Movilización en el campo, y no solo en España, contra la política agraria común, las normas fitosanitarias y las medidas medioambientales, la agenda verde, en sus explotaciones. Iniciadas las revueltas en Francia, se han ido extendiendo en una rebelión de gran impacto, en vísperas de unas elecciones europeas cuyos resultados pueden determinar el futuro de Europa.

Movilización y protestas que responden a los desacuerdos con la Política Agraria Común, al proceso de la incorporación de Ucrania a la UE, a los tratados de libre comercio y otras políticas comerciales que, con las exigencias burocráticas, introducen una competencia desleal en los mercados de la alimentación. Y también a unas medidas medioambientales de la agenda verde, impuestas por la Comisión Europea, lesivas para sus intereses, al menos a corto plazo. Como la pérdida de subvención al combustible de uso agrario o la limitación del uso de pesticidas y, en su caso, la limitación de uso del agua. Problemas comunes que unen a los agricultores europeos, además de la ley de la cadena alimentaria española (no vender a pérdidas). Una agricultura europea a la que España, el segundo país en superficie agraria, contribuye con un millón de explotaciones, 750.000 empleos y más del 9 % del PIB español frente al 1,4 % del PIB de la UE, a la que se destina el 35 % del presupuesto europeo.

Una percepción de sus problemas que lleva a los agricultores y ganaderos a una movilización arrebatada, porque apenas el 2 % de la población europea es capaz de paralizar vías de comunicación y puertos, y con ello el abastecimiento de los mercados. A estas protestas, tan influidas por la geopolítica, la globalización y el acceso a los mercados, se suma un posicionamiento político característico de estas sociedades agrarias que últimamente se ve acunado por la derecha populista, Vox y sus cinco consejerías populares de agricultura, con objeto de capitalizar a su favor ese malestar del mundo rural en las elecciones europeas. Reivindicaciones ante las que la Comisión ha empezado a ceder, reconociendo con ello su debilidad ante los movimientos agraristas dada la influencia en sus conciudadanos, una influencia que puede desequilibrar el poder en las instituciones europeas en junio.

Una influencia histórica propia también de Galicia, donde la cuestión agraria ha sido un eje central en nuestra economía y nuestra historia política. Y aun en la escasez de estudios sobre el papel hegemónico de las derechas en Galicia desde el carlismo, la cuestión agraria, los movimientos de redención de foros y el agrarismo —reconocido por el Parlamento gallego en una declaración institucional del 2022—, sostenido en los «sindicatos agrarios» cooperativos, sobre todo católicos (Díaz de Rábago 1894, Amando Castroviejo, Varela de Limia) o expresado en un republicano Partido Agrario Español (con diputados en tres provincias gallegas), han contribuido a caracterizar nuestra sociedad en su reconocible perfil conservador. Que no retrógrado.