La mayoría que sustenta al Gobierno de Pedro Sánchez tiene la estabilidad que le otorga su carácter omnívoro. Un apetito voraz que le ha llevado a sumar partidos de supuesta derecha como el PNV y Junts a frentes de presunta izquierda secesionista como Bildu, ERC y el Bloque. No iba a ser una travesía sencilla la de este nuevo Titanic que botó Sánchez, tras el fracaso de Feijoo en un intento de investidura sin los votos suficientes. Han pasado cien días y hemos visto de todo. Pero la realidad siempre supera a la ficción. Y el Titanic socialista se ha topado con el iceberg Koldo, o con el iceberg Ábalos, o con el iceberg Armengol, o con el iceberg Montero. Serán los investigadores y los jueces los que acaben fijando el nombre. Pero el roto está siendo espectacular. Tan espectacular que Borja Sémper debería de borrar de su cara esa sonrisa de satisfacción que pone cada vez que habla del asunto. Se le nota demasiado la alegría. Hay noticias que, aunque dejen al enemigo sin oxígeno, deben de ser comunicadas como los fallecimientos. Los ciudadanos estamos muy hartos de corrupción como para que nos la pongan delante de las narices con evidente satisfacción, venga de dónde venga.

Digo que todavía nos quedaba el capítulo más genial de este Gobierno que apenas lleva cien días. Y es la operación en la que está toda la maquinaría de Moncloa para tapar la posible corrupción con la ley de la amnistía. En política, en política contemporánea, lo importantes es ganar el relato, cambiar el foco, sea como sea. Los fontaneros de Moncloa han considerado que la manera de huir de las mascarillas de Koldo es logrando al fin el acuerdo con Junts para aprobar al límite la ley de amnistía en la comisión de Justicia del jueves a las once de la mañana.

Creen que así dejarán de existir las comidas en la marisquería La Chalana, en Madrid. Que desaparecerán los pisos que Koldo ha ido poniendo a nombre de su familia, según figura en la investigación de la Guardia Civil, a la que accedió La Voz. Desde el 2020 se compró tres viviendas sin hipoteca, puestas a nombre de su mujer, su hermano y su hija de dos años de edad. También hacía ingresos en efectivo en cajeros en sus cuentas sin utilizar las tarjetas para gastos, lo que, según los agentes, es una práctica habitual en los enriquecimientos presuntamente ilícitos.

Es fascinante que, desde el Gobierno, se piense que los miles de folios de trabajo de la Guardia Civil, los veinte detenidos, esa empresa que no tenía experiencia y que pasó de facturar 3.000 euros a 54 millones, todo además a costa de un país aterrorizado por una pandemia, va a desaparecer si el jueves, a la segunda, consiguen aprobar la ley de amnistía. Como si la amnistía no fuese algo que recibe el rechazo de siete de cada diez españoles, según las encuestas. Como si la amnistía no divide casi a la mitad, incluso a los que se confiesan como votantes socialistas, con más del 40 por ciento en contra de ella.

¿En serio creen que, con la impunidad de la amnistía, los españoles vamos a pasar de la pantalla de la corrupción, sin conocer su desenlace judicial? ¿Cómo no vamos a querer saber quiénes y cómo robaban jugando con nuestra salud?