La separación de poderes es clave para la calidad democrática de la sociedad, pero tal separación entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial exige de los primeros el respeto a la independencia judicial, y de este último el principio de imparcialidad y el respeto a los poderes legislativo y ejecutivo.

En los enredos próximos está reciente la crónica de La Voz sobre los años impuros de la operación Pokemon, donde fueron imputados políticos, sobre todo socialistas. Como el caso no menor —dada la denuncia anónima con contrincante político de intermediario— de su secretario general y candidato a la presidencia de la Xunta. También alcanza la mirada a lo sucedido en torno al urbanismo en Ourense, y la detención de su alcalde enredado en la Pokemon.

En Portugal, la actualidad está en la crisis de gobierno por una actuación de la Fiscalía al parecer no soportada por el juez. Y en los nueve años de espera para el juicio de Sócrates, primer ministro socialista, aún encausado.

Es posible recordar actuaciones varias, bien de exoneración de políticos o allegados, bien de su imputación, realizadas por jueces que han provocado estupefacción. Por más que esta siempre se exprese con esa fórmula impostada de «acato y respeto la decisión judicial». Que en los prolongados tiempos procesales de nuestra Administración de justicia puede ser una condena, como hemos visto en más casos que los que el sesgo, el error no malicioso y la verdad permiten.

Por ello, ante el arrebato del caducado Consejo General del Poder Judicial, o de asociaciones de la judicatura, y actos de manifestación pública de togados ante un acuerdo político entre partidos y una ley de amnistía sin conocer, conforta leer el análisis de Ricardo Bosa, magistrado emérito del Tribunal Supremo, donde se evidencian desatinos ante el proyecto de ley de amnistía. Actuaciones que menoscaban no solo la independencia judicial reclamada, sino la inexcusable imparcialidad en sus resoluciones, si llegaran.

Las proclamas de portavoces del Partido Popular alertando de que la existencia de un ministerio que englobe Presidencia y Justicia menoscaba o quiebra la división de poderes suena a juego de fantasía, pero si tal fuere, la Xunta puede que haya sido pionera.

Alejandro Nieto, catedrático de Derecho Administrativo recién fallecido, nos alertó una y otra vez sobre los jueces, la justicia, su administración y el Consejo General del Poder Judicial con enorme voluntad y clarividencia y, a lo visto, escaso éxito. No de otra forma se entienden los abandonos en la Administración de justicia, su mal gobierno, y las historias inexplicables que una y otra vez se repiten sin final cierto, derivadas de noticias de algunos incansables jueces instructores persiguiendo la maldad según su criterio. Criterio que el poder judicial consiente, alienta, limita o penaliza. Depende. Sin que el enredo de poderes y la imparcialidad o su ausencia sea privilegio de la Iberia hispana, sino que alcanza a la lusitana.