Las empresas que se fueron en 2017 no van a volver. Eso ya es definitivo. Algo que no debería preocupar lo más mínimo a los separatistas. A fin de cuentas, son ellos los que se han pasado estos años explicando pacientemente a su feligresía que el hecho de que las joyas de la corona del tejido industrial catalán hubieran puesto tierra por medio tras la cencerrada, que hasta al gran patriota Grífols le hubiera faltado tiempo para llevarse a toda prisa la pasta con rumbo a Madrit, carecía de importancia práctica alguna. Y es que, según aseguraba Puigdemont hasta hace menos de cinco minutos, el asunto de los cambios de sede remite a una simple ficción jurídica, a un mero trámite registral carente de impacto real alguno en el plano tangible de lo fáctico.

Vaya, que únicamente el valor en Bolsa de las compañías cotizadas que huyeron en su día de la bullanga procesista equivaliera al 40% del PIB regional catalán, que justo a eso es a lo que equivale, remite a una simple coña marinera por la que no merece la pena preocuparse en absoluto. Lo que no se entiende mucho, sin embargo, es que sea el propio Puigdemont quien exija ahora multas ejemplares a los fugados para forzarlos a retornar al redil. O sea, que no importa pero sí importa. Otros que también hicieron el tonto jugando a las secesiones de la Señorita Pepis, los del Quebec, vieron cómo el 30% de los grandes grupos corporativos locales desplazaron sus sedes operativas a ciudades del resto de Canadá.

Y no han vuelto. Ni hay indicios de que les ronde por la cabeza la idea de hacerlo. Al dinero no le gusta jugar a la ruleta rusa. Esos idiotas —hablo ahora de los nuestros— consiguieron en apenas quince días que un patrimonio empresarial y financiero que Cataluña necesitó dos siglos para poner en pie se haya desperdigado por la península en la mayor diáspora económica de la historia de España. Y ahora aprietan a Sánchez para que hurte Caixabank a la Comunidad Valenciana. Porque de eso va el nuevo chantaje.