El acuerdo firmado por el PSOE y Junts per Catalunya que va a permitir la investidura de Pedro Sánchez, más allá del contenido efectivo y de la posible traslación en políticas públicas, algunas muy discutibles desde el punto de vista del Estado de derecho, resulta altamente decepcionante también en el terreno simbólico por la asunción que hace el PSOE, y por ende el PSC, del torticero relato que viene defendiendo el independentismo en los últimos años y al que hasta hace poco se oponía.
En primer lugar, enmarca el origen del conflicto actual en la sentencia del Estatut y atribuye al PP la culpa de haber presentado un recurso de inconstitucionalidad. Se olvida, en cambio, de que la idea de un nuevo Estatut, una demanda inexistente desde el punto de vista social, solo hace falta ver el escaso entusiasmo que despertó el referéndum de aprobación -ERC pidió el voto en contra y votó menos de la mitad del censo- fue un invento de Pasqual Maragall para competir con CiU cuando esta dependía del PP y que solo fue asumida por los nacionalistas catalanes cuando Artur Mas sucedió a Pujol. Se olvida también de que supuso la ruptura del consenso por la (auto)marginación del PP y no menciona la deslealtad que rigió todo el proceso de elaboración del nuevo texto, algo que todo el mundo sabía y nadie reconocía abiertamente hasta que José Montilla, el 20 de enero de 2019, en una conversación con Mas en La Vanguardia, literalmente dijo: «Tú sabes la subasta que significó la elaboración del Estatut. Tú cuando veías que había un acuerdo, subías el listón, los de ERC se acojonaban y subían… No nos hagamos trampas. El Estatut no lo hicimos muy bien». Hubiera sido, por tanto, más ajustado a la realidad y más honesto empezar por reconocer lo mal que se hizo en vez de cargar las tintas solo sobre el PP, algunas con razón, como por ejemplo por la vergonzante recogida de firmas.
En segundo término sitúa los antecedentes remotos del conflicto en la Guerra de Sucesión y en los Decretos de Nueva Planta, en una interpretación absolutamente ahistórica y presentista fruto de la visión romántica e idealizada del pasado propia del nacionalismo esencialista hijo de Herder y de Fichte, tradición de la que bebe el nacionalismo catalán. La Guerra de Sucesión fue un conflicto dinástico, no una guerra Cataluña-España, la abolición de leyes e instituciones propias no solo fue un castigo por la deslealtad de las autoridades catalanas, sino que se enmarca en el proceso de centralización del poder propio del absolutismo, no existía reivindicación nacional porque la nación como sujeto político no existía todavía -el austriacismo resistente no se puede interpretar como tal- y la (re)construcción de lo nacional no se produjo hasta un siglo más tarde, primero desde un punto de vista cultural con laRenaixença y ya durante la Restauración con naturaleza propiamente política.
Y por último relata como la frustración por la sentencia del Estatut, una frustración, dicho sea de paso, se expresó con retraso notable porque más allá de la manifestación de 2010 no tuvo impacto político hasta 2012, y lo hizo convenientemente atizada por los dirigentes nacionalistas en un contexto de crisis económica, dio lugar a diversas demandas que no fueron atendidas. El pacto fiscal concretamente, hay que recordar, se planteó en un mal momento cuando España estaba al borde del rescate económico. Y a partir de entonces ya todo pasó a ser el referéndum.
En este sentido el texto del acuerdo cita la consulta popular del 9N y el referéndum de independencia (sic) del 1 de octubre, limitándose a decir que fueron suspendidos y anulados por el TC pero sin llegar a tildarlos de ilegales, que es lo que fueron. Pero lo más preocupante, a mi modo de ver, es que el texto pasa por alto la situación más grave que ha vivido Catalunya en los últimos años, lo sucedido en el Parlament de Catalu ña los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Esos días de infausto recuerdo el independentismo, haciendo uso de su mayoría parlamentaria y por medio de un procedimiento irrespetuoso con los derechos de los parlamentarios, abolió la Constitución y el Estatuto de Autonomía en la acción más iliberal que ha experimentado la democracia española. Con estos antecedentes la amnistía va camino de convertirse en un ejercicio de amnesia selectiva.
La asunción de un relato infame
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15.11.2023
El acuerdo firmado por el PSOE y Junts per Catalunya que va a permitir la investidura de Pedro Sánchez, más allá del contenido efectivo y de la posible traslación en políticas públicas, algunas muy discutibles desde el punto de vista del Estado de derecho, resulta altamente decepcionante también en el terreno simbólico por la asunción que hace el PSOE, y por ende el PSC, del torticero relato que viene defendiendo el independentismo en los últimos años y al que hasta hace poco se oponía.
En primer lugar, enmarca el origen del conflicto actual en la sentencia del Estatut y atribuye al PP la culpa de haber presentado un recurso de inconstitucionalidad. Se olvida, en cambio, de que la idea de un nuevo Estatut, una demanda inexistente desde el punto de vista social, solo hace falta ver el escaso entusiasmo que despertó el referéndum de aprobación -ERC pidió el voto en contra y votó menos de la mitad del censo- fue un invento de Pasqual Maragall para competir con CiU cuando esta dependía del PP y que solo fue asumida por los nacionalistas catalanes cuando Artur Mas........
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