Sin división de poderes no hay Estado de Derecho posible. Pero mientras al legislativo se le elige en sufragio universal tras una confrontación de ideas, y al ejecutivo se le somete a un severo marcaje, e incluso en las democracias más longevas con derecho a veto en sus parlamentos, el poder judicial continúa siendo poco transparente, con una deriva a la oscuridad. Además de una pluralidad discutible, pese a las cuatro asociaciones de jueces, que esta semana se han revuelto, con razón, contra las referencias a la judicialización de la política del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Una posición endogámica inexistente para renovar el órgano de gobierno de la judicatura, que el próximo 4 de diciembre cumplirá cinco años caducado. Pocos demócratas permitirían que un gobierno, central, autonómico o local, continuará en activo promulgando leyes, gestionando recursos, aplicando normas y designando empleos en esa misma situación.

Actualmente, hay 5.320 jueces y magistrados en España, 11,2 por cada 100.000 habitantes, según datos del Poder Judicial en 2021. Los cargos públicos de las diferentes administraciones también ascienden a 100.000, según el recuento del magistrado Joaquim Bosch en su libro La patria en la cartera (Ariel, 2022). Tanto por las urnas, como por otros mecanismos conocidos, se puede cambiar a los responsables legislativos y ejecutivos, pero resulta complicado despojar de sus funciones a un juez, pese a la eficiente inspección del CGPJ.

La verdad judicial a veces no coincide con la verdad objetiva, como recoge ese desfasado refrán de «pleitos tengas y los ganes». Por eso la selecta minoría judicial debe huir del despotismo, y al mismo tiempo que vigila los desmanes de los gobernantes, aplicarse el cuento y emprender una reforma integral de sus estructuras internas con la transparencia y la pluralidad exigida para los otros dos poderes. La ciencia judicial no es exacta, se sabe, y ante la amnistía pactada hay opiniones a favor y en contra bien fundamentas desde el ámbito del Derecho. Lo que está claro desde Locke y Montesquieu es que la división de poderes parte de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de equilibrios. Así que pese a la necesidad y la virtud, y las sumas parlamentarias, parece obvio que el poder judicial, además de caducado, está bastante obsoleto.