En el 2009 se anuló el concurso eólico del anterior Gobierno (PSOE-BNG), que había adjudicado más de 2.000 MW. Luego fue la moratoria de 18 meses para la aprobación de los parques en tramitación y el contencioso con el Gobierno de España respecto a los parques de su competencia. Posteriormente se modifica —en veces sucesivas— la normativa que regula el aprovechamiento eólico de Galicia.

En el último año parecía que la cuestión eólica, tanto terrestre como marina, podía tener una solución a la que contribuiría el plan de recuperación para la industria eólica diseñado por la Unión Europea.

En Galicia asistimos, sin embargo, a una gran disputa sobre la energía eólica, que mantiene paralizados unos 7.500 MW. A pesar de la activación tanto de la Xunta como del Ministerio de Transición Ecológica, una serie de reclamaciones ante la justicia de organizaciones ambientales, vecinales y ayuntamientos, algunas apoyadas por campañas de crowdfunding, han logrado paralizar cautelarmente más de una docena de proyectos de los más de 75 que tenían visto bueno ambiental del Gobierno gallego. Y con ello que la normativa existente incurriera en inseguridad jurídica.

La sentencia del Tribunal Supremo casando otra del TSXG, en la que anulaba la paralización de un parque, junto con lo establecido por la Xunta —en la ley de acompañamiento presupuestario 2024— considerando los proyectos eólicos como «bien de interés público superior», parecía que dificultaría nuevas impugnaciones.

Sin embargo, el TSXG decidió plantear una cuestión prejudicial sobre la tramitación de parques eólicos, en tres cuestiones diferentes, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la espera de su resolución dejar en suspenso sus sentencias.

Esta cuestión prejudicial ha alterado las expectativas empresariales, las de la patronal eólica y las de la Xunta, con sus obvias consecuencias en el posible desarrollo industrial y en los procesos de transición energética en Galicia. Para buscar soluciones quizás la alternativa sea, en lugar de leyes y normas sucesivas con las consecuencias actuales, desjudicializar el viento. Para ello no parece suficiente lo previsto en la Axenda Enerxética de Galicia 2030, y quizás se deba valorar la opción desarrollada por el País Vasco. Donde el Gobierno de coalición del presidente Urkullu, autosuficiente en votos como le sucedió a Feijoo y ahora a Rueda, llega a un amplio acuerdo parlamentario, negociado con Bildu, para aprobar una Ley de Transición Energética y Cambio Climático soportada por el 83 % de los diputados, en un acuerdo alcanzado a tres meses de las elecciones de abril. Una ley que entre otros aspectos sustantivos contempla un canon anual (700 euros anuales la hectárea de cada parque fotovoltaico y 3.800 euros por cada aerogenerador de 5 MW) y la obligación de ofrecer a los ciudadanos y empresas del entorno del parque al menos el 20 % de su producción eléctrica.

Políticas para la gestión del común. El viento, con las inversiones, un recurso natural.