Pablo González Yagüe es un español de origen ruso, nieto de un niño de la guerra, que vino a establecerse en nuestro país. Aquí ha ejercido de periodista freelance casi siempre para medios de izquierda. Pocos días después de la invasión de Ucrania, fue a Polonia a informar de la crisis de refugiados que aquélla provocó. Muy pocos días después, fue detenido por los servicios de contrainteligencia polacos y hoy sigue en prisión preventiva sin fianza a la espera de juicio. Durante estos dos años y pico se ha venido sabiendo poco a poco qué ha ocurrido. Las autoridades ucranianas lo denunciaron a las polacas como agente ruso. Se basan en que en 2017, Pablo, con su identidad y pasaporte rusos, que aún conserva, viajó con un agente de la inteligencia militar rusa, el GRU, de Moscú a San Petersburgo con billetes que fueron comprados a la vez en la misma agencia de viajes. Tras su detención, se descubrieron en su ordenador varios informes de personajes de la oposición rusa. El más llamativo fue el de Zhanna Nemtsova, hija del opositor Boris Nemtsov, asesinado a tiros en la plaza del Kremlin en 2015, y con la que tuvo una relación sentimental. Gracias a ella, conoció a otros opositores que colaboraban con la fundación de la mujer, de los que también elaboró informes. Además, Pablo recibe ingresos regulares de dinero procedente de Moscú. Pero, la alegación de que eran las rentas del alquiler de una propiedad de su padre resultó ser mentira porque el progenitor carece allí de propiedades inmobiliarias.

El CNI ya sospechaba del periodista antes de que fuera detenido en Polonia, por eso el Gobierno español no ha hecho muchos esfuerzos por aliviar su situación procesal allí. Tras el 23 de julio, sin embargo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha emprendido una intensa campaña para conseguir que el hispano-ruso tenga al menos el juicio que todo ciudadano merece. Esta tardía diligencia quizá se deba a que el abogado del supuesto espía es Gonzalo Boye.

Éste está acusado de haber pertenecido al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, organización terrorista chilena, y ha sido condenado por haber colaborado con la ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. Él niega ambas acusaciones. En la cárcel estudió la carrera de Derecho y fue abogado de la acusación particular durante el juicio del 11-M, contratado por una de las víctimas del atentado que quiso tener un abogado para ella sola y no se conformó con la que tenían las diferentes asociaciones de víctimas. Allí Boye destacó por defender a capa y espada, a diferencia de otros colegas, la versión oficial del ataque terrorista.

Sin perjuicio de la presunción de inocencia y de lo que pueda o no quedar demostrado en el juicio que se celebre contra Pablo González, si resultara finalmente ser cierto que es un agente ruso, ¿qué puede haberle inducido a contratar a Gonzalo Boye? Cada cual puede responder como quiera a esta pregunta, pero si la respuesta es la obvia, dado que Gonzalo Boye es quien ha controlado, con su asesoramiento, la redacción de la ley de amnistía, resultaría que nuestro Gobierno se está dejando manipular por un agente que, con la connivencia de Puigdemont y los suyos, tan sólo persigue la desestabilización de nuestro país para debilitar a la Unión Europea por cuenta, no del ideal independentista catalán, sino de los intereses de la dictadura rusa. No son más que especulaciones, por supuesto.