Aprobada una discutida ley, Por el derecho a la vivienda, parece que se inicia un proceso de reflexión entre lo público y lo privado para atender ese déficit social. Sabiendo que entre lo público y lo privado no hay una separación nítida. En lo público está la regulación con sus errores, pero también el salvavidas de una mala gestión de lo privado.

Leyes, decretos o normas urbanísticas que, con la ley de 1998 sobre régimen del suelo y sus valoraciones, permitieron una dinámica de recalificación masiva de suelo rústico. Junto a ello una mala práctica bancaria que permitía préstamos al promotor, aun cuando fuese un suelo sin urbanizar, por el 60 % del valor que tendría si estuviera urbanizado, a un ritmo que acumulaba excedentes y que diez años después amplificaría la gran crisis del 2008. Origen de la crisis bancaria, que alcanzó su cénit con el rescate por 78.000 millones aportados por la UE a costa de nuestros impuestos y el colapso en la vivienda nueva. Todo ello analizado por Ignacio Ezquiaga en un estudio publicado por Funcas, El sistema ya no financia burbujas. Una crisis que Ezquiaga imputa más al crédito a la promoción que a las hipotecas de propietarios de vivienda residencial. La Fundación FAES (Juan van Halen) al igual que el Banco de España (Lucio San Juan) también han hecho públicos en fechas recientes sus propios análisis sobre la vivienda en España.

La vivienda es hoy el gran problema en España. Y más allá de recursos en el Constitucional, son necesarias políticas —en Galicia hay Gobierno y Parlamento— que eviten, sobre todo a los jóvenes y familias con hijos, las dificultades de acceso a la vivienda. Aliviadas por el soporte familiar a través de herencias o daciones en pago, en su caso. Alivio que hace peligrar la cohesión social por causa de esas desigualdades. Según Ezquiaga, los menores de 35 años propietarios han caído del 70 % al 35 % en diez años.

En la medida en que el alto precio de la vivienda y de su alquiler son el elemento clave en esta crisis, la cuestión es si la actuación pública debe seguir con las políticas de demanda o si deben reactivarse las políticas de oferta volviendo a las viviendas protegidas (VPO). Una política abandonada de forma abrupta. Luego del bum inmobiliario (2002-2008) con 600.000 viviendas anuales construidas, el porcentaje de VPO era apenas del 7 %. Cuando entre 1981 y 1997 —con una tercera parte de viviendas anuales construidas— el 6 7 % eran protegidas. Y ya en 2019, con menos de 70.000 viviendas anuales, las protegidas no llegaban al 8 %. A la espera de acuerdos y reformas que, por afán de simplificar, no desprotejan el mercado como sucedió de 1998 en adelante.

De Galicia ni les hablo, tienen las estadísticas. En el 2010, el PP pidió en el Parlamento gallego la supresión del Ministerio de Vivienda, al hilo de lo que hizo en el 2008 con CiU en el Senado. Hoy hay de nuevo Consellería de Vivenda e Infraestruturas.