El PSOE descubrió durante la legislatura pasada un garbuglio para ahorrarles a sus bochornosas leyes el mal trago de tener que ser informadas por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o cualquier otro órgano que todavía no haya sucumbido a su colonización. En vez de presentar el Gobierno un proyecto de ley aprobado y tramitado como corresponde, le hacen a su grupo parlamentario, o a cualquier otro cómplice, presentar una proposición de ley que no necesita informes y puede iniciar el trámite parlamentario a las bravas, a culo pajarero y así salen luego las leyes.

Naturalmente, ese es el sistema que tienen previsto para la groseramente antidemocrática, además de inconstitucional, ley de amnistía que los golpistas le reclaman a Pedro Sánchez a cambio de dejarle seguir jugando a los jefes de Estado en el Falcon. Pero, eso no evita otros escollos. Para empezar, está lo del letrado mayor de las Cortes. Una propuesta similar de Esquerra Republicana había sido tachada por el anterior de "palmariamente inconstitucional", lo que obligó a la Mesa a negarle la tramitación. Tras haber rechazado el puesto tres letrados, dos de los cuales al menos se han negado a avalar la constitucionalidad del bodrio, han puesto a alguien afín, hasta ahora subsecretario del ministerio de la jovial portavoz del Gobierno y pareja de la Directora General de Relaciones con las Cortes. A ésta la han tenido que destituir para evitar un caso de flagrante incompatibilidad.

Luego está el Senado. Aquí, para evitar que la Cámara Alta agote los dos meses que habitualmente tiene para tramitar lo que le llega del Congreso, la Baja acordará la tramitación de urgencia obligando a reducir así el plazo a veinte días. Sin embargo, el PP va a modificar el Reglamento para que la Mesa del Senado pueda, en caso de proposiciones de ley, valorar si procede o no la urgencia y, en caso de nos ser así, como con toda seguridad ocurrirá con la ley de amnistía, ampliarlo a los dos meses máximos que fija la Constitución. Es cierto que la Carta Magna exige que el trámite se reduzca a veinte días cuando el Gobierno o el Congreso acuerdan la urgencia, pero lo dice sólo de los proyectos de ley, no de las proposiciones.

De manera que la reforma del Reglamento del Senado que ha ideado el jurista del PP es perfectamente constitucional, diga lo que diga después Bartolo Pumpido. Así que, podría concluirse que la treta del Gobierno de tramitar un proyecto suyo como proposición de ley lleva en el pecado la penitencia. Y es que, por ser proposición y no proyecto, se verá obligada a estar aparcada dos meses en el Senado hasta que pueda ser nuevamente ratificada por el Congreso. Y en dos meses pueden pasar muchas cosas.