Como en todos sitios cuecen habas, Donald Trump podría contarle a Carles Puigdemont que en Colorado lo hacen a calderadas. La enmienda 14ª a la Constitución de los Estados Unidos, destinada a garantizar a todo ciudadano la tutela judicial efectiva (allí lo llaman "debido juicio"), contiene una sección tercera destinada a impedir que nadie que haya jurado defender la Constitución ostente ningún cargo en caso de haber estado incurso en una insurrección o rebelión. La enmienda fue aprobada inmediatamente después de la guerra de Secesión para impedir a los altos cargos de antes de la guerra que luego hubieran combatido en el bando confederado que pudieran volver a ostentarlos. Dejó de tener efecto práctico tras la amnistía de 1872.
Los demócratas y sus medios se han apresurado a valorar muy positivamente la sentencia. Y los republicanos, lo contrario. Todos se atienen a la letra de la enmienda en lo que les conviene y prefieren interpretarla a la luz de los nuevos tiempos cuando sus palabras se oponen a sus intereses. Tienen razón los primeros, que dicen que la enmienda no exige una condena penal previa para estar incurso en ella. Pero es así porque estaba dirigida a beligerantes del bando confederado, algo que no era en sí mismo un delito. Pretender hoy que se prohíba acceder a un cargo a alguien que ha participado en una "insurrección" sin haber sido condenado, consiente negar la condición de elegible a quien meramente haya participado en cualquier tipo de manifestación más o menos violenta.
También tienen razón los segundos cuando alegan que el cargo de presidente no es citado expresamente en la enmienda, aunque sería absurdo que la norma afectara a cualquier tipo de alto cargo menos al más alto de todos. Para colmo, los medios republicanos argumentan que la sentencia favorece a Trump porque ayuda a que se incremente el número de sus partidarios. Y añaden que es inútil porque tan sólo impide a Trump presentarse en Colorado, donde no tiene en la práctica ninguna posibilidad de ganar. No se dan cuenta que ambas cosas son o deberían ser irrelevantes para los tribunales, que se supone no pretenden beneficiar o perjudicar a nadie, sino aplicar la ley.
No paran ahí los despropósitos. Los demócratas dan por hecho que la Corte Suprema en Washington tirará abajo la resolución de Colorado porque hay en ella una mayoría conservadora en la que además hay tres magistrados nombrados por el propio Trump. Y los republicanos dicen que lo harán porque la sentencia de Colorado es un disparate. La tirará abajo, pero porque, dada la imposibilidad de aplicar la enmiende a beligerantes confederados, nadie puede ser privado de sus derechos electorales sin haber sido condenado por el delito que sea, de insurrección, de rebelión o cualquier otro.
La realidad es que el prestigio de la Corte Suprema no ha hecho más que reducirse en las encuestas durante los últimos años en Estados Unidos. Que haya sido a consecuencia de la parcialidad de sus resoluciones o de los ataques partidistas de los políticos es harina de otro costal. La cuestión es que, en Estados Unidos y en España, cada vez hay más gente que cree que los tribunales resuelven por lealtad a unas ideas políticas y no con criterios jurídicos. Y lo peor es que la izquierda, allí y aquí, se empeña en que eso es inevitable y que por lo tanto es necesario que el sistema prevea en los tribunales mayorías paralelas a las que haya en las asambleas legislativas. Si se llega a eso, se acabó el Estado de derecho, el imperio de la ley y, en consecuencia, la democracia. Ya digo, allí y aquí.
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