Pedro Sánchez reunió al partido en A Coruña para sancionar el giro que ha dado el PSOE en cuanto a la aprobación de la ley de amnistía. Aprovechó que era el día mundial del abrazo para justificar lo que él llama cambio de opinión y pasar así a defender la necesidad de la reconciliación ante un conflicto con Cataluña, que es político. En seguida, la maquinaria oficial del Gobierno se puso a trabajar y en la televisión pública se utilizó el conocido cuadro de Juan Genovés sobre los abrazos para reforzar la tesis de que el diálogo y el entendimiento son siempre conceptos positivos. Genovés pintó esa obra, que desde hace tres años se encuentra en el Congreso de los Diputados de forma justa, como símbolo de reconciliación tras la dictadura, nada que ver con la situación por la que transitamos ahora.

Hoy se reúne la comisión de Justicia para votar cuanto antes la ley de amnistía y sus enmiendas. Hay prisa en los socialistas por cerrar el complicado acuerdo, especialmente con Junts, que cada vez pide más. Sánchez ha prometido ser muy didáctico para explicar un apoyo a la amnistía que había negado y que no figuró en su campaña en las elecciones generales de julio. Se ha habilitado de forma extraordinaria enero para que el Congreso pueda votar el texto definitivo el día 30.

La amnistía está puesta en duda por una gran parte de la opinión pública, en la que están incluidos muchos votantes y simpatizantes socialistas, porque no parece que encaje en el ordenamiento jurídico. Es lo que piensan también destacados juristas. Así se posicionaron los letrados del Congreso en un informe que no es obligatorio ni vinculante para los trabajos en sede parlamentaria, pero que debería ser tenido en cuenta. No hacerlo es abonar que el cambio de opinión y los añadidos con esta ley de amnistía se hacen para cumplir simplemente con las exigencias del fugado Puigdemont.

Si, a priori, como defienden ahora los socialistas, un intento de reconciliación para superar la crisis con Cataluña puede ser bien acogido, falta un elemento esencial para que sea aceptado por la opinión pública y visto de otra manera por la sociedad. Un elemento que Pedro Sánchez trata de soslayar. Es el talón de Aquiles de sus nuevas teorías sobre la bondad de los abrazos. Quienes provocaron la situación bochornosa e inconstitucional del 1 de octubre del 2017, que obligó hasta a la intervención de Felipe VI, no solo no se han arrepentido, sino que amenazan con avanzar en su intento separatista. Solo buscan abrazarse con ellos mismos.

Es en este punto donde se cae toda la defensa que se pueda hacer de la ley de amnistía en aras de un reencuentro. Los beneficiados por la misma no tienen ningún interés en cejar en su empeño de romper la unidad territorial de España que consagra la Carta Magna. Lo consideran una primera y mínima cesión para impulsar un horizonte todavía más anticonstitucional, en el que tendría cabida un posible referendo de independencia. La ley de amnistía es cortoplacista. Un escenario hostil que traerá más inestabilidad.

Resulta sencillo. Es imposible el perdón cuando no hay arrepentimiento ni propósito de enmienda.