Ni en el mejor de sus sueños creía Carles Puigdemont que a estas alturas se iba a encontrar en la posición en la que lo ha situado Pedro Sánchez. El expresidente catalán languidecía mustio en Bruselas, autoproclamándose como el presidente de la Generalitat en el exilio, sin que nadie le prestara demasiada atención. Pero la falta de principios de Sánchez le ha hecho un traje a medida con la ley de amnistía para que puede regresar a España cuanto antes sin rendir cuentas por ninguno de sus delitos. Esa ley de amnistía acompaña a un acuerdo entre el PSOE y Junts que incluye una larga lista de cesiones indignas que suponen una rendición del Estado de derecho a cambio de siete votos.

En el acuerdo firmado con Puigdemont figura una frase que perseguirá a Sánchez durante toda su vida. «En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». Detrás de esa enrevesada redacción se encuentra el propósito de los independentistas de Junts de revisar, en compañía de Sumar, de ERC, de EH Bildu, del PNV y del BNG, con el beneplácito del PSOE, sentencias judiciales que ellos consideren que obedecen a una persecución judicial para incluir a los condenados y los investigados por esas causas en la ley de amnistía, con el consiguiente señalamiento de los jueces que hayan dictado esas sentencias. Eso y no otra cosa es lo que implica la introducción del término lawfare en un acuerdo de investidura que acaba con la división de poderes.

Y después de haber perpetrado esa traición que desguaza el ordenamiento jurídico, todavía se permite Sánchez pedir «cordura y mesura» al PP en sus manifestaciones en contra de la ley de amnistía. Cordura es lo que le falta a quien aprueba una ley que borra los delitos de quienes se alzaron contra el orden constitucional y supone de facto que España no solo los indulte, sino que les pida perdón. Una ley que, junto a lo firmado por Sánchez en su acuerdo con Junts, permitirá que miles de delincuentes, incluidos algunos acusados pos terrorismo, queden sin rendir cuentas por sus fechorías.

Y mesura es lo que le falta también a quien va a negociar sobre un referendo de independencia en unos encuentros en el extranjero y bajo la lupa de unos observadores internacionales, como si España fuera una república bananera. La gravedad de lo que está dispuesto a hacer Sánchez se demuestra en la mayor movilización cívica que ha conocido España, con manifestaciones multitudinarias en la calle. Frente una legislatura en la que asistiremos a cesiones injustificables a los secesionistas en cada votación, la sociedad está dispuesta dar en la calle una respuesta ejemplar a esa compra de votos que se inicia a partir de mañana con la sesión de investidura en el Congreso.