Como es sabido, la airada furia justiciera que el presidente del Gobierno resulta capaz de derrochar frente al neoliberalismo en Davos se transmuta en plácida mansedumbre bovina cuando los neocarlistas catalanes acuden a La Moncloa para ordeñarlo de nuevo. Así, el caudillo supremo de esa partida, Puigdemont, acaba de arrancarle, y sin ni siquiera anestesia, unas muy imprecisas competencias de extranjería sobre las que lo único que a estas horas se conoce a ciencia cierta remite a que todas ellas constituían materia de incumbencia exclusiva del Estado.

A falta, pues, de concreción mayor sobre el alcance y la naturaleza última del enésimo pasito para convertir lo poco que queda del Estado en Cataluña en un definitivo cascarón vacío, la reacción mayoritaria ha consistido en una cascada de acusaciones de xenofobia contra la persona del caudillo. Una acusación, por cierto, gratuita. Y es que aquí olvidamos siempre que tanto Puigdemont como aquel pobre diablo con ínfulas literarias que lo sustituyó —Torra creo recordar que le decían—, nunca acreditaron xenofobia alguna. La xenofobia, recuérdese, es el odio infundado al extranjero. Pero esos dos tarados odian a sus congéneres, a los iguales con los que compartieron pupitre en el colegio cuando niños, personas todas ellas que no solo no son extranjeras sino que resultan ser tan catalanas como ellos.

Por lo demás, aclarada esa confusión terminológica, que Puigdemont ejerza de xenófobo, hipocondríaco o vegetariano carece de mayor importancia a efectos de enjuiciar tal transferencia. Porque lo sustantivo no es lo que nosotros creamos qué pasa en la cabeza del caudillo sino lo que nosotros sabemos que pasa en las calles de Barcelona. Y lo que ahí sucede es que jóvenes rateros multirreincidentes de procedencia norteafricana delinquen a diario con impunidad. A diario, sí, y con impunidad. Eso es lo que todos sabemos que pasa. Y como todos lo sabemos, no esperen que yo vaya a criticar ahora a Junts per Catalunya por intentar hacer algo al respecto. No lo esperen porque no lo pienso hacer. Un estado incapaz de controlar sus fronteras deja de ser un estado. Que ejerzan sus obligaciones, entonces, los separatistas.