Vaya por delante que no nos cabe duda de la necesidad de someter a un control público externo, en defensa de la ciudadanía, las grandes operaciones de concentración empresarial para preservar sectores nacionales estratégicos frente a intromisiones potencialmente peligrosas de Estados extranjeros —particularmente, ajenos a la Unión Europea a la que, afortunadamente, pertenecemos— y para garantizar la competencia empresarial efectiva que, a la postre, redunda en beneficio de los consumidores.

Del mismo modo, tampoco nos cabe duda de que el control interno de las grandes corporaciones privadas por los gobiernos mediante la colonización política de sus consejos de administración suele presentar el riesgo cierto de estimular incentivos ineficientes para el buen gobierno corporativo y, por ello, para uno de los factores básicos de la sostenibilidad empresarial. Ello es así porque aquella colonización política de los consejos de administración de las grandes corporaciones privadas acaba ubicando, con frecuencia, en tales consejos a personas ayunas de los conocimientos jurídicos y financieros exigibles que suplen su ignorancia con obediencia sectaria.

Pues bien, cuando proyectamos estas ideas generales sobre el comportamiento de nuestro Ejecutivo en torno a las grandes operaciones de concentración empresarial que han afectado y siguen afectando a sociedades que ocupan........

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