De los hechos acontecidos en el hemiciclo del Congreso de los Diputados el 23-F de 1981 se empezó a saber algo mucho después de esa fecha. Como jurista tengo que apelar a la Ley de Secretos Oficiales y a que se desclasifiquen todos los documentos relativos a tal suceso, aunque, como autor de una tesis doctoral sobre tan chapucero acontecimiento que me ocupó todo mi tiempo libre los casi tres últimos años, no tengo excesiva confianza en que esa desclasificación nos aclare demasiado. Lo que más nos podía ayudar a conocer el nombre de quiénes y cómo lo organizaron se destruyó ese mismo día.
La primera cuestión que debemos plantearnos es si el actual rey emérito estaba al tanto de lo que ese día iba a acontecer. Ninguno de los miembros que componen la más rigurosa historiografía duda que lo sabía, aunque cierto es que puso como condición que el asalto al Congreso no resultara un golpe a la turca o, lo que es lo mismo, cruento. En España se vivían unos tiempos muy difíciles. Un terrorismo que día sí y día también asesinaba a un militar o a un guardia civil. Y, sobre todo, los militares se mostraban indignados porque veían en peligro la para ellos sagrada unidad de la patria con la amenaza del título VIII de la Constitución, relativo a la organización territorial del Estado y al Estado de las autonomías. Por otro lado, todos los poderes fácticos y no fácticos, comenzando por don Juan Carlos, pretendían la destitución de Adolfo Suárez, a quien responsabilizaban de todos los males que asolaban el país.
Un grupo de altos mandos militares, con los generales Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada al frente, los dos militares más monárquicos del Ejército, utilizaron como tonto útil al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, e idearon la conocida como «solución Armada» con la connivencia no solo de Zarzuela, sino también de la cúpula de buena parte de las formaciones políticas con representación parlamentaria.
El hombre de confianza del monarca, y antiguo preceptor, el general Armada, debía personarse en el Congreso con una lista con los nombres de los futuros miembros de un gobierno de salvación nacional que dirigiera las riendas del país hasta que se celebraran nuevas elecciones. Una vez en el Congreso, Tejero recibe a Armada y, al comprobar que en esa lista figuran miembros del PSOE y del PCE, monta en cólera y expulsa al general del Congreso. Este hecho da lugar a la paradójica situación de que quien acabó con el golpe de Estado fue la persona a quien más se identifica con su organización.
Ocurrido esto último, se recurre al plan B. El entonces rey Juan Carlos da un discurso en RTVE, que horas antes había sido tomada por un regimiento de la División Acorazada Brunete, y ordena a las máximas autoridades militares que se atengan al orden constitucional. Desde ese día, España dejó de ser monárquica o republicana para convertirse en juancarlista.
De una contrariedad se pudo extraer algo bueno, como que el 23-F fue el verdadero final del franquismo. Tras unos años, se produjo la reconciliación entre el estamento militar y la sociedad civil, y nuestras fuerzas armadas pasaron a ser respetadas y admiradas por todos los españoles de bien. Aunque, desgraciadamente, siempre hay individuos que las siguen odiando. Ellos se lo pierden.
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