Una regla de lo más elemental en política es que no se puede decidir nada en contra del parecer de aquellos que van a verse directamente afectados por esa decisión. Este principio es incluso más exigente en los asuntos que tienen que ver con la gestión del sistema sanitario. Lo sabía muy bien el mejor conselleiro de Sanidade hasta el presente, José Manuel Romay Beccaría. Pues bien, pocas decisiones ha habido en los últimos años que conciten un rechazo tan unánime como el XIDE; porque ni médicos, ni enfermeras ni personal de servicios generales lo aceptan. Por eso me resulta incomprensible que desde la consellería sigan adelante con esta historia, por mucho que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avale el programa.

Todos somos conscientes de las múltiples dificultades que afronta la atención primaria. No son superficiales. No afectan solo a nuestra comunidad autónoma, ni tan siquiera solo a nuestro país. Atrapada entre una tarea titánica (ser el primer escalón del sistema sanitario) y un modelo de funcionamiento agotado (falta de inversiones, inercias, atonía política), se debate entre la reinvención y el progresivo deterioro hacia una especie de beneficencia para aquellos que no puedan ir a la privada. Hasta ahora, por desgracia, nadie agarra el toro por los cuernos.

No existen soluciones inmediatas ante estas tensiones y dificultades, pero sí la obligación de explorar con sentidiño las posibles soluciones. Unas soluciones que, no lo olvidemos, habrán de ser éticas y habrán de concitar el consenso de quienes trabajan en atención primaria. Los algoritmos pueden ayudar, con la condición de no descuidar el factor humano. Pero la innovación por la innovación no es más que una suerte de esnobismo; o bien una muestra de que quien está tomando las decisiones está sobrepasado por la situación o la desconoce.

Un último apunte. Cuando los colegios médicos luchan contra el XIDE, no están siendo gremiales, no están defendiendo lo suyo; lo que están haciendo es defender los intereses —y los derechos— de sus pacientes, que es su primera obligación, ya desde los tiempos del juramento hipocrático.