Se ha destacado ya suficientemente lo escandaloso que resulta que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido se haya convertido, por mor del insigne jurista, en una suerte de sala de última casación que se atribuye indebidamente la facultad de revocar las sentencias del Supremo que no le gustan. Es un evidente despropósito. Lo que quizá no se ha dicho es que esto no es una novedad. Ha ocurrido con anterioridad. El caso más notable, aunque no es ni mucho menos el único, fue el de los Albertos, condenados por el Supremo y absueltos por el Constitucional porque a éste no le gustó cómo interpretó aquél la prescripción. En aquella ocasión hubo un notable revuelo porque se sospechó que se hizo lo que se hizo porque a toda costa había que evitar a los Albertos la condena. Hubo entonces una queja del propio Supremo que dijo, con razón, que el Constitucional se extralimitaba y violaba el artículo 123 de la Constitución. Aquella sentencia es de 2008, con Rodríguez Zapatero en La Moncloa, y lo que hoy hace Pumpido lo hizo entonces María Emilia Casas, recordada por la ignominia de haberse dejado abroncar por María Teresa Fernández de la Vega, entonces vicepresidenta del Gobierno, durante un desfile del 12 de octubre. Así que, asumamos que lo de Pumpido no es una novedad, es a lo sumo perseverancia en la degeneración.

La otra cosa que no se ha subrayado es que la sentencia que descarga a Alberto Rodríguez de parte de su pena tiene por principal objetivo, no beneficiar al comunista, que también, sino evitar tener que fallar en contra de la decisión que tomó Meritxell Batet cuando, a consecuencia de la condena del Supremo, privó a su señoría del acta de diputado. Tal decisión está igualmente recurrida y por lo tanto había que tirar abajo la decisión del Supremo de una forma que hiciera innecesario entrar a discutir la decisión de Batet. Y por eso se decidió hacer las cosas como se han hecho, de un modo especialmente lesivo para la independencia del Supremo. Y tiene delito que Juan Carlos Campo, pareja de Meritxell Batet, no haya tenido empacho alguno en votar la sentencia que librará a su señora del mal trago.

Por último, parece que Pumpido se quiere recochinear del Supremo al decirle, tanto en la sentencia de Rodríguez como en la de Otegi, que sus resoluciones son desproporcionadas cuando es precisamente la proporcionalidad en la aplicación de la norma lo que el Constitucional no puede revisar como no sea revisando a la vez la norma aplicada, que es la que en su caso ha podido prever una pena desproporcionada según los valores constitucionales. En fin, que esto está cada vez peor. Pero eso no quita para que ya estuviera mal bastante antes.