Tras las elecciones del 23 de julio y la paulatina colonización de los órganos constitucionales y otras instituciones, se dijo que Sánchez estaba tratando de implantar una dictadura al estilo quizá de lo que Chávez hizo en Venezuela. Muchos lo consideraron una exageración porque, a fin de cuentas, en España, a los políticos de la oposición no los encarcelan y se tolera la existencia de medios de comunicación muy críticos con el Gobierno.
Más allá de si lo que padecemos es o no una dictadura, hay claros tintes dictatoriales en el modo en que gobierna Pedro Sánchez. No sólo está dispuesto a aliarse con filoetarras y golpistas para conservar el poder, es que a eso lo llama alianza progresista. No sólo aprueba leyes inconstitucionales para a cambio recibir los votos necesarios para mantenerse en el gobierno, sino que cubre puestos previstos para juristas independientes con correligionarios de lealtad inquebrantable para que la inconstitucional ley pase todos los filtros: el del Tribunal Constitucional, por supuesto, pero también el de los letrados de las Cortes en el Congreso. No es propio de una democracia madura que los técnicos de una Cámara anden a la gresca con los de la otra por una ley que, por otra parte, es flagrantemente inconstitucional. No sólo se controlan con mano de hierro los medios de comunicación públicos, donde no hay la mínima objetividad y no sólo se llena de millones la buchaca de los privados que adulan al Gobierno con los más escandalosos y vulgares lametones. Sino que sobre todo se amedrenta a los grandes medios privados de masas que sean algo críticos para que no sobrepasen determinados límites. Por eso, los profesionales de esos medios tratan algunos temas con tanta asepsia y equidistancia. Así, en Antena3 u Onda Cero, se da tanta importancia a los supuestos fraudes fiscales del novio de Ayuso como a las captaciones de fondos públicos de Begoña Gómez, cuando lo primero es una peripecia que afecta a un particular y lo segundo un escándalo de enormes proporciones.
El intervencionismo económico no es algo totalmente extraño a las democracias, pero es desde luego más propio de las dictaduras. Se interviene en Indra, en Telefónica, en Talgo y ahora en Naturgy. Son injerencias en general aplaudidas por estar supuestamente destinadas a preservar la españolidad de las que se conocen como empresas estratégicas. Pero, con razón o sin ella, el resultado es que Pedro Sánchez ya no sólo coloniza órganos e instituciones, sino también compañías mercantiles.
En cuanto a las políticas, Sánchez habla mucho y hace poco. Dijo que iba a construir no sé cuántos miles de viviendas de promoción pública para facilitar el acceso de los jóvenes a ellas. Todavía no ha hecho ni una. Sin embargo, esa fue una de las promesas que le sirvió para salvar los muebles en las elecciones del 23 de julio pasado. El Ingreso Mínimo Vital es en realidad un fraude, pues lo disfrutan muchos menos de los que supuestamente tienen derecho a él. No obstante, lo más grave, lo más "dictatorial" es la directa compra de votos que lleva a cabo con las subidas del salario mínimo interprofesional y las actualizaciones de las pensiones. Eso sin contar con la largueza con la que se concede la nacionalidad española a los inmigrantes. Con estas medidas, de consecuencias económicas más que discutibles, se ha garantizado el voto de millones de personas, lo que ayuda a explicar por qué el PSOE obtuvo en algunos territorios mucho mejores resultados en las generales que en las autonómicas. Todas ellas son cosas que no convierten necesariamente a España en una dictadura, pero la acercan a ella más de lo que parece.
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