En los cuatro folios que recogen el pacto alcanzado entre PSOE y Junts únicamente hay tres ideas claras. Pedro Sánchez será investido presidente de Gobierno, habrá una ley de amnistía y un mediador internacional verificará el proceso. Todo lo demás queda en el aire. Son inconcreciones, frases retóricas, evasivas y giros semánticos. Que no quiere decir que sea lo mejor porque todo se deja a ver cómo va yendo la cosa, aunque socialistas e independentistas «apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución y acuerdan buscar un conjunto de pactos» para resolver el conflicto catalán. Que es lo mismo que decir nada.

Existe tal ausencia de concreciones en esos folios que, frente a los que interpretan el acuerdo como una victoria inapelable de Puigdemont y la humillación de España, otros hablan de la rendición del líder catalán y la renuncia a sus aspiraciones independentistas. Cada español hará su propia lectura, pero habrá unanimidad en que todo queda aplazado para mañana y se negociará cada asunto a cara de perro porque de ello depende que la legislatura llegue a buen puerto.

El documento deja la sensación de que ambas partes cedieron en sus exigencias iniciales y también que las dos llegaron al límite en sus planteamientos. Porque Junts, a cambio de aquella irrenunciable vía unilateral, se aviene a llevar la resolución del conflicto a una mesa de diálogo y a proponer la celebración de un referendo de autodeterminación «amparado en el artículo 92 de la Constitución». Y el PSOE se traga un par de cuestiones no menores. Dejar prevalecer únicamente la versión independentista sobre lo ocurrido en Cataluña, sin una sola apostilla, y aceptar una investigación parlamentaria sobre la acción judicial en el procés, lo que ha soliviantado a todo el colectivo judicial, incluidos los progresistas. Y no sin razón. Porque un Ejecutivo no puede expresar desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial. Aunque en ocasiones existan motivos para ello, hacerlo desde un Gobierno es más propio de un país bananero.

La lectura del documento produce la impresión de que queda todo por hacer. Es como si no quisieran causarse daño y dejasen para otro momento las decisiones. Junts «propondrá» un modelo fiscal equivalente al cupo vasco, pero el PSOE solo se compromete a «apostar por medidas que permitan la autonomía financiera». Demandará el retorno de las 5.000 empresas que abandonaron Cataluña. Que es como cuando nosotros pedimos que llueva: la decisión es de las que huyeron. Se ha optado por darle tiempo al tiempo y fiar al porvenir las negociaciones que cierren la situación creada. Eso sí, ambos reconocen una «profundas discrepancias» pero tienen el ánimo de «alcanzar acuerdos importantes sin renunciar a las respectivas posiciones». Que no deja de ser la cuadratura del círculo.