No es cierto que el catalán no sirva para nada. Por ejemplo, sirve para quitarle a otro una plaza de clarinetista en la banda municipal de música de Barcelona, aunque no se toque igual de bien el clarinete que ese otro. Y no solo eso, también es muy útil a fin de poder arrebatarle el puesto de trabajo a un mozo de almacén de 57 años; o sea, a fin de arruinarle la vida a un padre de familia al que ya no va a contratar nadie en todo el tiempo que aún le falta para jubilarse; no porque no tenga un título oficial de lengua catalana, sino porque ninguna empresa en España contrata a un parado de 57 años aunque sepa hablar y escribir correctamente en 20 idiomas modernos.

El catalán, sí, resulta ahora muy útil para joder la existencia a muchas personas. Y para, al tiempo, hacérsela llevadera a otras tantas, las que si no fuese por él lo tendrían más difícil a efectos de subsistir. Una funcionalidad práctica, esa de la lengua de uso minoritario en Cataluña, que ha aumentado de modo exponencial desde que los aliados de Pedro Sánchez aprobaron en el Parlament la ley autonómica que exige, y con efectos retroactivos, que todos los empleados públicos, desde los barrenderos municipales y los cocineros de los colegios hasta las enfermeras o los conserjes, acrediten la preceptiva titulación oficial de dominio de la lengua vernácula.

Una norma que, conviene recordarlo, habilita a los ayuntamientos para que puedan examinar ellos mismos a las personas afectadas. Fue así como, tras la llegada de Collboni, el Ayuntamiento de Barcelona decidió suspender, sin que la Generalitat interviniera para nada en el proceso, a los trabajadores municipales ahora despedidos. Porque esta vez no fueron los talibanes de la Esquerra, fue el PSC de Collboni e Illa. Se trata del mismo PSC que, por cierto, sigue pagando 6.000 euros al mes en la Diputación de Barcelona por un programita de televisión a la esposa de Puigdemont, Marcela Topor, súbdita rumana cuyo único título de catalán conocido es una etiqueta de Anís del Mono. Son basura.