Se piensa, si es que se piensa, que la colonización de cargos y puestos por los partidos se origina en el deseo de colocar a los "nuestros" y echar a los "otros", como en aquel trasiego de cesantes y empleados de la época de la Restauración que tanta literatura retrató. Y se piensa también, siempre en la hipótesis de que se piense en ello, que sus efectos son los del enchufismo de siempre y que cargarse la meritocracia y el carácter impersonal de la Administración o no es tan grave o es inevitable, y hay que aceptarlo como un fenómeno de la naturaleza (humana) que no tiene remedio.
Prueba de la inconsciencia y resignación generales, típicamente españolas, es que no se armara revuelo por el récord de cambios en la cúspide de empresas y organismos públicos que ostenta el partido de Pedro Sánchez. Se ha contado miles de veces lo del conde de Romanones y el tren que fletaba para facilitar el traslado a Madrid de los favorecidos con un empleo, que salían de su distrito electoral. Se ha contado menos lo del "spoils system" anglosajón, que era lo mismo, pero en latitudes más septentrionales, y significaba que el ganador (de las elecciones) se podía quedar con todo el botín. Pero el "spoils system" de Sánchez aún está por contar. Porque estas operaciones, salvo que metas un día en un tren a todos los colocados, no se ven a simple vista. Y tampoco se atan los cabos cuando aparecen las consecuencias.
No es sólo que los colocados resulten, muchas veces, unos inútiles. No es sólo que el reparto de prebendas y canonjías a los leales asegure su sumisión y la del resto de aspirantes a un carguito. No es únicamente que la dirigencia del partido se garantice así que no va a tener problemas internos. Nada de esto es bueno, cierto, pero hay daños peores. Porque los organismos colonizados son el terreno propicio para la corrupción. Y porque los organismos minados se prestan a convertirse en instrumentos del partido, que así puede intervenir bajo una falsa bandera legal e impersonal.
Todo organismo público debe estar libre de sospecha de instrumentalización política, pero si hay uno que ha de estar más libre de sospecha que otros es la Agencia Tributaria. No puede haber la mínima sospecha de que actúa contra alguien con finalidad política. No puede dar pie a la sospecha de que abusa del acceso que tiene a datos de los ciudadanos. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado viene alertando desde hace algún tiempo de la politización de la Agencia, y de los nocivos efectos de las colocaciones a dedo. Ahora, la filtración de una inspección de Hacienda al novio de la presidenta madrileña abre interrogantes sobre la conducta de la Agencia, de sus cargos políticos y de la propia ministra Montero, que descubrió, involuntariamente, que las filtraciones pasan primero por ella y después llegan a la prensa.
Una Administración Pública que rompa las normas y se ponga al servicio de un partido tiene un efecto destructivo para un país. Una Agencia Tributaria que sirva de brazo ejecutor de venganzas políticas o se preste a lavar la imagen de un Gobierno manchado por la corrupción es una monstruosidad inadmisible en un Estado democrático de derecho. Y un ministro de Hacienda que se comporte como una hooligan de partido no debería ser nunca ministro de Hacienda. No se puede ser, a la vez, perro de presa del partido y titular de una cartera que debe estar absolutamente libre de toda sospecha de uso partidista.
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