El "señalamiento" claro, explícito y público de la vicepresidenta tercera del Gobierno "progresista", Teresa Ribera, al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, por sus decisiones judiciales sobre el caso del "Tsunami Democratic" es de los hechos más graves —¿y van?— que han sucedido en el campo de la necesaria e imprescindible separación de poderes en un sistema democrático.
Hasta la fecha, sólo desde las filas independentistas se había cuestionado la labor de ciertos jueces que habían intervenido en las causas abiertas después del intento de golpe de Estado de 2017. La última en hacerlo fue la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que citó expresamente desde la tribuna parlamentaria a los jueces Pablo Llarena, Manuel García-Castellón o a Manuel Marchena, este último presidente del tribunal que juzgó en el Supremo a los implicados en el citado golpe de Estado.
Como el Presidente del Gobierno "progresista" del que forma parte la señora Ribera no ha dicho nada al respecto, no la ha desautorizado, y mucho menos la ha cesado, es lógico pensar que Sánchez comparte el fondo de lo manifestado por su vicepresidenta, e incluso que esta no dijo lo que dijo por un arrebato espontáneo ante las cámaras de TVE, sino que sabía que estaba en línea con lo que piensa el jefe del sanchismo.
Manuel García-Castellón es un juez de una trayectoria profesional intachable, por mucho que la señora Ribera intentara descalificarle, deslizando que sus decisiones tenían un sesgo político, en referencia al PP. Qué mala suerte y qué poco informada estaba la vicepresidenta tercera de este gobierno "progresista", porque el mismo día que descalificaba al juez García-Castellón, este emitía un auto por el que citaba a declarar como investigados en el caso "Tándem" al que fuera número dos del Ministerio de Interior en la época del gobierno de Rajoy y al director adjunto operativo de la Policía en aquella época.
La señora Ribera tampoco sabía que este mismo juez está llevando desde hace tiempo causas que afectan directamente al PP: caso Kitchen, cao Lezo, caso Púnica. Pero lo que la vicepresidenta perseguía era descalificar a García-Castellón, por sus actuaciones judiciales relacionadas con los independentistas catalanes, concretamente con la imputación de Carles Puigdemont y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por su responsabilidad en los actos calificados como terroristas acaecidos en las semanas siguientes a conocerse la sentencia que dictó el Tribunal Supremos tras el juicio a los implicados en el referéndum ilegal de 2017.
La Vicepresidenta tercera de un gobierno "progresista" no entiende algo elemental en un sistema democrático: los tiempos judiciales no son los tiempos políticos. El juez García-Castellón entiende que debe actuar y dictar resoluciones judiciales en el momento que tenga las pruebas necesarias —aportadas por la Policía Judicial, por las declaraciones de testigos, etc—. sin pensar que eso puede favorecer o no los objetivos políticos del jefe de la señora Ribera en sus relaciones con el prófugo Puigdemont.
Decía antes que Manuel García-Castellón tiene una trayectoria profesional intachable, en la que querría destacar su labor como juez de enlace con las autoridades judiciales francesas en el año 2000 y siguientes para llevar a cabo entre otras tareas la lucha contra ETA desde el frente judicial. Hizo un trabajo encomiable, nada cómodo desde el punto de vista personal, pero que ayudó mucho a la derrota policial años después de la banda terrorista.
Cuando un gobierno —así hay que entender la actuación de Ribera y su no desautorización por parte de quien la nombró— se entromete de una forma tan burda y tan antidemocrática en lo que es sagrado en una democracia: la separación de poderes y el respeto institucional, es síntoma que ese gobierno está dispuesto a lo que sea para alcanzar sus objetivos. Y aunque esto sea algo sabido con este gobierno "progresista", los ciudadanos debemos condenarlo y mostrar nuestro apoyo a jueces como García-Castellón y otros, que mantienen muy alto, contra viento y marea, contra descalificaciones personales, el pabellón de la justicia como uno de los poderes claves del Estado, en defensa de la libertad, de la democracia, de la igualdad ante la ley y del Estado de Derecho.
Por eso, mi agradecimiento personal al juez García-Castellón y darle todo el ánimo que va a necesitar para seguir desarrollando su trabajo con independencia, con rigor y, sobre todo, con libertad, a pesar de los pesares, es decir, a pesar de un gobierno que se autodenomina "progresista" y que no respeta las mínimas normas de un sistema democrático.
En defensa del juez García-Castellón
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23.01.2024
El "señalamiento" claro, explícito y público de la vicepresidenta tercera del Gobierno "progresista", Teresa Ribera, al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, por sus decisiones judiciales sobre el caso del "Tsunami Democratic" es de los hechos más graves —¿y van?— que han sucedido en el campo de la necesaria e imprescindible separación de poderes en un sistema democrático.
Hasta la fecha, sólo desde las filas independentistas se había cuestionado la labor de ciertos jueces que habían intervenido en las causas abiertas después del intento de golpe de Estado de 2017. La última en hacerlo fue la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que citó expresamente desde la tribuna parlamentaria a los jueces Pablo Llarena, Manuel García-Castellón o a Manuel Marchena, este último presidente del tribunal que juzgó en el Supremo a los implicados en el citado golpe de Estado.
Como el Presidente del Gobierno "progresista" del que forma parte la señora Ribera no ha dicho nada al respecto, no la ha desautorizado, y mucho menos la ha cesado, es lógico pensar que Sánchez comparte el fondo de lo manifestado por su........
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