizar en el terreno de las soluciones.

El primer gran problema lo encontramos en la polarización política. No parece posible la transversalidad que muchos problemas reclaman; y, en todo caso, acuerdos de amplia base que aligeren la carga inevitable de algunas soluciones. Pero por más difícil que sea, no hay que renunciar, de entrada. Hemos de confiar en que la radical polarización existente se focalice en algunas cuestiones esencialmente políticas, liberando de esta tensión otros aspectos más pragmáticos de clara incidencia económica y social. ¿Será posible? No está claro, pero sería bueno.

Tan problemática como esta polarización entre bloques, puede resultar la polarización intrabloques. Es decir, la necesidad de algunas formaciones de singularizar excesivamente su participación en la mayoría del gobierno e, incluso, de las instituciones y del necesario equilibrio entre sus respectivos papeles constitucionales.

No obstante, en este aspecto, después de declaraciones anteriores de signo muy diferente, las formaciones políticas que han coincidido en el voto de investidura destacan ahora que “España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de derecho en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales”.

En esta línea, en el preámbulo del proyecto de ley de amnistía, se destaca también que “desde el año 1978, España cuenta con un texto constitucional homologable al de los países de nuestro entorno, que garantiza los derechos fundamentales individualmente considerados y preserva los derechos ideológicos y políticos de todos”, coincidiendo en la “solidez del sistema democrático”. Todo esto, al fin y al cabo, lleva a los proponentes a señalar que sus particulares objetivos han de tramitarse dentro del ordenamiento jurídico constitucional. Bien, esto debería dar una cierta fluidez a las decisiones que hayan de tomarse para hacer frente a cuestiones que afecten a la problemática diaria de los ciudadanos. Las discrepancias, lógicamente, subsisten; pero están más acotadas.

A pesar de todo, hay que aceptar que gobernar será difícil. Pero esto no puede ser presentado como un éxito de nadie. Una cosa es que sea difícil y otra es proponerse hacerlo aún más difícil. Los costes de la dificultad los pagamos todos los ciudadanos y esto no puede ser un éxito para nadie. Instalarse en la polarización o en la singularización extrema.

El entorno internacional no nos permite retrasar decisiones. Los conflictos internos no esconden la importancia de las consecuencias de los conflictos que nos vienen de fuera.

Ahora toca gobernar y esto es responsabilidad del Gobierno. Pero también, en aquello que sea posible, de todos los que conforman la representación popular. Todos ganaríamos en credibilidad.