La amnistía lo ha eclipsado todo. Es una decisión de tal calado que ha monopolizado el debate político prácticamente desde que la noche del 23-J arrojó ese complejísimo resultado del que solo ayer, 116 días después de la cita con las urnas, pudo salir un presidente. De un Gobierno que nace condicionado por un plan, el de la amnistía, diseñado a la medida de 400 personas (o de 1.400 según las cifras de beneficiados de Junts) y que ha dejado en segundo plano lo realmente importante: qué va a hacer este Ejecutivo por los 47 millones restantes de españoles y cuál es su plan económico y social para los próximos cuatro años.

La polarización es tal que el renovado presidente del Gobierno consagró su intervención inicial del miércoles a atacar a la oposición y a agradecer los apoyos de sus aliados, y dejó la sensación de pasar de puntillas sobre sus intenciones para el próximo mandato. No fue mucho más allá del anuncio de prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos y el transporte gratuito para jóvenes y parados; de algunas medidas que ya había avanzado, como la reducción de la jornada laboral, o planteó promesas que en realidad son competencia de las comunidades autónomas, como la reducción de las listas de espera.

Entonces, ¿ahora qué? Tras el nombramiento de los ministros, es de esperar que el Gobierno, cuatro meses después, se ponga a trabajar. Pero si encajar los nombres de cada cartera es complicado para hacer sitio a todas las sensibilidades, especialmente por el lado de Sumar, empezar a tomar decisiones lo va a ser todavía más. No solo la amnistía condiciona la acción de este Gobierno, también los numerosos compromisos adquiridos con los demás partidos: la condonación de 15.000 millones de deuda y la negociación de un referendo de autodeterminación en Cataluña; la transferencia de la Seguridad Social y otras competencias pendientes al País Vasco... por citar algunas de las más relevantes. Todo esto, en un ambiente de continua amenaza. Porque estos dos días, en sede parlamentaria, a Junts, ERC, Bildu y PNV no les tembló la voz cuando advirtieron a Sánchez de que tendrá que cumplir esos compromisos, que no le van a pasar ni una demora, que lo van a vigilar a diario. Esta espada de Damocles convertirá en un reto casi imposible priorizar las necesidades de los 47 millones de españoles con los que Sánchez no ha firmado ningún compromiso —solo un programa electoral que no sirve para nada—. La verdadera prioridad del presidente será mantener con vida a su Gobierno día tras día.